Se ha puesto en funcionamiento una diabólica maquinaria de recaudar que ha colocado al Uruguay entre los países en vías de desarrollo de mayor presión tributaria en relación con su Producto Bruto Interno.

Las denuncias en ASSE son un lamentable ejemplo del manejo de los dineros públicos. Mil millones de dólares por año es lo que gasta ASSE en la prestación de los servicios de Salud; recursos que provienen del bolsillo de la población.

El Estado, incluyendo la Administración, empresas públicas, sociedades de derecho privado y personas de derecho público participan de una estrategia ideológica que, respaldada por mayorías regimentadas, ha querido imponer un modelo reñido con la modernidad y las exigencias que requieren resultados debidamente evaluados.

Por un lado se distingue negativamente la labor del Ministerio de Economía, gestionado por el mismo equipo desde que el FA es gobierno. Con un ministro Astori responsable de la relación ingreso-gasto en tiempos en que la economía ya mostraba signos de recuperación luego de la dura crisis sufrida en la región.

A pesar de que la coyuntura internacional jugó a favor de nuestros productos y el mercado global marcó en precios como en exportaciones e importaciones los distintos gobiernos desde el 2004, en lugar de aprovechar el tiempo de las "vacas gordas" para alcanzar una razonable estabilidad macroeconómica, se concentraron en aumentar la presencia del Estado; dispararon un gasto público clientelista legislando a favor de sus socios sindicalistas de tal forma que para recaudar se puso en funcionamiento una diabólica maquinaria que ha colocado al Uruguay entre los países en vías de desarrollo de mayor presión tributaria en relación con su Producto Bruto Interno.

El resultado es un angustioso déficit fiscal de cerca de un 4%; un indicador persistente que muestra a simple vista que un andamiaje académico-ideológico se puso al servicio de una invasiva presencia del Estado en la economía central y en el rol de las depredadoras empresas públicas. A tal punto, que una evaluación de los resultados pasó a ser un objetivo secundario dejando de lado aspectos tan sensibles como la eficacia de las políticas sociales.

Por otro lado, el mercado laboral mantiene un irritante índice de desocupación del 8% sin considerar el aumento del empleo informal debido a la necesidad de los trabajadores de mantenerse lejos del alcance de las sinuosas manos del Estado. A ello se agrega un aumento de 60.000 nuevos funcionarios públicos orientado a consolidar el modelo de concentración de poder, propio de una filosofía gramsciana tan familiar al pensamiento totalitario.

Por último, el gobierno avasalla y reduce la Administración Pública a un mero instrumento de su crudo "clientelismo" populista; en otras palabras, una maquinaria dirigida a administrar los tiempos políticos con el objetivo de llegar a las elecciones y dejar para el mediano plazo los costos que las nuevas generaciones deberán asumir.

La Constitución y la ley son vistas como obstáculos y, por las dudas, hasta se trata de inmunizar al Estado con la impunidad de dejar en manos del Poder Ejecutivo la decisión de pagar lo que la Justicia y los mecanismos de Arbitraje pudieran condenarlo.

Por esas razones, el Frente Amplio no se inmuta cuando, vestido de ropaje "solidario", oculta la conducta de cientos y miles de profesionales de la salud que, con responsabilidades en la función pública, hacen negocios ilegales, contratan sus empresas privadas y se ríen del juicio colectivo de los que sufren más sus cínicos desempeños.

El "pueblo", esa conmovedora masa popular que creyó en ellos como algo diferencial, ha comprobado que sus necesidades no son la prioridad, y que si lo fueran como debe ser, ceden a intereses particulares y sindicales donde el dinero y el enriquecimiento ilícito son privilegiados.

La democracia es diversidad de opiniones, respeto entre mayorías y minorías, pero sobre todo un sistema que al consagrar la separación de poderes permite un juego de pesos y contrapesos para evitar que el Estado sea "asaltado" por gobiernos cívico-sindicales. Estos, al final, terminan postergando las expectativas de aquellos que esperan que órganos como ASSE no los tomen como la variable de ajuste de burócratas y sindicatos con alarmantes signos de corrupción.

Estamos ante una moderna "utopía" que justifica todo desvío de conducta de los "compañeros" amparada por mayorías legislativas. ¡Esta realidad no da para más! Se trata entonces de comprometerse desde todas las fuerzas políticas en rescatar el valor de la transparencia para que partidos políticos, dirigentes y gobiernos devuelvan la credibilidad a la prestación de servicios públicos que hacen a la esencia de la dignidad de toda la población. Un nuevo gobierno debe prepararse.

EDITORIAL