EDITORIAL

Para enfrentar el problema de la inseguridad precisamos cifras inapelables y que generen confianza en la opinión pública y en todos los actores sociales y políticos.

Si a pesar de la crisis de inseguridad que padecemos desde hace años el oficialismo afirma que estamos mejor que antes, es inevitable plantearse si además no tendremos un problema con los datos sobre inseguridad del Ministerio del Interior.

El asunto no es nuevo. En 2011, el sociólogo Paternain, director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, decidió renunciar a su cargo. El motivo fue su discrepancia con unas cifras de delitos que había presentado Bonomi y que no habían sido procesadas ni verificadas por el Observatorio. En su momento el episodio causó preocupación: ¡cómo sería de grave el asunto para que un soldado frenteamplista como ese renunciara!

Al tiempo, instalada ya cierta desconfianza con las cifras oficiales, el Partido Colorado decidió fijar sus propias estadísticas sobre delitos. Creó así Fundapro, una fundación dedicada a seguir con atención lo que publica la prensa y a mostrar la evolución de la inseguridad en cifras y con estudios específicos. Todo ello ha arrojado una luz distinta y argumentada sobre diversas dimensiones del problema, y también ha quedado claro en más de una ocasión que las cifras del Ministerio del Interior son distintas a las que Fundapro recaba en relación a los principales delitos, como por ejemplo los homicidios.

El problema con los datos de Interior es estructural. Como bien señaló en un artículo reciente el economista Néstor Gandelman: "La recolección original (en la denuncia), la tipificación primaria (valoración del agente policial) y el procesamiento posterior, dependen en última instancia del responsable por la seguridad pública nacional. Por lo tanto, las estadísticas (…) pueden ser pasibles de manipulación a conveniencia de las autoridades de turno. No es un fenómeno local ni coyuntural, sino de estructura institucional. El que tiene por misión luchar contra el fenómeno delictivo es a su vez quien lo mide".

La urgencia del gobierno del Frente Amplio por mostrar buenos resultados en la situación de inseguridad que sufre el país, y en particular su zona metropolitana, lleva a la tentación de dibujar estadísticas para hacer pasar la idea de que estamos mejor que antes.

En efecto, se sabe que a lo largo de este año hubo quejas de vecinos que al ir a denunciar una rapiña a la policía, es decir, un robo con violencia, resultó que la tipificación final terminó siendo hurto, algo menos grave ya que no implica violencia. También es sabido que la sub- declaración de delitos ocurre sobre todo con aquellos casos en los que la población cree que no gana nada en hacer la denuncia, y por ello la subdeclaración de hurtos es mucho mayor que la de rapiñas.

Por ejemplo, ¿quién no conoce a alguien al que le robaron la radio del auto (hurto) y no hizo la denuncia porque no cree que hacerlo sea eficaz?

Es en este sentido que las cifras que presentó Interior para 2017 se prestan a la sospecha. Porque, según esas cifras oficiales, resulta que las rapiñas consumadas disminuyeron entre 2016 y 2017 de 18.797 a 17.934 en total, pero los hurtos quedaron más o menos en el mismo nivel que en 2016. Si fueran ciertos estos datos, la explicación sería que los delincuentes, de un año al otro, pasaron a ser más selectivos: roban más o menos igual, pero sin tanta violencia en unos 800 casos.

Empero, evidentemente, todos sabemos que la realidad no es esa: la violencia sigue instalada en la sociedad a pesar de lo que diga la cifra oficial de rapiñas. Y tan es así que la cantidad de homicidios, un dato que no se puede disimular fácilmente por la voluntad oficialista, subió de 268 a 283 entre 2016 y 2017.

Para enfrentar el problema de la inseguridad precisamos cifras inapelables y que generen confianza en la opinión pública y en todos los actores sociales y políticos.

En este sentido, Gandelman señalaba en su artículo que el Ministerio del Interior firmó un convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para realizar una "Encuesta Nacional de Victimización".

Infelizmente, parecería ser que se trata de un estudio puntual y no de un seguimiento permanente de la situación de inseguridad, y que se realizó en el período de marzo a julio del año pasado sin que aún estén disponibles sus resultados.

El año que viene hay elecciones. La inseguridad será un tema importante de campaña. Es fundamental que el INE asuma cuanto antes la responsabilidad estadística sobre este tema y que las cifras oficiales dejen de estar bajo la órbita del Ministerio del Interior.