La pandemia de coronavirus ha dejado dos cosas en claro. Primero la importancia del periodismo de calidad, frente a la corriente de noticias falsas y desinformación que circula en internet.

La segunda, la debilidad de las empresas de medios, que debido a la competencia desleal de las plataformas de internet, en vez de aumentar su inversión en periodistas y herramientas de investigación, han debido recortar sus plantillas y disminuido su capacidad de aportar a la información de interés público.

Ante esta situación, los gobiernos de los países más avanzados han buscado mecanismos para apoyar y potenciar a las empresas de medios y al periodismo. Nueva Zelanda, por ejemplo, acaba de anunciar un fondo de 55 millones de dólares para distribuir entre los medios, que deberán “competir” por el dinero en función de ciertos parámetros de beneficio general a la sociedad. Francia, por su lado, se alió con los medios para presionar a las plataformas como Google y Facebook para que paguen de manera equitativa a los medios por la utilización de sus contenidos.

Cada vez que un lector busca una noticia en Google, o postea y comenta en Facebook, genera ingresos a esas empresas y no a quien la desarrolló. Un estudio publicado por el New York Times estimaba que en 2018 tan solo Google había ganado casi 5 mil millones de dólares en base a explotar los contenidos de los medios tradicionales de prensa.

Pero la “batalla” que más ruido ha generado es la que está teniendo lugar en Australia. Siguiendo el camino francés, el gobierno australiano redactó un proyecto de ley para forzar a las plataformas de internet a negociar de manera equitativa con los medios tradicionales, un pago razonable por el aprovechamiento de sus contenidos. La ley busca que las partes se sienten a negociar, con la amenaza de que si no hay un acuerdo privado, un ente regulador podría intervenir y definir cual sería el precio óptimo a pagar.

Varias de estas empresas de internet se han allanado a negociar, incluso antes de que se vote la ley. Google acordó un pago a los medios a través de su servicio Showcase, con el que también tiene acuerdos en Argentina y Brasil. Microsoft, también ha apoyado un acuerdo con los medios, y su CEO, Brad Smith, afirmó que se trata de un intento positivo por equilibrar las posturas en una negociación.

El que ha decidido no solo rechazar cualquier acuerdo, sino declarar una guerra virtual contra el gobierno australiano es Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Whatsapp e Instagram, tres de las plataformas más populares, y de las que más dinero facturan con las noticias generadas por otros. Como represalia por el simple tratamiento de esta ley en un parlamento democrático, Zuckerberg decidió prohibir en sus plataformas en Australia, cualquier intercambio o lectura de noticias. Es más, incluso se han visto afectados sitios web de hospitales, organizaciones no gubernamentales de servicio público y caritativas. Una pulseada que el exgerente de Facebook en Australia, Stephen Scheeler, ha calificado como “una desvergonzada exhibición de poder corporativo”.

No es exagerado afirmar que todo el mundo tiene hoy los ojos en Australia para ver en que termina esto. Un conflicto que el analista uruguayo Gustavo Gómez, que tuvo responsabilidades en el tema medios en gobiernos del Frente Amplio, calificó como un “chantaje”, ya que estas plataformas admiten que “se están quedando con dinero de los medios y los periodistas, y que deben pagarles, pero les ofende que les digan a quién y cuánto pagar”.

El público en general bien podría cruzarse de brazos y pensar que se trata de una puja de intereses que en poco afecta al ciudadano de a pie. Cometería un gravísimo error. La calidad democrática de una sociedad, el diálogo civilizado y el intercambio enriquecedor, precisan de espacios de debate de ideas y de difusión de información creíble, sobre la que se pueda construir y enriquecer el diálogo. Estas plataformas no aceptan las leyes nacionales ni de un país como Australia. Y han mostrado que su afán de lucro está muy por encima de cualquier tipo de responsabilidad social, permitiendo la difusión de información basura, y dando voz a los extremos más radicales. La misma plataforma Facebook que ahora apaga a las noticias en Australia, es la que el año pasado “no pudo” evitar que un extremista de derecha transmitiera en vivo allí la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda, donde murieron 51 personas.

Los próximos meses serán claves para definir el panorama mediático informativo del mundo del futuro. No estaría mal que el propio gobierno uruguayo pusiera un ojo en la “Batalla de Australia”.