La ausencia de un Estado de derecho se manifiesta de diversas maneras en la pobre Venezuela, aunque no sea por falta de ricos y abundantes recursos.

Desde el petróleo en adelante, cuya producción ha caído estrepitosamente desde que el chavismo se hizo del poder. La zona del arco del Orinoco, los estados del sur, Sucre, Bolívar (¡si se levantaran de sus tumbas los libertadores!) donde abundan en sus entrañas, el oro, los diamantes, el níquel, el coltán, el uranio, es una truculenta antesala del infierno. Las denuncias provenientes de las investigaciones de Human Rights Watch, describen los horrores que se cometen en esos lugares en los que reina la ilegalidad, el contrabando y los brutales dirigentes de los sindicatos y los grupos armados locales y colombianos como los guerrilleros del ELN y de las FARC que imponen sus reglas. Los venezolanos de bajos recursos, debido a la crisis económica y humanitaria, se ven obligados a trabajar en las minas de oro en las que son explotados brutalmente, según informa José Miguel Vivanco. Por ello insiste en que “es crucial que las refinerías y los compradores de metales se aseguren que lo que provenga de Venezuela no esté manchado de sangre”. En noviembre de 1918, el presidente Trump firmó un decreto que permitió imponer sanciones a aquellos que operasen en el sector del oro, en la economía venezolana. En marzo de 1919 el Departamento del Tesoro le impuso sanciones a la minera Minerven y a su presidente por los abusos y el control ilegal de las minas.

Además de los macabros testimonios recabados sobre la brutalidad de las normas que se aplican, desde amputaciones de manos o desmembramientos con motosierras, la malaria ha aumentado ferozmente, facilitada por los pozos de las minas vacías que se llenan de agua y a que los indígenas y obreros están muy expuestos porque duermen a la intemperie. A su vez, las medicinas escasean o se venden a precios exorbitante. Se estiman más de un millón de casos en 2018, así como la violencia y la tasa de homicidios que no cesa de aumentar.

Como era de temerse cuando de una dictadura se trata, a los delegados de la Comisión Panamericana de Derechos Humanos que planeaban viajar a Venezuela para hacer una investigación in situ sobre la violaciones que se practican bajo el régimen de Nicolás Maduro, se les impidió la entrada al país. Los enviados de la CIDH ni siquiera pudieron pisar territorio venezolano, ya que la empresa Copa Airlines fue conminada por el gobierno de Caracas a dejarlos en tierra. Quedaron en el aeropuerto de Panamá, a los pies de la escalerilla y por más que cada uno tuviera su respectivo pase de embarque. La empresa optó por no meterse en líos con el mandamás caribeño y adláteres temibles como el Sr. Diosdado (ironía de nombre) Cabello que les obligaban a dejarlos en tierra. Según le informaron, habían recibido “instrucciones” de que no estaban autorizados a entrar al país. Tal lo escrito por uno de los frustrados pasajeros, vía Twitter.

Hace unos años que el gobierno venezolano tras dar un portazo, se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lamentablemente, las duras declaraciones de su Secretario General, el uruguayo Almagro, ni el contundente informe de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, hoy Alta Comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, han servido para nada. Ni tampoco que la Unión Europea y un conjunto de 60 países, importantes muchos de ellos, a los que finalmente se les cayeron las anteojeras, hoy condenen a esa seudodemocracia. Ya se ha visto y en más de una oportunidad, que no solo de comicios se nutre un sistema republicano y democrático. La pavorosa cifra de más de 7000 personas asesinadas por los esbirros del poder, los cientos de miles de presos en condiciones absolutamente inhumanas y arbitrarias o el penoso éxodo que llega a los 5 millones de personas, además de la ruina económica y las penurias de todo tipo, desde la salud hasta la escasez de alimentos, deberían haber hecho caer a ese gobierno hace tiempo. Sin embargo, por más esfuerzos que hace la oposición, los miembros de la Asamblea Nacional y el corajudo Guaidó en el papel de Presidente paralelo, no se ven en el horizonte posibilidades de cambio. El narcogobierno que involucra a la mayoría de las Fuerzas Armadas, calificado de esa manera por los propios venezolanos, muchos de ellos personas de relevante prestigio, se ríe a carcajadas de los esfuerzos de los opositores o las censuras del mundo exterior. Insultante prueba de esto fue el periplo de la vicepresidenta Rodríguez al viejo continente y su pretensión de desembarcar en España, a pesar del no reconocimiento de la UE al gobierno de Maduro.