Periódicamente, como si fuese víctima de una adicción que nunca se acaba, algún actor del sistema político tiene la idea de proponer cambiar las reglas de juego electorales que nos dimos en 1996. Esta vez le tocó al Partido Colorado (PC).

En julio se formó una comisión especializada dentro del PC para acordar un proyecto de reforma a ser propuesto al resto de los partidos de la Coalición Republicana (CR) y al Frente Amplio. Esa comisión ya ha sesionado un par de veces y ha trascendido que no faltan sugerencias innovadoras.

Por ejemplo, están quienes estiman que hay que acortar el período electoral que termina tomando, entre internas y departamentales, un año entero. Para ello se podría instaurar el “voto cruzado”, es decir que en una misma instancia de votación se puedan elegir autoridades nacionales y departamentales de distintos partidos.

También, está la crítica a la imposibilidad que fijó la reforma de 1996 a la acumulación por sublemas en la elección de Diputados. Si bien es algo muy técnico, definitivamente tiene consecuencias en la forma en la que se ordenan las agrupaciones partidarias para el esfuerzo proselitista que hay que llevar a cabo entre las elecciones internas y las nacionales. En el mismo sentido, se podría pensar en un balotaje para intendente y en una elección proporcional para las juntas departamentales, que hoy premian con una mayoría absoluta en el reparto de cargos legislativos al partido ganador de la elección. Y ya que estamos, no faltará quien quiera habilitar, como antes de 1996, varios candidatos simultáneos a presidente por partido para la elección general de octubre cada cinco años.

Hay dos grandes problemas con este tipo de ideas reformistas. Primero, que olvidan que lo mejor es enemigo de lo bueno. Si hay una reforma electoral e institucional que ha demostrado ser exitosa es la de 1996: sobre ella reposa nuestra gran gobernabilidad, que es lo que sobre todo nos diferencia políticamente de los países de la región. Si en tiempos de crisis sanitaria y de exigencia económica hemos salido airosos y somos ejemplo de respeto de las libertades individuales en el mundo, es también por la sabiduría de nuestro sistema político y electoral, con sus legitimidades de origen bien definidas y con sus contrapesos y equilibrios bien fuertes.

No hay duda de que se podrían mejorar algunas dimensiones. Es cierto, por ejemplo, que fue un error impedir la acumulación por sublema a Diputados, y que por momentos se hace muy largo el ciclo de elecciones. Pero si se abre la puerta a las reformas, la lista final será de nunca acabar: a alguno le parecerá que hay que cambiar la elección de los Diputados; a otro se le ocurrirá modificar la cantidad de ediles en la Junta para que quede proporcional a la cantidad de habitantes del departamento; otros preferirán un sistema unicameral; y finalmente otros sumarán diversos etcéteras de cambios.

Un segundo tipo de problema que surge con estas iniciativas es que se desvía la atención de lo verdaderamente importante para el país. Es muy común que la gente guste de intercambiar ideas sobre los temas que más conoce: para el caso de los políticos, ellos son los que refieren a las elecciones, a la representación y a la calidad de la democracia. Y está muy bien. Pero el país está urgido por otras prioridades, y lo que menos precisa ahora es enfrascarse en un debate institucional acerca de teóricas mejoras electorales.

Hay que concentrarse en lo importante, como por ejemplo el apoyo que habrá que dar a la postergada reforma de la seguridad social, que es fundamental para el Estado de bienestar y para las finanzas del país a largo plazo; o el apuntalamiento de un crecimiento económico que tiene que ser muy alto para paliar las consecuencias de la pandemia. La CR deberá además llevar adelante reformas estructurales que seguramente serán criticadas por la oposición, como por ejemplo la reorganización del servicio civil en el Estado o la del funcionamiento de Ancap.

Sin contar, finalmente, con que es muy probable que haya que poner mucha energía en el primer semestre de 2022 para defender los 135 artículos de la ley de urgente consideración que la izquierda quiere derogar.

Si hay algo que el país debe evitar a toda costa es perder el tiempo en analizar reformas sobre lo que está andando bien. Como bien dicen los ingleses: “if it ain’t broke, dont fix it”, es decir, “si no está roto, no lo arregles”.

No hay que perder tiempo en discusiones bizantinas. El país exige concentrarse en lo importante.