EDITORIAL
diario El País

Atendiendo las otras prioridades

Si bien en algunos aspectos la pandemia y sus consecuencias tienen un efecto paralizante, el país igual debe funcionar aun con algunas limitaciones. Por eso fue importante el ingreso al Parlamento de la Ley de Urgente Consideración.

Es un verdadero mapa de ruta indispensable para la gestión del nuevo gobierno. Desde el momento en que se decretó hace más de un mes la emergencia sanitaria, muchas cosas quedaron postergadas a un segundo plano. Entre ellas el debate de esta ley que es fundamental para poner al país en marcha de acuerdo a lo que la fórmula ganadora prometió durante su campaña.

La oposición puso el grito en el cielo: ¿cómo es posible enviar justo ahora, con todo el asunto del coronavirus, una ley de estas características? La respuesta es obvia: ¿por qué un país no puede, a la vez que atiende la urgencia sanitaria, social y económica, empezar a discutir otros temas pendientes?

Por eso, mal que le pese al Frente Amplio, fue una buena decisión enviar esta ley aunque se sigan sacando conejos de la galera para cuestionar el procedimiento. En un comienzo se dijo que la coalición presentaba una propuesta secreta a espaldas de su electorado. Sin embargo, los hechos siempre desmintieron ese supuesto.

Primero y todavía en campaña, Lacalle Pou defendió su iniciativa diciendo que el proyecto se apoyaba en su programa de gobierno. Luego, el 22 de enero y todavía en época de transición, se presentó un borrador a los socios de la coalición que fue ampliamente difundido. Más cerca en el tiempo, el proyecto se repartió a todos los legisladores diez días antes de su ingreso oficial. Por lo tanto, secreto no hubo nunca.

La única genuina (y también legítima) razón que tiene el Frente Amplio para oponerse a la ley de urgencia, es que la ley no le gusta. Y como afirma el dicho, sobre gustos no hay nada escrito.

El otro argumento frentista es que la ley sería inconstitucional por la simple razón de que es muy larga y abarca muchos temas a la vez. Sin duda es muy larga y sin duda abarca muchos temas a la vez. Pero eso no la hace inconstitucional. La Constitución establece cómo debe procesarse una ley de esas características, pero nada dice sobre su contenido ni su extensión. Ni debería decirlo, ya que el contenido de una ley responde a una coyuntura concreta, propia de cada tiempo y cada gobierno, y solo su forma de ser discutida es lo que fija la Constitución.

Por lo tanto ningún argumento se sostiene. La única genuina (y también legítima) razón que tiene el Frente Amplio para oponerse a ella es que la ley no le gusta. Y como afirma el dicho, sobre gustos no hay nada escrito. Así que será en el Parlamento donde el tema se dilucide.

Un asunto interesante es que durante la discusión interna de la coalición, que se inició el 22 de enero, se introdujeron modificaciones al borrador atendiendo argumentos de los socios. Pero no todos esos argumentos fueron tomados y algunos aspectos originales se mantuvieron en el proyecto enviado esta semana.

Es evidente que al actuar de esta forma el presidente pretende dejar claro cuales son los temas que a él le importan y deberían estar en la ley. Pero a la vez está abierto a lo que sus socios de la coalición modifiquen y resuelvan. No se hace drama por ello.

De todos modos, llama la atención que Cabildo Abierto y algunos colorados no estén de acuerdo con promover la desmonopolización de Ancap. Argumentan que ello pondría en riesgo la existencia de la empresa estatal, lo cual sería atendible pero no es lo que la experiencia demuestra. Cuando hace unos años se desmonopolizó el negocio de los seguros, el BSE logró reformularse y ser un agente fuerte en el mercado. La existencia de una oferta diversificada en la telefonía celular no parece haberle hecho mella a Antel, que hasta contó con recursos para construir al cuestionado Antel Arena.

Con la fibra óptica salvó a la telefonía fija que permite acceder a Internet, que se guardó en forma de monopolio, al nunca autorizar la competencia de los cableoperadores. Una ley de 2002 (y a la que se opuso el Frente Amplio) estableció un nuevo marco regulatorio del sistema eléctrico nacional que dio espacio a prestaciones privadas y si bien no desmonopolizó a UTE, permitió que otros actores intervinieran para brindar electricidad. Gracias a esa ley Tabaré Váz-quez, durante su primera presidencia, impulsó una firme política para que Uruguay tuviera sobrado abastecimiento de energía eléctrica.

No es bueno ser dogmático en este tema porque los monopolios nunca son saludables. En definitiva, la ley ya está en el ruedo y en estas semanas dará mucho que hablar. La pandemia pegó duro al país y sigue siendo prioridad. Pero eso no impide que igual siga funcionando en sus otras prioridades.

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