EDITORIAL

Crónica de una muerte anunciada” se llamó una de las novelas de Gabriel García Márquez, el gran autor colombiano. Ese mismo título cabe ahora, para la nueva pero vieja etapa que se viene en Colombia, a partir del anuncio de guerra difundido por tres líderes de las FARC. La sangrienta narcoguerrilla que durante demasiados años hizo estragos en el país mientras se cebaba en las muertes, en el miedo y el dolor, para imponer sus designios.

El presidente Álvaro Uribe, (2002- 2010) consagró los 8 años de su presidencia a tratar de derrotar el flagelo del narcotráfico y de los grupos guerrilleros como el ELN y las FARC, que aumentaron su poderío a lo largo del tiempo, en letal contubernio con el narcotráfico, hasta contar con un temible ejército clandestino compuesto por miles de hombres, jóvenes y niños, sustraídos la mayoría de ellos de sus casas y de sus pueblos, por la fuerza, el miedo y las falsas arengas. A punto estaba Uribe de destruirlos, tras un continuo y duro combate, que consiguió debilitarlos.

Pero la situación cambió abruptamente al asumir su ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, (2010- 2018) como su sucesor. Con una postura diametralmente opuesta, que por cierto le valió el Nobel de la Paz, Santos inició la vía de los “diálogos por la paz”. Desarrollados a lo largo de años en la Habana -no precisamente un oasis de los derechos del individuo y del respeto de los preceptos democráticos-, el fin de las conversaciones (16/9/16) se tradujo en un complejo acuerdo. Con grandes transacciones para con los guerrilleros; una justicia especial para juzgar sus crímenes, bancas adjudicadas de antemano en el Congreso, entrega de un gran territorio, etc. Buena parte de los colombianos no lo aprobaba y quedó demostrado con el referéndum popular en el que se impuso el NO al pacto, a pesar de los vaticinios de las encuestas que indicaban al Sí, como seguro triunfador.

A pesar de ello, Santos consiguió imponer dicho acuerdo vía Parlamento y comenzó trabajosamente su implementación, siendo lo más positivo la exigencia del desarme. Justamente, uno de los puntos que hoy los rebeldes usan como pretexto para volver a lo suyo. A la cabeza figura quien fuera el número dos al mando de la guerrilla, Iván Márquez su alias. En los pobres resultados electorales de los guerrilleros, obtuvo sin embargo, más votos que Timochenko, su jefe. En 2018 dejó su asiento en el Senado y rompió el acuerdo de paz con duras críticas hacia su camarada y a la entrega del armamento. El trío de la reciente proclama lo completa Jesús Santrich, capturado en abril 2018, acusado de delinquir con fines de narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos, que salió de la Fiscalía el 30 de mayo 2019. El tercero en cuestión, conocido como Paisa, tiene fama de ser uno de los sediciosos más sanguinarios que han militado en las FARC.

La información de inteligencia que ubicó a Márquez en Venezuela, en agosto de 2018, es una prueba más de la actitud cómplice del gobierno de Maduro para con los guerrilleros y el narcotráfico. Les permite tener allí su base para organizarse y luego operar contra Colombia y el gobierno de Iván Duque. La principal amenaza que esconde la novedad del rearme de esta gente, es la capacidad que pueda tener este grupo para coordinar operaciones conjuntas con otros insurgentes como los del ELN y sobre todo, con las disidencias de las propias FARC. Los rearmados tienen una vocación política con líneas ideológicas más fuertes y por su alto rango en las extintas FARC, contarían con el respaldo de antiguos miembros de la misma. A su vez, para el ELN es funcional la reactivación de esta insurgencia para no tener que asumir solos la confrontación. Pero si bien pueden suministrarles armamento, quién sabe si las FARC-EP estarán dispuestas a someterse a su dirección, aunque sí podría surgir entre ellos una coordinación en ciertos territorios.

Según la Casa Blanca, la producción potencial y las plantaciones de coca en Colombia bajaron constantemente con Uribe, entre 2008 y 2012, pero en cambio, han ido en aumento anualmente desde 2013. De acuerdo al informe de la ONU, en 2017 la producción de cocaína subió en Colombia un 31% y el cultivo de estas plantas alcanzó cifras récord: de 188.000 hectáreas en 2016 a 209.000 en 2017. El año pasado, el presidente Trump amenazó con eliminar la certificación a Colombia, pero en marzo llegaron a un acuerdo a fin de trabajar juntos con el objetivo de reducir la producción y cultivo en un 50%, para el 2023. Mientras, en la frontera entre Venezuela y Colombia corre una mecha encendida.