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Campo minado

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La instalación de una empresa minera india, que pretende explotar yacimientos de mineral de hierro en una amplia zona del país ha desatado una fuerte polémica política. En cierta medida es una polémica envidiable. Algo que se da siempre que una nueva fuente de riqueza, una nueva industria, comienza a buscar su lugar en una sociedad, y debe superar los naturales roces con el sistema de explotación, y de vida, que ha imperado en la zona hasta entonces.

Sin embargo hay aspectos de esta problemática que son preocupantes, y que denuncian que nuestro sistema político no está respondiendo con la celeridad y eficiencia que debería.

El asunto "explotó" cuando grupos de productores de la zona aledaña a Valentines se congregaron para denunciar la incertidumbre e indefensión en que se encuentran ante el avance de los estudios preliminares de la empresa Aratirí. Hasta ese momento era poco y nada lo que se sabía sobre el tema. Los productores denuncian que empleados de la empresa ingresan a sus campos de manera prepotente, con pesadas maquinaria que causan impacto en los suelos, y sin dar mayor información proceden a realizar perforaciones que no saben bien como van a afectar sus tradicionales prácticas de producción agropecuaria.

La empresa sostiene que la ley la ampara para realizar estas actividades, aún contra la voluntad de los productores (que en los hechos no tienen derecho de propiedad sobre el subsuelo de sus campos), y que su intención es extraer un producto muy valioso, para lo que piensan invertir más de 1.500 millones de dólares, y dar trabajo a cientos de compatriotas, además de aportar un jugoso canon al país.

Hasta ahí lo que se sabe. Pero ya comienzan a aparecer los problemas. Por un lado el presidente Mujica busca bajarle decibeles al tema diciendo que es algo que todavía "está muy verde". Sin embargo, pocos días antes cuando se reunió con los directivos de la empresa, el ex jerarca portuario Fernando Puntigliano y el indio Pramod Agarwal, se informó que la prospección estaba muy avanzada y que hay un 70% de probabilidades de que el proyecto se concrete, dejando entrever que esa fruta está bastante más cerca de ser cortada de lo que dice el mandatario.

Luego surgió la noticia de que la empresa reclama un predio de 200 hectáreas frente al mar en el departamento de Rocha, donde haría un centro logístico y un puerto especial para exportar el mineral. Esto generó la alarma de muchos vecinos, así como de operadores turísticos y entidades ambientales. Nuevamente el presidente Mujica restó trascendencia al tema, y sostuvo que el compromiso del gobierno sería asegurar la venta, alquiler o concesión -por 20 o 30 años- "de un campo solitario, baldío, lejos de los centros de turismo". En un departamento que tiene menos de 200 km de costa, ¿existen 200 hectáreas baldías y solitarias lejos de los centros de turismo?

Estas polémicas aseveraciones presidenciales aumentan la angustia de los pobladores locales que deben enfrentar la incertidumbre sobre el futuro de su sistema de vida, además de un impacto inevitable en el valor de las tierras y bienes de capital que explotan. Y nuevamente queda claro que nuestros legisladores tienen un debe enorme con la población. Mientras en el período pasado se enfrascaron en eternas polémicas por ambiciosas (y muchas veces innecesarias) reformas sociales, parece increíble que recién se dan cuenta ahora que el Código de Minería está caduco, cuando el auge de estas actividades en toda la región es una realidad que lleva ya años.

Hay que ser claros. Si se criticaba duramente a los "piqueteros" de Gualeguaychú por su oposición irracional y extremista a Botnia, no se pueden abonar aquí actitudes similares, contrarias al progreso nacional. Pero es fundamental que las autoridades se muestren más eficientes y claras a la hora de garantizar que una inversión de este tipo, se haga de una forma económica, social y ambientalmente razonable. El costo de no hacerlo puede ser bastante más alto que los millones que prometen los inversores.

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