EDITORIAL

Ataque inmerecido

El año pasado la cosecha de soja representó un 13% del total de exportaciones, pero en el 2018, con condiciones muy desmejoradas, si se sigue castigando al agro con insumos fuera de la lógica competitiva, será muy difí-cil no tener una pobre performance.

Cualquiera que haya tenido, no la dicha, sino el castigo de oír al secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala, el jueves pasado, habrá podido apreciar su grado de radicalismo y cuánto enceguecimiento puede llegar a tener, al menos para la tribuna, un dirigente sindical. Con un discurso dirigido a encender el odio de clases, al enfrentamiento entre los uruguayos y con gran manipuleo de la realidad, aparte de lanzar frases apocalípticas como "derrotaremos a las clases dominantes..." cargó duramente contra los autoconvocados, con incriminaciones acusatorias.

Por ejemplo, los acusó de haberse organizado, como si eso fuese un delito, algo malo, en un país como el nuestro donde felizmente rigen las libertades individuales al contrario de lo que sucede en los países con los cuales él y sus compañeros de la izquierda simpatizan. Como ser la Venezuela de Maduro o la Cuba de los Castro. Otra de las imputaciones claramente dirigidas a crear la discordia y el enfrentamiento entre la gente que engloba a quienes producen y viven del agro, fue que detrás había fines políticos. Otra vez como si viviéramos en una nación de partido único, de esas de las que sigue evidentemente siendo gran adepto, como la Unión Soviética en sus tiempos o la modernizada pero igualmente totalitaria China de ahora.

Y por supuesto la cizaña una vez más con la innegable intención de dividir al movimiento, algo que hasta la fecha no han conseguido, afirmando que la protesta surgida espontáneamente era fogoneada por los grandes terratenientes, para sus propios intereses y no el de los productores chicos. Ahora bien, entre los principales reclamos del sector acaba de ser remarcado nuevamente en la reunión de esta semana con el gobierno, el pedido de bajar los combustibles. Porque las medidas digitadas y parciales, anunciadas con bombos y platillos por Presidente y Ministro, no alcanzan. Son soluciones parciales que no atacan el problema básico; no hay cómo competir si los insumos locales son mucho más elevados que los de nuestros vecinos y competidores. La verdad es que los uruguayos pagamos US$ 1.262 millones demás en combustibles los últimos 3 años.

En concordancia con este planteo, una reciente investigación periodística de El País publicada el miércoles 21, confirma en blanco sobre negro, con cifras contundentes, el alto valor del combustible aquí. Basado en los datos proporcionados por la propia Unidad de Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que como ya se sabe no es una oficina en manos de la oposición, aunque en su directorio uno de sus tres miembros lo sea. Integración multipartidaria que no se respetó bajo Mujica.

Sin embargo, a la ministra Cosse no se le mueve el jopo cuando dice que importar combustibles no es más barato para el consumidor, que refinarlos en La Teja. A la vez, durante un taller para periodistas realizado en agosto, Ancap aseguró que refinar en Uruguay fue en el 2016, US$ 69 millones más barato, que importar. Así se leyeron luego en la prensa, titulares con esta noticia del supuesto ahorro (las fake news nacionales), que llevaron agua para su molino.

Según los técnicos del Ente, la Ursea (en ese momento estaba en proceso de ajuste) subestimaba algunos de los precios del proceso de importación. Pero en el informe de diciembre 2017, la reguladora utilizó la nueva metodología, donde se incluyó el costo que para Ancap tiene cumplir con los mínimos de mezcla de biocombustibles exigida por la ley impulsada por el FA. Los cuales se compran a Alur (otro agujero negro estatal) bastante más caros que en la región. Se constató que en ese mes los uruguayos pagaron un sobrecosto respecto de la paridad de importación, en los tres combustibles. Los números sobre el consumo mensual provienen del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Es evidente que el planteo de los agropecuarios es fundamentado y no solo se trata de pensar en ayudar a un sector de la economía en problemas. Porque así como el gobierno puede ufanarse de que el PIB creció un 2,7% el año pasado en relación con el 2016, cuyo crecimiento fue del 1,7%, hay que fijarse de dónde provino ese impulso. Por el consumo y las ventas al exterior que marcan un crecimiento en los últimos meses del 7%. El trimestre previo fue un 8,1%.

El año pasado la cosecha de soja, en un año muy bueno, representó un 13% del total de las exportaciones, pero en el 2018, con condiciones muy desmejoradas, si se sigue castigando al agro con insumos fuera de la lógica competitiva, será muy difícil no tener una pobre performance, que finalmente le hará daño a la actividad económica del país todo.

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