EDITORIAL
diario El País

Campo minado

Cada vez quedan en mayor evidencia dos aspectos referidos a las recientes elecciones presidenciales.

Por una parte, el porqué una mayoría de la población le dijo basta al Frente Amplio en el poder desde hacía nada menos que 15 años, a medida que se van destapando ejemplos de pésima ejecución y decisiones incomprensibles.

Por otro, el campo minado que le dejan al nuevo gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou junto a la coalición multicolor, como bautizara él mismo al conglomerado opositor compuesto por otros cuatro partidos que lo acompañan en la nueva Administración. El Colorado, Cabildo Abierto, el de la Gente y el Partido Independiente. Con una velocidad, puede decirse que inédita en la materia, haciendo gala de una admirable capacidad de articulador político, en tiempo récord la mentada coalición pudo ser anunciada a la ciudadanía, apenas terminados los comicios.

Las granadas comenzaron a explotar a partir de los comienzos de año, cuando a diferencia de los catorce eneros previos, cuando regularmente el Ejecutivo subía las tarifas para poder financiar el presupuesto, la novedad fue que este año, por primera vez, no lo harían. Los engañosos argumentos no convencieron a nadie, pero le dejaron en claro al equipo económico entrante que les iban a hacer falta unos 400 millones de dólares más de lo calculado.

Campo minado le dejan al nuevo gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou junto a la coalición multicolor, como bautizara él mismo al conglomerado opositor compuesto por otros cuatro partidos que lo acompañan en la nueva Administración.

Respecto de la liviandad como ha administrado el gobierno el F.A. los dineros públicos y el gasto, son tantos los ejemplos que se podría llenar todo el espacio del editorial, así que hay que circunscribirse a algún que otro ejemplo. Como ser, el despilfarro de 12 millones de dólares del Correo por una planta en el Parque Industrial de Pando que nunca se ha utilizado. Falta de acuerdo con el gremio, es la explicación que se oye. Y lo mismo se dice sobre la razón por la cual desde mediados del año pasado o inclusive antes, se alquilan las instalaciones de la firma Dancotex, en la calle Veracierto, supuestamente para instalar allí una especie de Hub de distribución que tampoco ha funcionado desde entonces.

Y sin ir más lejos, el jueves pasado los contribuyentes se enteraron de que siguen financiando a través de la DGI, a la ruinosa Pluna. Porque la firma del presidente Vázquez y el ministro de Economía Astori, autorizando la transferencia de 11 millones de dólares de subsidio a la desaparecida línea aérea, como toda erogación del Estado, que no es una entelequia como se tiende a creer, se solventa con la plata de los ciudadanos, vía impuestos y otras yerbas.

Otra pesada herencia para la Administración Lacalle son varios juicios multimillonarios originados bajo los gobiernos frentistas. El secretario de la presidencia, Toma, acaba de viajar a Washington debido al juicio que la empresa minera Aratirí le inició al Estado uruguayo. Por el mismo motivo fue hace poco Isaac Alfie, futuro director de la OPP, a pedido del Estado. Los compañeros del partido de Toma aprovecharon vergonzosamente la oportunidad para tratar de ensuciarlo, aunque sin éxito. Luego de la etapa de cálculos sobre los daños, se sabrá a cuánto asciende la demanda originada por el balurdo propiciado por el presidente Mujica, quien como todos recordarán, por poco que había encontrado, no el maná del cielo, pero sí uno proveniente de las entrañas de nuestro suelo. La empresa Aratirí responzabiliza al estado uruguayo por el fracaso del proyecto minero.

Encima de las erogaciones para Pluna mencionadas, la empresa panameña accionista de Pluna inició en mayo de 2019, un reclamo ante cortes internacionales, una compensación financiera por su presunta responsabilidad en el cierre de la aerolínea. A decir verdad una medida disparatada si la intención era conseguir venderla. El monto del reclamo se desconoce aún pero se habla de 15 millones de dólares

Y “last but not least”, Katoen Natie Group, la empresa belga que hizo una gran inversión en nuestro puerto tiempo atrás, prepara una demanda por 1500 millones de dólares según lo ha hecho saber a las autoridades. En la documentación presentada en octubre, la empresa pretendía que el Estado nombrara a un representante para acordar una salida, un compromiso para trabajar de buena fe una solución en menos de seis meses, que el Estado cesara todas las acciones contrarias al derecho uruguayo e internacional y que se entregasen los estudios portuarios en los que se justifica el trato preferencial a Montecom. Pero desde el gobierno de Vázquez se optó por hacer caso omiso. A pesar de los más de US$ 200 millones de inversión en el país y que Uruguay sea socio en un 20%.

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