editorial

Autoridad y autoritarismo

Seguramente sea una de las consecuencias indirectas de la dictadura. O puede ser también que responda a una concepción infantil del orden en sociedad y de la libertad ciudadana. Pero lo cierto es que hay una parte importante de la opinión pública que vive muy mal que se ejerza la autoridad del Estado y que ella se traduzca en represión policial.

Hay una definición clásica del Estado que dice que tiene el monopolio de la violencia legítima en un territorio soberano y que ella es ejercida sobre la población que allí vive.

Ese monopolio admite pues que la violencia en la sociedad existe. Pero es una concepción que también define que esa sociedad organizada se ha dado una institución —el Estado—, y que ella será la única que podrá ejercer esa violencia legítimamente. Lo hará entonces de acuerdo a lo que marca la ley, que en democracia es votada y promulgada por los representantes del pueblo.

Esta forma de ver las cosas es la que en los países de primera permite a la policía actuar legítimamente y reprimir con todo el peso de la ley. Y es también la que hace que en esos países sus policías sean respetadas y apreciadas como corresponde.

En vez de ver a la policía como un enemigo a combatir, una persona a insultar o un instrumento para beneficio de las clases económicas poderosas, se la ve como el instituto que debe velar por el orden y la seguridad, lo que incluye, claro está, al ejercicio de la represión en circunstancias concretas.

No hay autoritarismo allí, sino simple aplicación del principio de ordenamiento elemental que la sociedad se da cuando decide organizarse y definir potestades de violencia legítima para la acción del Estado. Cuando hay desmanes en una cancha de fútbol; cuando hay que desalojar a ciudadanos que ocupan oficinas públicas; o cuando hay que perseguir el delito de bandas organizadas, por ejemplo, la policía tiene la responsabilidad de hacerlo.

Y muchas veces debe hacerlo con violencia, porque está enfrentando además a gente violenta.

El enorme error en el que cae una parte de la opinión pública, que por lo general se autodefine de izquierda, es que ella siempre está pronta para criticar la actuación policial porque pudo haber sido excesiva o pudo haber cometido errores.

Y si bien es cierto que es muy saludable y democrático exigir calidad y profesionalismo a la actuación policial, también es importante partir de la base de que en los enfrentamientos entre barra- bravas y policía en un estadio de fútbol, o entre estudiantes radicales que ocupan una oficina pública y fuerzas policiales, por ejemplo, hay una parte que es el brazo armado de la ley y que tiene la obligación de reprimir, porque es ella quien debe garantizar el bien supremo de la convivencia colectiva: la libertad en el orden.

Esto es cierto ahora pero era también cierto antes, es decir, en la década del sesenta cuando el país sufrió el ataque a sus instituciones democráticas por parte de los extremistas de izquierda. Hoy, a nadie escapa que detrás de ciertas críticas izquierdistas hay concepciones seudo anarquistas o similares, que lo que preferirían sería que no hubiera Estado, o que no fuera la nuestra una sociedad liberal.

A nadie escapa tampoco que en nuestros días hay también otro tipo de críticas, que simplemente insultan a la policía porque de lo que se trata es de desprestigiar a quien se ocupa del combate a la criminalidad.

Pero la verdad es que cualquiera que haya visto alguna vez una actuación policial decidida en los países de primera, Estados Unidos, Canadá, Francia o Alemania por ejemplo, o también en los países del norte de Europa que son modelo para tanto socialdemócrata reconvertido que anda en la vuelta, notará fácilmente que esas policías no se están con chiquitas al momento de actuar. No hay más que ver en YouTube cómo fue el desalojo de los "occupy de Wall Street" en 2011 para entender de qué va la represión en serio en un país de primera.

Y es que a ninguno de esos países se les ocurre que haya estudiantes o activistas que por sí y ante sí decidan ocupar durante horas o días oficinas públicas, espacios públicos o rutas y carreteras, y que puedan quedar tan campantes haciendo lo que les plazca y sin que ello tenga consecuencias. En esos países de primera se tiene claro que permitir este tipo de manifestaciones implica violar derechos de la sociedad toda entera. La mayoría ciudadana, de izquierda y derecha, acepta allí el ejercicio de la autoridad. No cree que eso sea ningún autoritarismo.

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