A mediados de octubre del año pasado, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hizo una actualización de los primeros resultados de las auditorías instaladas en diversos organismos, tal como habían prometido el presidente Lacalle Pou y la coalición republicana en la campaña electoral.

Destacó que se había encontrado “un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos y muchas actuaciones que se apartaban de las normativas vigentes e incluso que se actuaba sin normativa”. Y concluyó que “el Poder Ejecutivo a partir de hoy avanza con investigaciones administrativas en cada una de esas actuaciones y luego, de acuerdo a los elementos que surjan se enviarán a la justicia”. Como debe ser

En aquel momento los organismo cuestionados no tenían gran visibilidad: eran -por citar algunos- la Dirección Nacional de Viviendas, la Oficina de Víctimas del Terrorismo de Estados, la Dirección de la Granja, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación o el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, lo que dio lugar a que el senador frentista Mario Bergara, con su reconocida sagacidad, comentara que “las auditoría son una cortina de humo para ocultar el ajuste” y pasara por alto algunas investigaciones de serias irregularidades que ya habían saltado en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), un organismo que había barrido todos los récords en materia de desprecio a las observaciones de gastos del Tribunal de Cuentas: nada más y nada menos que 230.

Pero además, omitió, no leyó ni escuchó que la Ministra también había anunciado que estaban en curso otras auditorías en Antel, ANEP, más Mides, Gas Sayago y hasta la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y entonces la “cortina de humo” desapareció y dejó ver, para empezar, dos casos muy notorios: el Antel Arena y Gas Sayago.

-Antel Arena: el proyecto liderado por Carolina Cosse cuando era presidente de Antel tuvo al momento de su lanzamiento una estimación oficial de US$ 40 millones. Cuando era ministra de Industria la hizo trepar (a la estimación) hasta US$ 82 millones y finalmente el costo de la obra (real) fue de US$ 118.065.064. Lo triplicó sin sonrojarse y se pagó con el dinero de los uruguayos. Ese que ahora, pandemia mediante, escasea por todos lados.

-Gas Sayago (Regasificadora): la más inútil de las obras que pudiera imaginar el ser humano. No llegó ni al 10% de las obras proyectadas, pero dejó pérdidas totales por US$ 200 millones de acuerdo a una estimación del vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti. El director del ente por el Partido Nacional, Felipe Algorta, reclamó y se instaló de inmediato una auditoría “no solo para transparentar los millones de dólares mal invertidos, sino que van a identificar responsabilidades y eventualmente, llevarlo a la justicia”.

Pero las auditorías no pararon. Hubo más: Inefop y Envidrio hace unos meses, y ahora aparecen otros que recién toman notoriedad: las auditorías en el Ministerio de Defensa y otra vez y por otros motivos en el Mides, ese baluarte del Partido Comunista que estaba en manos de Marina Arismendi.

En el Ministerio de Defensa se registró que el Servicio de Cantinas Militares, cuyo objetivo es proporcionar al personal militar y sus familias artículos de primera necesidad en condiciones beneficiosas, entre otras cosas incorporó el despacho de medicamentos “que no cuentan con habilitación del MSP” y carecen, además de controles sobre la recaudación que se obtiene por esa venta.

En cuanto al Mides, nuevamente se observa el desprecio por el manejo de los dineros públicos; liberación de partidas con fondos pendientes de rendición, o gastos que no se justifican con la presentación de la documentación correspondiente. Nada nuevo y más de lo mismo. Sí están prontos para presentar ante la justicia las primeras denuncias sobre hechos similares que realizó la actual administración.

El país esta económicamente postrado. Lo dejaron con un abultado déficit, se nos vino encima una pandemia imprevisible y para rematar aparecen estas cosas. Sería muy interesante que, una vez por todas, el Estado aplique el artículo 25 de la Constitución: “Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiera pagado en reparación”.

Hay casos que están cantados. El Estado debe utilizar este artículo en defensa del pueblo, porque es dinero del pueblo lo que han dilapidado o hecho desaparecer. Y se evitarían muchas “cortinas de humo”.