Hace más de 20 años, que el presidente Luis Alberto Laca-lle, con el empuje que lo caracteriza, se atrevió a tomar el toro por las astas. Decidió emprender una verdadera reforma de las empresas públicas.

Con una visión que iba mucho más allá de su joven edad, tenía en claro que el enorme aparato estatal representaba un costo enorme, responsable de que el país no pudiera salir a flote convirtiéndose en una economía más competitiva. Una postura removedora en contraste con la errónea percepción impuesta a lo largo de los noventa años de gobierno colorado y agudizada en la época del luisismo. Sustentada en la idílica idea de que nadie mejor que el Estado para velar por el bien de los uruguayos y nada mejor que las empresas estatales para ocuparse de casi todo y encima, en forma monopólica.

Meses le costó convencer a los legisladores para que votaran esta ley que ni siquiera era privatista, como falsamente la presentaban sus opositores hasta convertir esa propaganda en una verdad, después de tanto repetirla.

La reacción fue rápida e implacable en contra de lo que podía afectar el statu quo de tanta gente y tanto poder. Porque no olvidemos que de las empresas públicas vive mucha gente en Uruguay. Un muy elevado número de los ciudadanos uruguayos son empleados públicos o trabajan en los entes autónomos y si no será su hermana, su tío, su prima, su hijo o su padre. Por otra parte, para el sindicalismo se trata de una cantera muy productiva y para mucho político, la atracción de esos sillones de directorio y las posibilidades que emanan de ellos, son irresistibles.

Se juntaron firmas, se hizo un plebiscito promovido por el Frente Amplio y los sindicatos, siempre listos para hacer gimnasia militante en contra de cualquier propuesta del gobierno del momento. La frutilla de la torta fue que el Foro Batllista, encabezado por Sanguinetti, que había votado el proyecto anteriormente, se diera vuelta quitándole el respaldo. Quedaron entonces los uruguayos con todas sus elefantiásicas empresas estatales a buen resguardo, per saecula saeculorum, con las tarifas de energía más caras de la región, con los combustibles más altos, con la telefonía fija atornillada, aunque el empuje de las nuevas técnicas impidió un atrincheramiento completo. Con nuevos bríos arremetieron luego con el postulado de que todo el suministro de agua potable debía estar en manos del Estado, el único garante de la salud de los orientales y otra vez, la idiosincrasia uruguaya mostró su mentalidad estatista dándoles el triunfo en la compulsa ciudadana.

Llegados al siglo XXI y al año 2016, tenemos el agua potable con un deterioro altamente preocupante. Su mala situación no es algo nuevo sino que es parte de una progresiva mala gestión y la falta notoria de precauciones para evitar el avance de los daños. Y mientras se pierde calidad de vida, las autoridades anuncian de tanto en tanto, medidas que darán resultado quién sabe cuándo.

En paralelo, los abusos y el despilfarro en la Ancap han llegado a límites extremos. Relativamente hablando, la turbiedad respecto de cómo se ha manejado la empresa más grande del país es tan grave como lo que se oye en los países vecinos. Porque si bien los montos locales palidecen al lado de los que se manejan más allá de nuestras fronteras, todo guarda relación con el tamaño de la economía de cada uno. Lo trascendido hasta ahora es indecente y no son de recibo ninguna de las excusas que ha dado quien fuera su presidente, el Sr. Sendic (ya no más Licenciado) que ahora ocupa la vicepresidencia, encabeza la Asamblea General y aprovecha para andar viajando a costas del Estado con cualquier pretexto. Fiel discípulo de su mentor el expresidente Mujica, quien prefiere andar por el mundo, (ahora está con Lula), antes que cumplir con el mandato de senador que le dieron sus votantes.

Al observarse la falta de seriedad de las direcciones del Frente Amplio; Ancap, Pluna, Alas U, Fondes, decenas de obscuras colaterales de las empresas estatales que emplean a miles de personas y un largo etcétera, lo que resalta es que no solo repitieron todos los vicios que venían de los gobiernos anteriores, sino que los multiplicaron despreocupadamente.

Así parece que su aversión a cualquier reforma del aparato del Estado no solo era reflejo de la cultura estatista predominante en la sociedad, sino que se trataba de alcanzar el botín una vez llegados al poder. Para desde allí financiar campañas, atraer votantes, lanzar candidatos y todo el abanico de esta clase de corrupción política, si es que no hay de la otra también.

EDITORIAL