EDITORIAL

Pero la verdad de las cifras es muy diferente: la inseguridad no ha mejorado con este gobierno de Vázquez. Importa tenerlo bien claro.

Se ha argumentado aquí que para enfrentar con éxito la inseguridad que sufre el país hay que mejorar institucionalmente la credibilidad de las estadísticas. Pero además, se precisa ser más exigente en la interpretación de las cifras generadas por el Ministerio del Interior.

En efecto, el oficialismo ha señalado que en este año que pasó se vio una evolución positiva en la situación de inseguridad. Estamos mejor, arguye, porque las estadísticas muestran menos rapiñas y porque esa tendencia se mantuvo hasta la primavera de 2017 (aunque luego algo decayó). Con la implementación de programas nuevos, se dice, se está venciendo al delito. En esa línea de interpretación oficialista y autocomplaciente se integran, claro está, los numerosos politólogos, sociólogos y comentaristas en general de signo profrenteamplista, que difunden los argumentos oficiales que quieren hacernos creer que vamos bien.

El problema es que todo ese discurso es enteramente falso. En primer lugar, como dato cierto es muy difícil saber cómo evolucionó la denuncia ciudadana en estos años en los que las rapiñas y los hurtos se hicieron cada vez más numerosos y cotidianos. ¿Acaso la gente sigue denunciando como antes a la policía, o se hartó y en el caso de los hurtos, por ejemplo, siente que no vale la pena perder el tiempo en la comisaría porque no recuperará los bienes robados, por tanto hay más hurtos que ocurren pero que no aparecen en las estadísticas? Ningún relato oficialista lo señala, pero la verdad es que no hay que confundir datos estadísticos con episodios reales que no se contabilizan pero existen.

En segundo lugar, cuando se analizan los resultados oficiales por barrios de Montevideo, por ejemplo, el resultado no es tan optimista como quiere hacernos creer Interior. Basta tomar algunos casos de estadísticas de rapiñas consumadas o intentos de rapiñas, en la comparación 2016 con 2017, para ilustrar esta realidad. En la Unión las rapiñas denunciadas pasaron de 683 a 744; en Pocitos, de 339 a 304; en Malvín Norte, subieron de 253 a 274; en La Teja bajaron de 277 a 227; en Buceo fueron 437 en 2016 y 443 en 2017. Se podrían así tomar varios barrios de la capital con evoluciones parecidas a estas.

¿Qué quieren decir estas cifras? En concreto, que las variaciones no son sustanciales, que no cambian radicalmente la sensación de inseguridad que vive la gente en toda la capital. Porque si en Pocitos, por ejemplo, en vez de sufrir una rapiña en promedio cada 26 horas se la sufre cada 29 horas, la mejora no es importante. O al revés, si en la Unión en vez de denunciarse una rapiña cada 13 horas en promedio como en 2016, ellas ocurren cada 12 horas, la sensación de inseguridad es francamente muy similar de un año a otro.

La comparación por departamentos tampoco deja bien parada la estrategia política del Ministerio del Interior que quiere hacernos creer que sus esfuerzos han sido eficientes en perseguir al crimen.

Es cierto que en la zona metropolitana de Canelones y Montevideo las rapiñas denunciadas bajaron en casi 1.000 casos de 2016 a 2017. ¡Pero estamos hablando de unas 18.000 rapiñas por año para esos dos departamentos en 2017! Es decir que cuando el ministerio nos muestra cifras de mejoras para la zona metropolitana, en realidad no menciona que, de un año a otro, sigue habiendo igualmente allí en promedio al menos una rapiña denunciada cada media hora.

Las denuncias de hurtos y tentativas de hurtos se mantienen altísimas. Redondeando datos, en 2015 eran unos 109.000 en total y subieron a unos 114.000 tanto en 2016 como en 2017. Aquí, ni siquiera las cifras oficiales que intentan hacernos creer que todo va mejor pueden disimular la verdadera situación de inseguridad: los datos muestran que, al menos, se denuncia que se comete o se intenta un hurto cada cuatro minutos en todo el país. Así pues, en el caso de los hurtos y según las estadísticas oficiales, la promesa de 2014 de Vázquez de revertir la situación de inseguridad que sufren todos los uruguayos ni siquiera se cumple.

El discurso oficialista se maneja habitualmente con porcentajes de baja de rapiñas en 2017 con relación al año anterior: cerca del 5% del total. De esta forma intenta hacer creer a la opinión pública que todo está encaminado y eso, en definitiva, es lo que repiten los numerosos comentaristas adeptos al gobierno con sus versiones interesadas, parciales y falsas.

Pero la verdad de las cifras es muy diferente: la inseguridad no ha mejorado con este gobierno de Vázquez. Importa tenerlo bien claro.