EDITORIAL
diario El País

Las cifras de la publicidad

Poner la lupa en los gastos del Estado durante los dos últimos años del gobierno de Tabaré Vázquez en publicidad (solo de prensa escrita), alcanza para constatar lo que se sospechaba hace rato.

Aunque recién ahora, cuando por fin se produjo esa sana alternancia en el poder, luego de tres períodos seguidos de gobiernos frenteamplistas, la ciudadanía puede tener cabal idea de la arbitrariedad y el amiguismo de los que han hecho gala los mencionados gobiernos al disponer de los dineros públicos. Dineros que -una vez más lo repetimos- no son propiedad de quienes triunfan en las elecciones para manejarlos “a piacere”, sino de todos los uruguayos. Ya sean los votantes de quien ocupe la Torre Ejecutiva o sus oponentes, dado que el Tesoro Nacional se nutre vía los impuestos y tarifas que pagan todos los habitantes de esta tierra, con ganas o sin ella, la mar de veces.

Es escandalosa la confirmación del destino de los recursos para publicidad, tal como fuera informado el lunes por el actual Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en los años 2018 y 2019. Al diario El País, (más allá de las generales de la ley ) que es el de mayor tiraje de lejos y por lo tanto, el de mayor alcance y difusión, se le compró espacio por una suma total de 396 798 pesos, mientras al periódico La Diaria por $ 1 209 797 y a la revista Caras y Caretas, por $ 1 922 739. Como decía el Ministro, ¿qué criterio de buena administración, de comunicación o llegada efectiva al público, justifica una distribución semejante? Y agregaba ante los permanentes cuestionamientos de la oposición, que no gastarán menos y están buscando fondos extrapresupuestales para desarrollar todos los planes que tienen por delante para la educación, la cultura y la ciencia. Pero a la vez, haciendo hincapié en administrar de la mejor manera posible.

Es tiempo ya de acabar con estas extralimitaciones y favoritismos y de actuar bajo parámetros más defendibles respecto de la forma de gerenciar los fondos estatales. Razón por la cual, es muy lógica la inquietud del diputado colorado Felipe Schipani y oportuno su pedido de informes, para conocer los montos en mensajes publicitarios (es de suponer que también la adjudicación de las pautas) en los 13 ministerios y los 12 entes descentralizados, entre los años 2015 y 2019. El legislador intenta revisar las erogaciones en comerciales y en la difusión de información en diarios, semanarios, revistas, portales web, canales de televisión abierta, por cable y radio. Una gran Caja de Pandora aparece en el horizonte y lo que salga de ella no habrá genio que consiga meterlo dentro de nuevo. Los datos conocidos seguramente han de ser solo la punta del iceberg. Cuántas veces hay gente extrajera, periodistas, políticos, empresarios, etc. que nos preguntan si en el Uruguay existe libertad de expresión. Y cuántas veces hemos leído el informe anual referido a nuestro país, en las reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante la sesión en la cual los representantes de los principales medios de cada nación del continente, presentan el estado de situación en cada una de ellas.

Poner la lupa en los gastos del Estado durante los dos últimos años del gobierno de Tabaré Vázquez en publicidad (solo de prensa escrita), alcanza para constatar lo que se sospechaba hace rato.

Felizmente, Uruguay se despega de la mayoría por sus buenos índices en comparación con lo que ocurre en lugares como Cuba, Venezuela, Nicaragua y muchos otros, donde en mayor o menor grado se amordaza a la prensa libre. Persecuciones que provienen tanto de parte de gobiernos populistas y antidemocráticos, como también del crimen organizado, tal lo que ocurre en México y Centroamérica. Pero también hay otras formas más sutiles, aptas para perjudicar a la prensa que no es del agrado del gobierno de turno. El manejo de la publicidad es una herramienta sumamente efectiva, que sirve para ayudar a los medios amigos o simplemente para que no molesten. Se contratan entonces generosos centímetros de publicidad o espacios audiovisuales en radios y canales de televisión de acuerdo a esas preferencias. Además de usar los medios que están en manos del Estado o la Intendencia, caso TV Ciudad, para utilizarlos como vehículos de propaganda.

Este tipo de maniobra es lo que se ha practicado en nuestro país de acuerdo a lo que se está viendo. A la vez de ser también un engaño hacia el contribuyente y una falta responsabilidad, al no usar el dinero en la forma más correcta posible. Porque de la misma manera que cualquier particular privilegia su inversión publicitaria según el alcance y la penetración del medio en el que coloca sus avisos, el Estado también debería elegir la forma más eficaz para llegar con su campaña de divulgación a la sociedad. Lo contrario no es otra cosa que un accionar fraudulento.

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