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La condena interminable

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Hay pérdidas que tal vez sean fáciles de entender, como en el caso de la planta de cemento de Minas. Allí trabajan 17 personas para cuidar los “espacios verdes” o cortar el pasto, porque los que “cortan el bacalao” allí son el sindicato de Ancap y el Sunca.

O el gobierno encara medidas serias y profundas para Ancap o el destino del trabajo de los ciudadanos será continuar aportando para mantener un gigante ineficiente y caro. Es la alternativa y no hay vuelta, porque los números fríos —esos que no tienen ideología ni cintillos partidarios— son concluyentes.

El daño de la tenebrosa gestión de Sendic y compañía (800 millones de dólares es un dineral en cualquier parte del mundo, pero aquí mucho más) es un lastre muy difícil de levantar para los uruguayos, que parecen condenados a pagar sus aventuras con el dinero de sus bolsillos por años y años. En los últimos días se conocieron tres informaciones sobre la marcha del ente petrolero y ninguna, absolutamente ninguna, puede mirarse con cierto optimismo.

—Empecemos por la mejora en la recaudación en la venta de naftas. De acuerdo a los datos, Ancap logró una "ganancia" de 70 millones de dólares. Pero lo hizo de manera vil: compró petróleo barato y vendió nafta cara, la famosa nafta más cara de la región que nunca se enteró que el precio del "oro negro" después de superar los US$ 127 en 2011 el barril, bajó a US$ 28 en enero de 2016 y hoy ronda los US$ 55. Como Ancap tiene el monopolio, vende al precio que se le antoja. El contribuyente no tiene ninguna vía de escape y tampoco ningún respiro: debe pagar derecho viejo lo que Ancap establece. Y si Ancap obtiene buena ganancia es porque hizo caja con la necesidad del ciudadano. Aprovechó su posición dominante y, entonces, encajó una suba a partir del 1° de enero. Recaudar, recaudar y otra vez recaudar en la línea de la "consolidación fiscal" de Danilo Astori.

—Ancap le debe a la Dirección General Impositiva, lo que para la ministra Cosse es un simple "desfasaje" (¡Viva el Diccionario de la Real Academia!), para la gente común son deudas que generaron multas y recargos hasta alcanzar un total de US$ 115.000.000. Pavada de desfasaje. Y en la responsabilidad de esta suma aparece un jugador bastante olvidado en el desastre de Ancap, que es Daniel Martínez, el actual Intendente de Montevideo. En su pasaje por la presidencia del Ente (2005-2008) se origina la deuda por no pago del anticipo de IVA, y luego sus sucesores mantuvieron intacto el criterio hasta que a la DGI el "desfasaje" se le hizo muy pesado.

El dinero que no se vertió en su momento a la Impositiva, se malgastó en otras actividades. Así que el contribuyente —que a su vez ya lo pagó— tendrá que reponerlo nuevamente porque no hay fuente de dinero: la plata de Ancap sale de la gente.

—Y finalmente volvió el tema del cemento-portland que maneja una filial de Ancap pero regida por el derecho privado como es Cementos del Plata. Tiene dos plantas que trabajan indefectiblemente, por un tema de costo, a pérdida, lo que asegura por este rubro números en rojo del orden de los US$ 25 millones anuales. No hay vuelta: el número de gente trabajando y sus remuneraciones aseguran esa cifra (que sí puede aumentar) por los siglos de los siglos. La tonelada de cemento (los números son aproximados) tiene una cotización internacional de alrededor de US$ 110, Ancap vende a US$ 160, y sus costos de producción se elevan a US$ 200. Es decir, no solo vende más caro que el mercado internacional, sino que —lo más grave— sus costos prácticamente lo duplican y para competir o justificar la inversión (las obras en las dos plantas fueron licitadas por US$ 118 millones pero, por esas cosas de la vida que nadie sabe, treparon a US$ 251 millones) debe vender a pérdida. Una pérdida que tal vez sea fácil de entender si se toma en cuenta que solo en la planta de Minas trabajan 17 personas para cuidar los "espacios verdes" o cortar el pasto, pero allí "cortan el bacalao" el sindicato de Ancap y el Sunca y no hay la mínima posibilidad de que se les moleste. Lo peor es que el Sunca quiere una norma que obligue al Estado a utilizar el carísimo cemento de Ancap en todas las obras públicas.

El Directorio de Ancap está buscando alternativas para revertir esa situación. Le llegaron quince informes con escenarios posibles, pero todos son bastante desfavorables. La burocracia, el clientelismo y la obsecuencia ante el poder sindical son huesos duros de roer, así que lo más fácil es que el contribuyente, la gente o el pueblo sigan pagando por el berretín del cemento portland más caro del mundo.

No hay duda de que es hora de decisiones. Ancap, así como quedó, con un agujero de 800 millones de dólares y un conjunto de prácticas al estilo populista, está condenando sin vuelta la economía de los uruguayos.

EDITORIAL

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