EDITORIAL

Ante estas frías estadísticas, ¿cómo no entender el sentimiento de indefensión ante el delito y esa sensación de la ciudadanía de que no sirve hacer denuncias porque de todas formas los delincuentes no pagan por sus responsabilidades penales?

El diputado Pablo Abdala del Partido Nacional hizo recientemente un pedido de informes muy oportuno que fue respondido por la Fiscalía General de la Nación. Los datos estadísticos que recibió Abdala, señalan hasta qué punto la extendida sensación de indefensión del ciudadano por un lado, y la idea de que existe una gran impunidad de los delincuentes por el otro, tienen asidero estadístico.

Según los datos del año 2016 que surgen de ese pedido de informes, la cantidad de denuncias que los ciudadanos hicieron a la Policía por distintos tipos de delitos fue de 236.164 en total. Eso incluye, por ejemplo, más de 115.000 denuncias por hurto y más de 20.000 denuncias por rapiñas.

En este sentido importa tener claro que siempre hay una diferencia importante entre los delitos denunciados y los que efectivamente se cometen, que se estima por ejemplo en el caso de los hurtos, en cerca de un 40% más. En efecto, muchas veces pasa que la persona damnificada por un delito de hurto, como el robo de la radio de su automóvil por ejemplo, desestima realizar la denuncia a la Policía porque no cree que con ello vaya a lograr hacerse del bien robado, y además porque los trámites en la comisaría le pueden llevar demasiado tiempo. Es razonable pensar entonces que en 2016 en realidad se cometieron muchos más delitos que los más de 236.000 denunciados a la Policía.

Así las cosas, la clave de la sensación de indefensión se devela con las siguientes estadísticas que recibió el diputado Abdala. Por un lado, tres de cada cinco denuncias presentadas por la ciudadanía a la Policía quedaron registradas en el Ministerio del Interior pero nunca llegaron a ser comunicadas a un juez. En efecto, la Fiscalía estimó en su respuesta al pedido de informes de Abdala que del total de las más de 236.000 denuncias de 2016, la Policía solo pasó unas 91.000 a los jueces. Según el Código del Proceso Penal que estaba vigente en 2016, la responsabilidad aquí es enteramente de la autoridad policial, ya que era ella quien definía qué delitos ameritaban el pase a la Justicia y cuáles no.

Por otro lado, de esas 91.000 denuncias que efectivamente pasaron a juez, solo algo más de 51.000 fueron objeto formal de investigaciones, es decir, que merecieron la atención del Poder Judicial como para definir responsabilidades penales. Y, finalmente, la cantidad de procesos penales a adultos en 2016 fueron 12.667 en total.

Esto quiere decir en concreto, que en casi el 95% del total de las 236.000 denuncias de la ciudadanía a la Policía por distintos tipos de delitos, el sistema penal no logró imputar a ningún responsable del delito denunciado.

Ante estas frías estadísticas, ¿cómo no entender el sentimiento de indefensión ante el delito y esa sensación de la ciudadanía de que no sirve hacer denuncias porque de todas formas los delincuentes no pagan por sus responsabilidades penales? ¿Y cómo no darse cuenta de que los malvivientes son conscientes de esta situación de impunidad que les da una especie de carta libre para seguir delinquiendo?

La respuesta al pedido de informes del diputado Abdala también aclara cómo evolucionó esta situación en los primeros meses de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Así, la sensación que tuvo la gente de que el cambio penal fue un desastre para la seguridad pública tiene su traducción en los datos estadísticos reales. En efecto, según la Fiscalía, "las cifras de noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018 reflejan las dificultades evidenciadas en los primeros tres meses de implementación del nuevo CPP". Por ejemplo, cuando el promedio mensual del período enero a octubre de 2017 fue de 572,3 procesados con prisión, en noviembre de 2017 se bajó dramáticamente a solo 295 ingresos a prisión, por causa de esas dificultades de implementación.

Según la Fiscalía, la situación mejoró en marzo-abril de 2018: se enviaron a prisión a 540 adultos en marzo y a 528 en abril, registros parecidos al promedio de ingresos de enero-octubre de 2017, es decir, del período anterior al de la implementación de los cambios al CPP. Pero el problema es que la evolución de estos últimos dos meses solo mejoró un poco lo que se había transformado en un desastre completo a fin de 2017, sin por ello lograr terminar con la constatada indefensión de la ciudadanía frente al avance de la delincuencia.

En materia estadística, estos seis meses muestran que los cambios al CPP no han traído consecuencias positivas y rápidas. Las cifras de la impunidad siguen siendo escalofriantes.