Esta semana podría titularse como la del cinismo exacerbado. Más allá de otros hechos que felizmente resultan reconfortantes, como el cuidadoso traslado de la mayoría de los tripulantes del crucero Greg Mortimer, tanto de los infectados como los que no,

en el Parlamento se ha escuchado a mucho líder de la presente oposición hacer gala de su mejor rostro de piedra. En la comisión parlamentaria del senado, convocada para estudiar la Ley de Urgente Consideración, sin pizca de rubor, integrantes del ejecutivo anterior como Mario Bergara, ahora senador pero antes Ministro de Economía, recalcó su preocupación porque lo planteado por el actual gobierno “no es una regla fiscal, no tiene institucionalidad ni definición precisa, solo meras metas indicativas donde no hay consecuencias de incumplimiento”. Por lo tanto, Bergara con toda tranquilidad, propone perfeccionar la hoy vigente.

Esa a la que el gobierno frentista le hizo una gambeta tras otra, mandando una ley que era votada con brazo de yeso para permitir el aumento del tope de gastos originalmente marcado. No por casualidad le dejaron un déficit del 5% al gobierno entrante y una deuda del 65% del PBI. Y eso que no tuvieron que enfrentar ninguna crisis económica llegada del exterior como la del 2000, o sufrir el garrón de la sequía previa ni el embate de la aftosa, sino que las mejores condiciones externas imaginables permitieron un crecimiento económico sostenido y un aumento histórico de la recaudación. Como lo manifestara la Ministra Arbeleche, “el descenso del déficit se da en forma concomitante con la regla fiscal”. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestran que los mejores resultados en el continente se dan en los estados con reglas fiscales establecidas.

El senador frenteamplista Óscar Andrade, con no sabemos qué credenciales de experto en economía, criticó que el gobierno plantee artículos mayormente “declarativos y no sustantivos” para atender el problema fiscal. Tal como si hubiese tomado un curso intensivo, presentó reparos muy semejantes a los de la economista Gabriela Mordecki, la que también manifestó su desacuerdo con el proyecto del ejecutivo. Entre los argumentos críticos esgrimidos por la directora del Instituto de Economía de la facultad de Ciencias Económicas (Iecom) uno fue que la ley en cuestión dejaba para ser determinados en la posterior reglamentación muchos elementos vinculados a la institucionalidad fiscal. Un punto que no tiene nada de raro, puesto que es lo habitual con cualquier ley.

El proyecto de la LUC a estudio, en lo atinente a materia fiscal no solamente presenta límites, sino que es un instrumento mucho mejor del que existe en la actualidad. En su articulado se busca un seguimiento del balance estructural, así como un tope general que incluye a la totalidad de los gastos y un tope de endeudamiento. Quedan hacia adelante, otros objetivos, de acuerdo a como evolucionen las circunstancias y un artículo específico se refiere a la creación de un fondo de estabilización. Por lo tanto, llaman la atención las reticencias expresadas por la economista en El País, dos días atrás. Claro está que la viabilidad de dicho fondo dependerá de si crece y cuánto, la economía. Lo cual por ahora, se percibe bastante lejano, lamentablemente.

Otro aspecto importante de la LUC es la desmonopolización del mercado de los combustibles. La estructura presente, tal como lo intenta explicar el Ministro de Industria Omar Paganini, favorece las ineficiencias. Si se suman competidores, no tendría más remedio que mejorar su eficacia. De esta manera, al dejar de tener un mercado cautivo local, será incentivada a competir para lograr otros mercados regionales. El reto es pasar a jugar en la cancha grande. Lo cual implica acabar con la posibilidad de desvíos como los que se han visto y con sumas superlativas, como cuando con la plata de todos los uruguayos hubo que capitalizar, con más de US$ 800 millones, nada menos que a esta empresa estatal, absolutamente monopólica. Y por supuesto, nadie, ninguna autoridad tuvo que hacerse cargo de resarcir en nada, el perjuicio ocasionado al estado.

Las posiciones contrarias a cualquier apertura son las mismas de cuando se desmonopolizó el Puerto y el Banco de Seguros, durante el gobierno de Lacalle Herrera y las telecomunicaciones en tiempos de Jorge Batlle. Todos tuvieron que adaptarse a la nueva modalidad y finalmente los resultados fueron abiertamente positivos. Sin embargo, es tan profunda la mentalidad estatista entre nosotros, que ni siquiera dentro de la coalición hay consenso, por lo que el Frente Amplio, de parabienes.