En cualquier caso, es una buena noticia. La decisión del presidente Vázquez de proveer los recursos para adelantar al año 2017 la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal supone un paso valiente y necesario para modificar un sistema antiguo, injusto, y que ya resulta una vergüenza para el país a nivel internacional.

Pero este sacudón a nuestro sistema penal no viene sin algunas dudas y temores.

Nuestro sistema actual padece de varios problemas de base, y no tiene nada que ver con la idea que la gente se hace al mirar las películas americanas. Aquí, el amo y señor del proceso es el juez, una misma persona que se encarga de iniciar la investigación, dirigir la actividad de la policía, coordinar con la fiscalía, y finalmente dictar una sentencia. Sentencia que en caso de ser un procesamiento con prisión, por la perversión a la que se ha ido llevando el sistema, en la abrumadora mayoría de los casos termina siendo la condena final.

Como se ve esto representa una injusticia y falta de garantías absoluta, ya que por un lado trabajan tres actores centrales en forma conjunta para determinar la culpabilidad del acusado, que recién logra esbozar una defensa cuando ya buena parte del partido está jugado. Por otro, ese mismo juez, ese mismo ser humano, que dirige la investigación y se va cargando de preconceptos, es el que termina por decidir la suerte del acusado, que en el mejor de los casos podrá luego apelar, pero desde una celda. Por último, la gran mayoría de quienes terminan procesados, no lo son porque se haya demostrado cabalmente su culpa, sino porque el juez encontró apenas "semiplena prueba" de la misma, que es lo que exige la ley para poder procesar.

Este sistema perverso que tenemos hoy, lleva a que la mayoría de la gente que está presa no tenga una condena firme, a que la libertad y honra de las personas queden en manos de un solo individuo (el juez), que por más garantías que brinde, no deja de ser una persona pasible de intereses personales, pasiones, y errores. Basta ver la cantidad de casos donde se ha procesado contra toda lógica, y que luego en segunda instancia esos procesamientos son revocados, pero luego de que el acusado ha vivido un infierno del que resulta casi imposible recuperarse

Pero el sistema actual presenta otra serie de problemas serios. Por un lado ha generado que la defensa en los casos penales se convierta en un campo fértil para negociadores y figuras poco escrupulosas, cuyo mérito es más saber relacionarse con jueces y policías, antes que ser verdaderos expertos en el derecho. Por otro, si resulta incomprensible e inmoral para gente formada e idónea en el tema, basta imaginarse lo abrumador que resulta para el ciudadano de a pie, humilde, que suele ser el más afectado por estos procesos por motivos que no viene al caso mencionar. La consecuencia es que para amplios sectores de la sociedad, la Justicia hoy no sea vista como una garantía para la vida pacífica en sociedad, sino como un enemigo incomprensible que mete presa a la gente sin que esté muy claro por qué.

El nuevo sistema cambia radicalmente todo esto. Ahora será el fiscal quien deba encabezar la acción penal, la investigación, y el pedido de condena. Quedará así parado en forma más igualitaria con la defensa. Y por fin será el juez ese verdadero tercero imparcial quien definirá sobre la libertad de las personas.

Pero el sistema también tiene sus peligros. Por un lado implica un cambio de mentalidad muy grande para toda la sociedad, que deberá acostumbrarse a ver que incluso aquella persona descubierta in fraganti cometiendo un crimen, tendrá derecho a estar en libertad hasta que haya un pronunciamiento final del juez. Por otro, los fiscales pasarán de ser meros burócratas asistentes del juez, a llevar sobre sus hombros toda la carga de la investigación y el proceso. También pasará a tener un rol más activo la víctima del delito, que tendrá derecho a intervenir de una forma que hoy es inimaginable. Como si estos peligros fueran pocos, hay un desafío final, que es que el propio sistema no se "coma" a la reforma. Basta recordar como en el proceso civil también se pretendía que fuera oral y público, pero la realidad es que la obsesión por el secretismo y la burocracia se han impuesto por sobre el espíritu de la ley.

De todas formas, hay que reconocer la valentía y el empuje del gobierno al impulsar esta reforma. El sistema que padecemos hoy es de un nivel de injusticia, de falta de garantías, y de violación a los derechos humanos, indignante. El cambio será sin dudas traumático y lleno de desafíos, pero si hay algo que está claro es que como veníamos en este tema tan trascendente, no podíamos seguir.

EDITORIAL