Hay una herencia que dejó el Frente Amplio a este gobierno que es pública y notoria: la situación de la economía uruguaya que ya, desde pique, compromete su marcha y sus proyectos.

Con números relativamente buenos sería otra cosa. El problema es que no existen y es necesario sobrevivir con lo que se tiene.

Hay que remontar un déficit fiscal que anda por el 5% del PIB, bastante más alto del que se alcanzó cuando la crisis del 2002-2003. Para hacerlo más gravoso ni siquiera se procedió al ajuste de las tarifas públicas en el período que siempre se hizo y se pasó la carga olímpicamente al nuevo gobierno que debió hacerlo con retraso. Una pequeña mezquindad que costó decenas de millones y sumó a situaciones peores: la deuda bruta del país anda por una cifra que oscila en los 60.000 millones de dólares (y para empezar hay que pagar intereses), hay un sensible aumento del desempleo y empresas fundidas que cerraron sus puertas o pasaron a engrosar la larga lista del concurso o concordato.

Todo ello integra el gran panorama del país, pero cuando se afina y se baja a la realidad, se observa que además de esa calamidad o junto con ella, ha habido gastos “sorprendentes” por parte del Estado que se desconocen o no están justificados. Y cuando se reclamó esclarecerlos, optaron por la negativa. Se rechazaron comisiones investigadoras, se ignoraron pedidos de informes del Parlamento o se omitieron las observaciones del Tribunal de Cuentas.

La transparencia y no el ocultamiento es imprescindible en un Estado cuando se trata del dinero que aportan los ciudadanos. Y para saber, si no hay o no hubo voluntad de informar, las auditorías son un instituto imprescindible. Fueron una promesa de campaña del presidente Lacalle Pou y ya comenzaron. En solo una semana de instaladas en el Mides se detectó una fuga de $ 10 millones por alquileres impagos en un refugio que debía realizar una de las ONG que se contratan y otros $ 4 millones de otra ONG por incumplimientos con el BPS.

El semanario Búsqueda había anunciado que desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Ganadería se estaba ajustando los últimos detalles para que funcionen auditorías que permitan transparentar las gestiones anteriores y, obviamente, que se irán sumando otras reparticiones del Estado.

Lo del Mides no fue sorpresa, estaba cantado. Y el ministro Pablo Bartol lo sabía y estaba preparado. Desde su fundación en el 2005 fue un baluarte político del FA. Tiene unos 1.500 funcionarios y contrata los servicios de innumerables ONG, al punto de que su número y sus nombres nunca pudieron ser precisados. Se inició con un presupuesto de US$ 65 millones, más tarde, en 2014, pasó a US$ 172 millones y ahora anda por los US$ 300 millones, lo que da un total de más de 2.000 millones de dólares gastados desde su inicio en planes de asistencia social. En lugar de ir reduciendo sus gastos a medida que -gracias a su labor- desaparecía la necesidad de ayuda social en el país, fue aumentando como si la gente viviera cada día peor o sus usuarios se multiplicaran.

Se estima que durante el último gobierno de Vázquez, desconoció unas 270 observaciones del Tribunal de Cuentas -contrataciones directas incluidas-, un récord muy difícil de empardar.

Por su parte el titular de Ganadería, Carlos María Uriarte reconoció que piensa encarar estudios y auditorías en algunos ámbitos del Ministerio, y mencionó la Dirección General de Granja (sobre la cual ya hay un proceso penal en marcha) y el Sistema Nacional de Información Ganadera donde está en juego el tema de la trazabilidad del ganado, pero no descartó otros. El Ministerio, dijo, “se asemeja a una anarquía donde cada uno o muchas partes (unidades ejecutoras) hacían independientemente lo que les parecía que debían hacer sin la debida coordinación”.

También sobrevuela el Fondes en el tema de las auditorías y los 70 millones de dólares que se quemaron por prender una “velita al socialismo” (Mujica dixit), con Alas-U y Envidrio como sus principales protagonistas y las 12 sillas que compró Ancap a $ 92.000 cada una además de otras cuestiones del ente petrolero que han quedado pendientes.

Hay mucho por delante y no hay que olvidar el art. 25 de la Constitución que, hablando de la responsabilidad del Estado establece que “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obra-do con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.