Editorial

Ataques a la ley de riego

Son comprensibles sus advertencias sobre el peligro que representa el aumento de los plaguicidas si se extienden los plantíos, pero es igualmente cierto que esas opciones abren oportunidades de mejora en el estándar de vida de mucha gente.

Al gobierno del Frente Amplio le está tocando tomar de su propia medicina. Se enfrenta a la máquina de impedir, esa que fue una constante que debieron soportar los gobiernos de los partidos tradicionales, como por ejemplo el de Luis Alberto Lacalle. Cada vez que trató de aplicar medidas modernizadoras que permitieran destrabar al país para hacerlo avanzar, tuvo que vérselas contra esta formidable maquinaria. A la que a veces dieron también manija —hay que reconocerlo— políticos del Partido Colorado y gracias a ello se pateó al país para atrás. Se derogaron artículos de la necesaria ley de Reforma de las Empresas Públicas y la bancada de Sanguinetti no acompañó la urgente Reforma de la Previsión Social, que sí contó con los votos del Partido Nacional en la segunda presidencia del mismo.

Ahora la reforma de la Ley de Riego, una interesante iniciativa surgida desde el propio Ejecutivo, aunque no de su seno más profundo sino de la cartera dirigida por el ministro Tabaré Aguerre, en cierta forma un outsider, es el blanco elegido por el gremio de la OSE, (cuándo no), acompañado por supuesto, (no podía ser menos) por el Pit-Cnt. Nuevamente, la demonización de la ley pasa por la consabida consigna. ¡NO A LA PRIVATIZACIÓN! Los mismos manidos cucos que se utilizan ante cualquier reforma. En el tema del agua consiguieron meter en la Constitución, referéndum mediante, 14 años atrás, el absoluto control del agua potable y su suministro dentro del monopolio de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). Una serie de obligaciones para el ente estatal que lejos han quedado de ser cumplidas. Basta con tomar nota de las denuncias sobre las pésimas condiciones de las tomas de agua en la planta de OSE en la cuenca del Santa Lucía, donde se extrae el vital líquido para la población montevideana. O las consabidas pérdidas de agua corriente, durante días y días, que se han visto demasiado a menudo en diferentes lugares y barrios de la ciudad.

Cabe aclarar que la reforma incluida en el Referéndum del 2004, cuando Tabaré Vázquez llegó a la presidencia, no habla de que el agua de riego tenga que ser manejada por una empresa pública. A finales del año pasado, el senado votó lo que viene a sustituir la Ley de Riego de 1997 ya existente, la cual no dio una buena respuesta en términos de sistemas de riego. El proyecto que será tratado próximamente en Diputados apunta a fomentar la creación de fuentes de suministro a través de sociedades de productores, así como el desarrollo de sistemas multiprediales que permitan la inclusión de productores que con el régimen actual tal vez no tengan la capacidad financiera para acceder en forma individual a las posibilidades que ofrece el riego. Una de sus novedades es que permite a actores que no sean productores agropecuarios e incluso podrían ser extranjeros, el participar como socios, —¡Ojo! Socios— en empresas de riego, aportando capital. Una forma de que los pequeños productores con pocos recursos, esos que no pueden hacer la inversión por cuenta propia para obtener riego para su producción, razón principal de la escasez de producción con riego en nuestro país, puedan tener acceso a un servicio hídrico conveniente para su negocio. Pero de inmediato saltó el gremialismo de izquierda como toro ante capote rojo. ¡Detrás se esconde la privatización del agua! ¡Anatema!

El actual Ministro de Ganadería, aunque no es el padre de la criatura, afirma que el riego es fundamental para evitar daños como los provocados por la sequía en la última cosecha de soja, con rendimientos que cayeron a la mitad del promedio histórico. En la actualidad el riego es utilizado sobre todo en el arroz, la hortifruticultura y la caña de azúcar. Con la creación de asociaciones agrarias de riego se busca extender esta modalidad a la agricultura de secano, soja, maíz, sorgo, etc. Y a ese respecto los que saltaron fueron las ONG, los ecologistas. Los que creen, muchos de buena fe, que hay que seguir siempre igual, no cambiar nada y vivir de manera rudimentaria, al costado del progreso, en nuestra verde penillanura. Pero ni tanto, ni tan poco.

Son comprensibles sus advertencias sobre el peligro que representa el aumento de los plaguicidas si se extienden los plantíos, pero es igualmente cierto que esas opciones abren oportunidades de mejora en el estándar de vida de mucha gente, como ya se ha visto con la revolución agraria experimentada en los últimos tiempos. Algo que a la vez contribuye a que el campo no pierda población evitando que tanta gente se vuelque a la ciudad en la vana esperanza de mejorar, al tiempo que aumentan los asentamientos en la periferia.

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