EDITORIAL

El cierre del mes de agosto vino con el anuncio de un nuevo sacudón: el déficit fiscal anualizado a julio trepó a 4,9%. Es el peor resultado de los últimos 30 años incluidos los años de la crisis y sigue en ascenso. El Estado uruguayo gasta mucho más de lo que ingresa (casi 3.000 millones de dólares) y alcanza simplemente con un poco de sentido común para saber qué ocurre cuando esos números se desmadran y no existe el mínimo equilibrio.

El mago trucho de las finanzas, el ministro Astori, solo atinó a balbucear que “hace falta más inversión y más ingresos legítimos”, pero nada dijo de la política del despilfarro y del gasto innecesario al que ha apelado el Frente Amplio desde su llegada, a impulsos de una bonanza desperdiciada que sopló fuerte pero hace años dejó de existir. Sin que a nadie del gobierno se le mueva un pelo, están fundiendo el país (o ya lo han fundido) y las perspectivas que se avecinan apuntan a un escenario de “sangre, sudor y lágrimas”.

Parece de orden -para empezar- una regla fiscal, como la que propone Lacalle Pou, trasparente y con amplio apoyo de los partidos políticos.

Quince años de FA han dejado un legado de terror. Pensaron que la bonanza era obra propia, que había surgido gracias a la magia de Astori y su equipo económico, que el alza de los precios internacionales era para siempre e incluso que aumentarían más, y se olvidaron que el mundo se mueve con fenómenos de coyuntura y que lo que en realidad queda no es el producto de las rachas favorables sino el fruto del esfuerzo y del trabajo. El FA nunca valoró a los creadores de riqueza, empezando por el sector agropecuario; siempre los vio como simple objeto para sus políticas tributarias, sin tomar en cuenta costos, productividad, competitividad.

Pensemos un poco. ¿Cuál ha sido la apuesta de los gobiernos del FA para crear y aumentar la producción, para generar ingresos genuinos del país que aseguren el presente y el futuro? Si olvidamos las plantas de celulosa, cuya presencia heredaron del presidente Jorge Batlle, nada de nada. Y conste que la nueva UPM se instala al precio de formidables ventajas, exoneraciones impositivas y hasta especiales reglamentaciones laborales.

Lo que sí hizo el FA en el poder fue jugar a ser empresario con dineros del pueblo, cosa que si les iba mal no afectara sus bolsillos. Así fue que se convirtieron en empresarios de aerolíneas y fundieron Pluna; luego en empresarios petroleros y dejaron Ancap con un fenomenal agujero; se les ocurrió abastecer de gas nada menos que a la Argentina y volaron millones de dólares en la Regasificadora; apostaron a convertir a Uruguay en una gran mina de hierro (incluido un puerto exclusivo de aguas profundas) y el “socio” (Aratiri) terminó demandando por más de 3.000 millones de dólares y su reclamo permanece oculto; también inventaron el Fondes, ASSE y los negocios con Venezuela.

Y mientras jugaban al empresario, las verdaderas empresas se iban del país o cerraban su puertas en concurso de acreedores, abrumadas por las cargas impositivas o las reglamentaciones laborales, mientras la tasa de desocupación crecía y crecía. Así ocurrió con Colgate Palmolive, la compañía Fleischman, la automotriz china Chery o con firmas nacionales como Pili, Fanapel, Fripur, Motociclo, mientras otras intentan capear el temporal como Caputto y hasta la mismísima y muy emblemática Conaprole tiene sus problemas

De la mano del FA cada vez es más difícil la perspectiva de salir de esta situación crítica en base a la generación de riqueza. Queda recurrir a aumentos en la deuda que tiene el gobierno y que ronda los US$ 40.000 millones, el 61% del PBI. Este mecanismo ha sido uno de los preferidos de Astori. El problema es que en la medida que el déficit se va ampliando, los aumentos anuales en el total de deuda son más grandes y el proceso de deterioro de la capacidad financiera es más visible. Además hay un límite que ya se ve muy cerquita: la pérdida del grado inversor, lo que supone una suba en las tasas de interés.

El otro mecanismo es el típico del FA: subir impuestos. Y ya lo ha anunciado. En su programa de gobierno habla de la revisión (y no a la baja) de la tasa del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y el aumento del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF). Uno golpea en empresas y actividades económicas que aún funcionan en el país , el otro va directamente al bolsillo o la cartera del contribuyente. El objetivo: seguir financiando el Estado frenteamplista, muy obeso, bastante saqueado y sumamente incapaz.

La alternativa es clara: solo el cambio es esperanza.