EDITORIAL
diario El País

Un caso de conciencia constitucional

La Intendenta de Montevideo, Ingeniera Carolina Cosse, anunció que la Comuna iba a encargarse de repartir las donaciones que colectó el Frente Amplio con motivo de haber cumplido medio siglo.

Observado que no era pertinente que fueran entregados tales paquetes con una carta de militancia -como estaba primariamente resuelto-, accedió a suprimir la misiva, pero mantuvo la decisión de que la Intendencia le haga el delivery proselitista al lema que la entronizó.

Felizmente, hubo reacciones adversas en todos los partidos, incluyendo a gente que hasta hace cuatro meses estaba a la cabeza de la anterior administración departamental frentista. Así salió muy honrosamente el ex secretario de la Intendencia, Fernando Nopitsch, a calificar como un “gran error” la decisión de la todavía novel Intendenta. En la misma línea se ubicó un tuit del intendente subrogante Christian Di Candia. Una fuente de un diario de izquierda consideró al antecedente “muy complicado” porque “en el FA decimos de no utilizar las estructuras del Estado para el partido y hacemos esto. Es demencial”.

El episodio ya está teniendo la consecuencia institucional de que el Partido Nacional y el Partido Colorado se estén planteando citar a la jerarca para que se explique ante la Junta Departamental. Se produzca el llamado a Sala o no, el asunto ya subió a ese ring donde todos los acontecimientos se presentan como una batalla de gubernistas y opositores, evaluándolos por sus efectos reales o presuntos sobre las adhesiones que tabulan las encuestas.

En el Uruguay de hoy, inscribir un asunto como éste en la nómina de posturas a rajatabla suena natural y fácil. ¿Acaso nuestro país, apartándose de su tradición civilizada, no ha asimilado palabrejas divisionistas como “zanja” o “grieta”, nacidas en el pandemónium político de allende el Río de la Plata e injertadas contra natura en nuestros gajos? ¿Acaso no se nos ha instilado una sociología que, pretendiendo que “todo es política”, encasilla el pensamiento en “izquierda o derecha”, “progre o facho”, y se empeña en no escuchar razones y no llegar a la médula de los temas a dilucidar?

Y sin embargo, en todas las cuestiones públicas, no todo es política, no basta embanderarse mecánicamente y siempre surgen divergencias y matices de ciudadanos que saben y sienten que la Constitución está y debe situarse antes y más allá del fervor con que cada quien apoye a su partido, su tendencia o su candidato.

Este reparto de donaciones no es la excepción. Merece aplauso, o por lo menos respeto, la idea de transformar el festejo que imposibilitó la pandemia en ayuda material para los más necesitados. Pero merece condena abierta que los medios de un Estado de Derecho asuman la distribución de bienes que, con carta o sin ella, llevan el sello político del partido que los recabó de sus correligionarios. El lema que ungió a los gobernantes departamentales no puede confundirse con ninguna oficina de la Intendencia ni puede servirse de ningún camión y ninguna pala. Ni más ni menos que los gobernantes nacionales.

Por tanto, lo que hay que dirimir en el caso no es una batalla menor por intereses partidarios o imagen callejera. Lo que debe esperarse es que el episodio se cierre con el retiro de la inapropiada iniciativa, sin mantener en cartelera un tema circunstancial donde se están atropellando principios.

La prohibición de confundir al Estado nacional o departamental con la grifa o el aniversario del partido de gobierno, es un principio inamovible que baja de la filosofía de la República a la Constitución e impone imparcialidad política hasta al más modesto funcionario.

En la materia, nuestro país tiene una honrosa tradición, que plasmó en cumbre doctrinaria el ilustre Justino Jiménez de Aréchaga cuando -releyendo a Carré de Malberg y a Esmein- acuñó su Teoría del Estado contrapuesta a su Teoría del Gobierno. Luego sobrevinieron aportes brillantes, como los que legó Alberto Ramón Real o los que debemos a los contemporáneos Juan Pablo Cajarville y Martín Risso Abadie. Pero en esencia, nada cambió: la prohibición de confundir al Estado nacional o departamental con la grifa o el aniversario del partido de gobierno, es un principio general inamovible, que baja de la filosofía de la República a la Constitución, corretea por el Decreto 500/91 y el Tofup, y le impone imparcialidad política hasta al más modesto funcionario. Máxime al jerarca, que debe dar el ejemplo.

El Uruguay necesita acrecentar el imperio de sus principios constitucionales. No debe engolosinarse con el respeto a las formalidades electorales o procedimentales. Hace falta que todos sintamos el pacto institucional.

Para eso debemos tenerlo presente en todo momento, muy especialmente tras haber sufrido el escarnio de que un Presidente en ejercicio haya blasfemado impunemente, con la atrabiliaria tesis de que la política está por encima del Derecho.

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