Editorial

El conflicto que enfrenta la empresa Megal, cuyos coletazos sintió toda la sociedad tras el bloqueo a La Tablada, explica parte del problema que está padeciendo hoy el Uruguay en materia de falta de trabajo e inversiones.

La seguidilla de cierre de empresas emblemáticas en Uruguay ha generado una polémica política. Desde la oposición y las gremiales comerciales e industriales se reclama que los costos de producir en el país las vuelven inviables. Desde el gobierno, el presidente Vázquez ha buscado desdramatizar el hecho, atribuyéndolo al ciclo natural económico, casi parafraseando el concepto de "destrucción creativa del que hablaba Milton Friedman.

El dirigente del Pit-Cnt Fernando Pereira salió en apoyo del gobierno (qué raro) y dijo que son muchas más las empresas que abren que las que cierran. Aunque cuando se le pidió que mencionara dos o tres que compensen las pérdidas de puestos laborales de Colgate, Fleischmann, Caputto, Pili, y tantas otras, dijo que no lo haría porque sería hacerle publicidad gratis a esos empresarios. O Pereira ha ingresado oficialmente en la categoría "influencer" y está cuidando su dinero personal, o no tenía nada que decir para ratificar su punto, lo cual lo pondría peligrosamente cerca de la categoría de mentiroso. Usted decide.

Las empresas cierran o se van del país por muchos motivos, pero esta semana tuvimos una noticia que dejó bien en claro uno de los más influyentes: se trata del caso de Megal, que distribuye gas en garrafas, y la prepotencia sindical que la tiene al borde de la quiebra.

Si el lector sigue las noticias, sabe que cada otoño e invierno, cuando el frío empieza a apretar en Uruguay, siempre estalla un conflicto en el supergás. Se trata de una maniobra tan tradicional como inmoral del gremio que opera en esa industria, que busca aprovechar la corta zafra que tiene este negocio, para conseguir mejoras económicas a costa del frío y la desesperación de los uruguayos, particularmente de los más pobres. Para poder subsistir, los empresarios de este rubro han accedido a condiciones que son verdaderamente asombrosas, cuando se las compara con los ingresos de otros rubros de la economía nacional que requieren mucho más formación y capacitación de sus empleados. Pero incluso con estas ventajas, el clima laboral en estas empresas sigue siendo muy tenso, y es por ello que hace algunas semanas explotó un conflicto en Megal, la más pequeña de las empresas que brindan este servicio.

La cuestión es que la empresa debió enviar algunos funcionarios al seguro de paro debido a la conjunción de la peor época del año para el rubro, con el enfriamiento de la economía del país, y la mala temporada turística. Esto generó un virulento conflicto gremial, como tantos que se viven hoy en el país. Pero con un agregado que complejiza toda la ecuación. El sindicato de Megal logró el apoyo de los otros gremios del rubro, que aceptaron no entregarle a la empresa las garrafas que le corresponden y precisa para poder trabajar. Y lo que es peor, consiguieron que el gremio de Ancap se negara a proveer a la empresa de gas, ¡incluso pese a que Megal ya lo había pagado por adelantado!

Esto generó varios problemas. Para empezar puso a la empresa al borde de la quiebra, algo que solo redundará en más perdidas de puestos de trabajo, y que revela la miopía de ciertos sectores gremiales. La segunda, fue que se perjudicó a cientos de familias que viven de transportar garrafas, familias humildes, cuyo máximo capital es un camioncito con el que proveen a sus clientes, también en su mayoría gente de bajísimos recursos.

Esta es la gente que, ante la desesperación y la falta de apoyo del gobierno, que se puso 100% del lado del gremio (qué raro) salieron a bloquear el acceso a La Tablada, generando un nuevo caso de desabastecimiento de combustible.

En las últimas horas, la justicia actuó y dio la razón a la empresa y obligó a Ancap a cumplir con su función. Pero, como bien saben los gremios, lo hizo pasados ya varios días de conflicto, con lo cual las pérdidas para toda la cadena son millonarias e irrecuperables.

Lo que vemos es un episodio más de prepotencia suicida del aparato sindical, que cuenta con la complicidad absoluta del gobierno. Un caso donde el poder gremial se atribuye el derecho de decidir por sí a quién sirve y a quién no una empresa estatal como Ancap, que opera para bloquear de manera ilegítima a una empresa que pelea por sobrevivir en un ambiente adverso, y que se ampara en la demora de la justicia, para infligir un daño ilegítimo a quien no se allana a sus postulados más extravagantes. Si usted, estimado lector, tuviera un capital para invertir, ¿lo haría en un ambiente así? ¿Apostaría los ahorros de su vida en un sistema que da tan pocas garantías? En esa respuesta, está buena parte del problema que padece Uruguay hoy.