EDITORIAL

La gran política social de estos gobiernos socialistas no ha consistido en poner en práctica programas justicieros, o proyectos de elevación humana de los ciudadanos. Nada de eso. La gran política social ha sido incrementar en 70 mil el número de empleados públicos.

Se acaba de difundir un trabajo del BID titulado "Actualización de la Presión Fiscal Equivalente", en el que se analizó aspectos tributarios de 23 países de América en base a información de 2015. Las conclusiones son contundentes y muy malas para el país como lugar para hacer negocios. En efecto, la presión representa para este estudio el 33,2% del PIB, unos 17.715 millones de dólares, insuficientes para atender las necesidades presupuestales deficitarias en unos 2.000 millones o 4 puntos más del PBI. Uruguay es para este estudio el tercer país en materia de presión fiscal, y un 25% por encima del promedio. Nos supera en presión Argentina, que viene proponiendo instrumentos claros para reducirla, y Bolivia. Sin llegar a la bajísima presión tributaria de países quizás no muy comparables —Guatemala, República Dominicana— nuestra presión fiscal supera en más de 10 puntos la de Paraguay (20,3%), Chile (26,16%), Perú (19,64%), Colombia (24,3%) o Ecuador (23,6%). Así, nuestra imposición según el mismo estudio se parece a la de la OCDE de países desarrollados, y subraya lo que siempre hemos sabido: pagamos impuestos como el primer mundo, pero recibimos servicios del tercero.

El estudio destaca el crecimiento de este guarismo en nuestro país y en otros, y nos hace pensar acerca de la fisonomía de país que promueve este binomio de impuestos confiscatorios y gastos inútiles. Sobre esto último no puede haber dudas: la gran política social de estos gobiernos socialistas no ha consistido en poner en práctica programas justicieros o proyectos de elevación humana de los ciudadanos. Nada de eso. La gran política social ha sido incrementar en 70 mil el número de empleados públicos, y consistentemente aumentar los impuestos y el endeudamiento.

Es por eso que en este contexto de infierno tributario lo de UPM resulta difícil de digerir. Pone en evidencia que para invertir en serio hay que lograr exoneraciones permanentes, y en especial presionar para que se realice la infraestructura a la medida de sus negocios. Justo en un año de ajuste fiscal, en el que varios sectores tan agropecuarios como UPM están en graves problemas aun con precios que no son malos, justo en este año armar este jolgorio para UPM molesta bastante.

Mucho peor resultan las discusiones oficiales acerca del modo de "mejorar" la eficiencia del impuesto a la renta simplemente para recaudar más y capturar rentas que se escapan, y metiéndose cada vez más en la intimidad de la gente. En este contexto resulta inaceptable seguir midiendo la eficiencia tributaria en términos de equidad en la distribución del ingreso, a partir del efecto del impuesto a la renta para corregir la concentración del mismo. Supuestamente para los "tributaristas" resulta socialmente mejor castigar las diferencias de ingreso, y sacar a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Pero esto no es en absoluto justicia. En efecto, no existe ningún nexo causal entre la pobreza de algunos uruguayos y la riqueza de sus compatriotas. La escasez de recursos de algunos uruguayos se emparenta más con la política agrícola europea, o con la política monetaria de Estados Unidos, o con la política comercial de China, que con el éxito económico de otros uruguayos. De ahí que sacarle a unos uruguayos para darle a otros sea injusto y, a estos niveles de presión fiscal, totalmente castrador del espíritu necesario para hacer negocios. Es más, nuestros gobernantes cargan impuestos como si el mundo entero estuviera desesperado por invertir aquí.

Y finalmente otra idea de fondo: no es función de los gobiernos y sus políticas tributarias emparejar los ingresos, no es su papel legítimo, no es para eso que reciben el poder por delegación de la sociedad. La función de los gobiernos con sus impuestos es generar bienes públicos, pero no sacar a Juan para dar a Pedro. Esos bienes públicos son: educación, seguridad, infraestructura, todos bienes públicos que con un 33% de presión fiscal y 4% de déficit están como están. El gobierno con su impuesto a la renta no ha logrado demasiado lo que ha querido, que es sacar a Juan para dar a Pedro, y no ha generado los bienes públicos que se necesitan. Y además nos han querido hacer creer que la sociedad anterior sin impuesto a la renta era menos justa que ésta, o que para avanzar en justicia hay que "mejorar"el IRAE cuando notoriamente para avanzar en justicia quizás habría que derogarlo…

Basta pues de IRAE porque lo que se quiere "mejorar" no lo hace superior en términos de justicia, ya que esta sale corriendo cuando se la emparenta con su caricatura, que es suponer que si todos ganan lo mismo estamos en una sociedad mejor.