EDITORIAL

Clientelismo frenteamplista

Además, hay una gran caja negra de centenares de ingresos en empresas satélites y dependientes de empresas públicas, cuyos funcionamientos no pasan por el Tribunal de Cuentas pero que han servido para proveer cargos clientelistas.

Una de las consecuencias de la movilización del campo fue que dejó planteado el problema del clientelismo del Frente Amplio en el poder. En estas semanas la izquierda ha querido justificarse, por ejemplo dando motivos para la entrada de decenas de miles de personas al Estado. Pero el problema sigue allí.

En primer lugar hay que definir de qué estamos hablando. El clientelismo es una relación política personalizada entre actores dotados de recursos desiguales que intercambian bienes. Es una relación que implica obtener algo del Estado, por ejemplo un cargo público o un contrato, a cambio luego de votar al dirigente que proveyó ese bien, o a cambio de hacer explícito el apoyo político militando en su partido y buscando más votos.

Podrá parecer muy teórica esta definición, pero es fundamental para excluir del clientelismo los numerosos casos de nepotismo frenteamplista. Es decir, si la señora de Martínez, el proyecto de yerno de Arismendi y la mujer de Astori, por poner tres ejemplos en decenas posibles, obtuvieron cargos en el Estado gracias a sus vínculos familiares y no especialmente por sus competencias laborales excepcionales, no es clientelismo. Se podrá decir que igual es acomodarse en el Estado, y es verdad. Pero no hay allí una dimensión propia del clientelismo que es la de buscar hacerse de numeroso apoyo electoral.

En efecto, en la relación clientelista la persona beneficiada con un cargo o un contrato luego debe votar al dirigente que le facilitó ese cargo. Los estudios teóricos sobre estos asuntos muestran que los votantes cumplen, por una combinación variable de al menos dos motivos: prevén que si no lo hacen, se les dejará de suministrar en el futuro el flujo de pequeñas recompensas que ya obtuvieron; y sienten cierta obligación moral para corresponder a la entrega de dádivas. En este esquema, resulta muy clara la lógica de los partidos con respecto a distribuir bienes clientelares entre el electorado más pobre, y sobre todo entre referentes sociales o familiares que aseguren luego un arrastre de gente estrechamente vinculada con esos beneficiarios de prebendas estatales. Se favorece así también, con más votos, al dirigente clientelista.

En Uruguay son pocos los estudios amplios y fundamentados sobre la expansión clientelista frenteamplista. Hubo uno de 2011, hecho sobre todo por economistas con un trabajo de campo particular, que mostró claramente que en las elecciones de 2009 quienes habían recibido ayudas del programa del Panes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tuvieron una propensión mayor a votar al Frente Amplio que otros vecinos que no las habían recibido. Pero en general se ha evitado estudiar en detalle el tema, seguramente porque la mayoría de la academia es de izquierda y mostrar el clientelismo del Frente Amplio dejaría mal parado a un partido que siempre rechazó, en el discurso, estas prácticas.

Sin embargo, sí se sabe que el Frente Amplio abrió las puertas del Estado para tomar funcionarios luego del enorme esfuerzo a la baja que había representado el período 1985-2005. En los debates de estas semanas se han mencionado los cerca de 70.000 contratos más que hay con respecto a 2004. Infelizmente, se ha sumado un razonamiento equivocado que confunde que haya 70.000 contratos más, con que durante estos 13 años se hayan contratado solamente a unas 70.000 personas más.

La verdad es que no alcanza con esa cifra. En efecto, a ella hay que agregar al menos las vacantes generadas por causa de jubilaciones o decesos. De esta forma es fácil calcular que ingresó al Estado durante estos 13 años de gobiernos nacionales de izquierda más de la mitad de los cerca de 270.000 funcionarios actuales.

Además, hay una gran caja negra de centenares de ingresos en empresas satélites y dependientes de empresas públicas, cuyos funcionamientos no pasan por el Tribunal de Cuentas pero que han servido para proveer cargos clientelistas.

Y finalmente están los contratos de los entes públicos con el mundo cooperativo, que pasan por el Mides y que evidentemente también son clientelistas.

La izquierda no solo repartió el anhelado botín estatal, sino que, para las clases medias que aún no lo conocen, reivindica ser su esperanza de alcanzarlo pronto: ella defiende demagógicamente un Estado que sigue engordando en funcionarios, y es desde allí que expande su espacio electoral. Es por todo esto que negar que el Frente Amplio haya sido clientelista en estos 13 años de poder, es simplemente negarse a ver la más diáfana realidad.

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