Editorial

Bonomi, los jueces y el delito

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha figurado siempre entre los gobernantes peor evaluados en prácticamente la unanimidad de las encuestas que se han hecho en la materia. Y por más que las empresas consultoras no disfrutan (por lo menos en estos momentos) de la mejor opinión del público, lo cierto es que mantenerse al tope y en todas ellas (y por "unanimidad") hace pensar que no se equivocan.

Envanecido por la distinción, no descansa en hacer méritos para que nadie se atreva a discutirle su posición. Fue su obsesión en la época Mujica y no ceja en su empeño de repetir ahora.

Mientras el presidente Tabaré Vázquez busca restablecer una buena relación institucional con la Suprema Corte de Justicia, cabeza del Poder Judicial (fue muy auspiciosa la reunión que llevaron a cabo), Bonomi continúa en su campaña —personal— de deteriorar la imagen de los jueces y responsabilizarlos de la inseguridad por su falta de rigor a la hora de decretar procesamientos o aplicar penas severas.

Olvida algunas cosas, como que para privar a alguien de su libertad —el bien más preciado del ser humano después de la vida— debe existir, por lo menos, semiplena prueba de la comisión de un delito en forma concluyente y que en esa decisión la mayoría de las veces los jueces no deciden solos, sino que consultan con los fiscales, titulares de la acción pública y rige el republicano principio de "in dubio pro reo". Mandar preso porque sí, no está bien: es arbitrario, autoritario y contrario a un Estado de Derecho. Que ello ocurra en Venezuela, por ejemplo, no es motivo para aplicarlo en el país por más simpatía y admiración que el ministro le tenga al régimen de Nicolás Maduro.

Y olvida también que los jueces no son marcianos que acaban de aterrizar en Uruguay. Viven en este país, tienen sus casas (que no son búnkers) en distintos barrios de la ciudad, tienen familia, hijos y amigos. La inseguridad y el auge de la delincuencia los golpea de la misma forma que al resto de los ciudadanos y padecen los mismos peligros e incertidumbres que ellos. Tal vez les gustaría encerrar a alguno más de los que andan sueltos sembrando el temor por las calles, pero se atienen a la plena vigencia del derecho: no se los procesa por la pinta o porque la policía dice que cometió determinado delito, sino porque hay semiplena prueba de ello. Si desde las jefaturas de Policía no se preocuparon de reunirlas o lo hicieron mal, la culpa no es de los jueces ni de los fiscales: es del ministro que no ha capacitado como debe al personal a sus órdenes.

Este ministro Bonomi que critica a los jueces y les reclama drásticos (e ilegales) procedimientos, es el mismo que no tuvo empacho, en plena campaña electoral, de acusar públicamente a la oposición por el robo a la casa del jefe de Policía de Montevideo. Lógico que sin pruebas, y su aseveración resultó falsa de toda falsedad cuando fueron detenidos los verdaderos responsables.

Este ministro Bonomi es el mismo que junto con sus críticas a los jueces, nos explicó orgulloso la "novedosa" incorporación del cannabis como factor clave para combatir el narcotráfico, en momentos en que desde Estados Unidos el Departamento de Estado advierte del desembarco de la mafia rusa a nuestras costas, donde ya están operando carteles de Colombia y México.

Este ministro Bonomi es el que ha disfrutado de los mayores presupuestos de la historia para desarrollar su gestión. Ha sobrado dinero, pero ha faltado conocimiento, ideas claras y profesionalidad a la hora de aplicar los recursos correctamente y realizar una tarea acorde con lo que se invierte. Uruguay es hoy el país de la región con mayor número de policías por habitantes (809 cada 100.000), en tanto el promedio en América Latina es de 368, en Estados Unidos cae a 223 y en Canadá a 202. Pero si no hay patrullaje ni presencia disuasoria en la calle, y no hay una cabeza que planifique y capacite a sus efectivos, la prevención y el combate exitoso contra el delito no existe. Bonomi lleva cinco años en la cartera de Interior y parece que aún no ha asumido que la seguridad de los ciudadanos es su función primera y ese debe ser el fruto de sus desvelos.

No andar buscando chivos expiatorios a quien echarles las culpas de sus fracasos: lo hizo con la oposición y ahora lo hace con los jueces. Olvida que los magistrados cambian, ya sea por el turno, ya por la movilidad que los rige en su carrera judicial. Olvida que las únicas dos cosas que se mantienen y no cambian, son la inseguridad de los ciudadanos, y él, en su cargo de Ministro.

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