EDITORIAL

El caso es un espanto. Esas historias humanas que conmueven incluso a los más fogueados cronistas de las páginas policiales. Una joven de tan solo 28 años, con cuatro hijos a cargo, que debe ejercer la prostitución para poder mantenerlos. Angustiada ante las urgencias económicas, accede a salir con un “cliente”, dejando a sus hijos, entre ellos a un bebé de 5 meses, a cargo de la mayor de sus vástagos, de apenas 12 años.

El resto es conocido. El pequeño sufre un episodio de “muerte súbita” en ausencia de la madre, mientras estaba bajo custodia de su hermana. El episodio llega a la justicia, y en un acuerdo abreviado de los que habilita el nuevo código, se condena a la madre por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad a ocho meses de libertad vigilada. Además, la madre deberá permitir atención psicológica para toda la familia, y que el INAU realice un seguimiento estricto de los menores.

A partir de este fallo, se desató una tormenta política y social, donde todo el mundo se sintió con derecho a opinar, y dar cátedra de Derecho, moral y buenas costumbres. Y en la “volada” sancionatoria cayeron la jueza, la fiscal, la madre, los medios de prensa, la sociedad... Y no faltaron las invocaciones moralistas a la perfidia del patriarcado y la lucha de clases, seguramente causantes si no del drama original, de una sanción contra una joven madre abandonada, cuyo mayor pecado habría sido salir a buscar recursos para mantener a sus hijos.

Lo primero que cabe hacer es centrarse en el tema de la condena. El historial de los niños muestra que la joven era una madre presente, preocupada, y que los tenía bien cuidados, de acuerdo a sus posibilidades. La ocupación de la mamá, no hace en nada al fondo del asunto. Ahora bien, más allá de todo esto, la joven cometió una acción reprochable, si no por la sociedad en general que podrá entender las condicionantes, por el derecho penal vigente. El hecho de que una madre deje a un bebé de 5 meses bajo la custodia de una niña de 12 años está mal, y es una violación a los deberes asociados a la patria potestad. No hay dos visiones al respecto.

En tal sentido, tanto la jueza como la fiscal no tenían mucho margen para tomar medidas diferentes a las que tomaron. De hecho, lo que están haciendo es dictar una condena que no tiene cumplimiento efectivo, y buscar que el estado haga un seguimiento de los menores y su situación familiar. ¿Qué otra cosa podía hacer el sistema de justicia?

Y sin embargo, las últimas horas se han llenado de comentarios absurdos y sectarios, que en vez de buscar entender la realidad, solo atribuyen culpas y responsabilidades a quien no las tiene. La jueza y la fiscal, como se ha dicho, cumplieron con su trabajo. Los medios, cumplieron con informar, y si hay algo que reprochar, en El País nos hemos cuestionado la primera versión publicada el lunes, en la que se decía que la madre había salido “a bailar”, cosa informada en su momento por una amiga que seguramente tuvo intención de no hablar de lo que hacía la madre. Y luego, como mucho, haber mencionado el nombre de pila (sin apellido) de la sancionada, algo definitivamente menor en este contexto.

Pero si vamos a buscar responsables, tarea que a esta altura tiene poco interés salvo para evitar la repetición de un caso semejante, habría que empezar por el Estado y sus servicios sociales, que brillaron por su ausencia a la hora de prevenir este trágico hecho. Con el agravante de que la madre afirmó que ejercía la prostitución para tener un ingreso que no afectara sus beneficios de asistencia social. ¿Cómo puede ser esto?

En el colmo de la hipocresía y mala fe, la jerarca de la intendencia de Montevideo Fabiana Goyeneche se animó a sugerir que se trataba de un tema de patriarcado y discriminación social. ¿Qué tiene que ver el patriarcado? La justicia aplicó la ley vigente. Si la ley no es buena, ¿por qué no la cambia la Dra. Goyeneche y su partido, que tienen mayorías propias en el parlamento hace 15 años? ¿Por qué no apunta Goyeneche contra el Mides, y la cantidad de burócratas que cobran pingües sueldos para encargarse de que exista una red de protección social que evite estas tragedias?

Pero hay algo más grave, que cualquiera con formación legal debería saber. El sistema penal de un país, su credibilidad, es la última barrera civilizatoria que nos evita caer en la ley de la selva. Si por motivos de agenda política o fanatismo, lo bombardeamos y lo ponemos en cuestión, nos estamos pegando un tiro en el pie. Que sea difícil de entender para alguien en un asentamiento, con escasa formación, es comprensible. Que lo hagan políticos con formación universitaria, es imperdonable.