Se puede compartir la necesidad de ajustar el delito de abuso de funciones, pero hacerlo ahora es hipotecar aún más la credibilidad de la función pública y en especial la de los responsables de manejar el dinero de los contribuyentes.

El delito de abuso de funciones fue incorporado al Código Penal en el siglo pasado y aplicado en numerosas oportunidades en relación con el ejercicio de la función pública.

Es cierto que el delito tiene un margen de subjetividad que se amplía o reduce según el criterio de los magistrados actuantes; pero la realidad es que, más allá de las discusiones que surgen sobre su permanencia, no son aceptables ni las razones ni la oportunidad que el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo han elegido para proponer su derogación.

El Frente Amplio durante años pareció ejercer el monopolio de la moral pública; impulsó Comisiones Parlamentarias investigadoras, denuncias penales de todo tipo, y hasta sus principales dirigentes escribieron libros sobre la gestión de los negocios de Ancap indignados con el despilfarro de recursos y la falta de transparencia de su gestión.

Tan así fue que partir de su primer gobierno en el 2005, el Frente Amplio exigió integrar el Tribunal de Cuentas de conformidad a la representación alcanzada por los distintos partidos en el acto eleccionario.

Su objetivo se cumplió, pero lamentablemente, la independencia de criterio y el principio de legalidad aplicado por el Tribunal comenzó a molestar al gobierno. Tanto, que las observaciones del órgano fueron seguidas de miles de reiteraciones del gasto por parte de la administración frenteamplista a todos los niveles.

No es novedad que los gobiernos últimos poco compromiso han tenido con la observancia de las leyes y de la Carta Fundamental. Y eso a pesar de que el Presidente Vázquez se comprometió a que su gobierno seguiría la regla: "Dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de ellas nada".

Tres ejemplos alcanzan para probar los motivos que dieron lugar a la presentación del Proyecto a que referimos, ya con media sanción del Senado.

En primer lugar, actualmente se encuentran procesados nada menos que el exministro de Economía de la anterior Administración y el expresidente del Banco de la República. Todavía no ha recaído sentencia alguna, pero con la aprobación de este proyecto aplicando el principio de la ley penal más benigna, los jerarcas procesados por este delito quedarán exonerados de toda responsabilidad, incluido el Sr. Mujica que como Presidente fue el mentor de todo ese "zafarrancho" y que quedaría librado también de la mano de la justicia en esta y otras situaciones.

En segundo lugar, el Frente Amplio impulsó la creación de las llamadas sociedades de derecho privado que actuando en el ámbito de las Empresas Públicas como Ancap, UTE o Antel, conformaron lo que se denominó como el "Estadito paralelo". Estas, entre ellas ALUR, quedaron exentas de todo control de legalidad por parte del Tribunal de Cuentas. Y es así que los cientos de millones de dólares que se han evaporado sin explicación ni fundamento legal alguno, se gastaron sin seguir los mínimos procedimientos que controlan el destino de los recursos que salen de los bolsillos de todos los uruguayos.

Pero como el abuso de funciones se encuentra entre los delitos que se le imputan al Sr. Vicepresidente, que administró la Ancap como un vulgar "boliche", la única forma de evitar su incriminación por ese delito es derogando la figura legal que lo tipifica.

En tercer lugar, en estos días la ministra de Desarrollo Social argumentó que la burocracia del Tribunal de Cuentas era un obstáculo importante para la eficacia de su gestión, y como las normas son para los marxistas un accidente, con la misma frescura con que se elaboró el Proyecto administra su cartera contagiada de la "inocente" expresión de que "lo político está por encima de lo jurídico".

Se puede compartir la necesidad de adecuar la legislación penal a los tiempos, e incluso que el delito de abuso de funciones debería ser ajustado reduciendo la discrecionalidad de fiscales y jueces en el análisis de las conductas de los jerarcas públicos. Pero hacerlo ahora es, como se dice en la jerga futbolística, "cobrar al grito"; un mensaje a la ciudadanía que hipoteca aún más la credibilidad de la función pública y en especial la de los responsables de manejar el dinero de los contribuyentes. Un premio al descontrol y a la corrupción. Esta no es la forma en que se debe legislar, porque cada vez que se impulse una norma para beneficiar a jerarcas sujetos a un proceso penal relacionado con su actuación aportaremos un elemento más a la opacidad y al oportunismo político.

La idea de un referéndum es compartible. El pueblo al que tantas veces se le ha querido consultar tiene derecho a opinar sobre la derogación de delitos que han perjudicado su propio bienestar. Pensar y modernizar las normas en todas las ramas del derecho es un deber de los gobernantes y legisladores. Pero "cobrar" al grito para beneficiar a los "amigos" es un paso más de los tantos que se han dado, orientado a la destrucción del Estado de Derecho y su credibilidad.

EDITORIAL