EDITORIAL

Los amigotes de Daniel Martínez

Ancap perdió 800 millones de dólares luego de las dos primeras administraciones del FA: la primera presidida por Daniel Martínez, que elaboró el “plan maestro” de obras; la segunda presidida por Raúl Sendic, que lo ejecutó.

Al candidato Daniel Martínez no le conviene hablar de Ancap porque la memoria de los uruguayos muchas veces no es tan mala como se predica. Ancap ha sido el más formidable agujero que un ente público le hizo al país. Ochocientos millones de dólares es una fortuna aquí y en cualquier parte del mundo y esa fue la pérdida alcanzada luego de las primeras dos administraciones del Frente Amplio: la inicial, la que asumió en 2005, estuvo presidida por Daniel Martínez y elaboró el “plan maestro” de obras; la segunda, presidida por Raúl Sendic, ejecutó ese “plan maestro”.

Ancap ha estado investigada por la Justicia y hubo procesamientos. Obvio que la responsabilidad penal recae al momento de la ejecución y, en este caso, no por su planificación. Pero la responsabilidad política comprende las dos fases y Martínez no está indemne. Martínez fue un acérrimo defensor de Sendic en el Senado cuando la oposición arreciaba en sus críticas y es un socialista: “esa máquina de conseguir cargos” como ha dicho Mujica (Pepe Coloquios).

Con estos antecedentes lo mejor que puede hacer es, por lo menos, tratar de guardar silencio. Y si habla, que no sea para ensuciar adversarios por el solo hecho de tener ideas distintas sobre el manejo del ente y la política de combustibles. Porque resulta que el candidato Martínez anduvo por Buenos Aires y allí, entrevistado por Página12, no tuvo mejor idea que descalificar a Lacalle Pou, por su propuesta de importar combustible refinado para bajar su precio. “Seguramente algún amigote de alguien va a hacer mucha plata trayendo los derivados y cobrando comisiones”, dijo. Justamente, el ahorcado dando clases sobre los peligros de la soga.

Todas las obras programadas y realizadas por Ancap tuvieron como primer paso un llamado a licitación y la adjudicación operó luego, en la mayoría de los casos, con aquellas que habían ofrecido un costo menor. Pero, ¡oh casualidad!, por “imprevistos” se terminó pagando por ellas mucho más. A saber: la planta de bioetanol en Paysandú (una obra de ALUR) se adjudicó en US$ 82 millones, pero el costo final fue de US$ 142 millones. ¿Para qué se hizo la licitación entonces? La planta de cemento-portland en Treinta y Tres se adjudicó en US$ 45 millones, pero terminó costando US$ 120 millones. ¿Para qué se hizo la licitación? Acaso, algún “amigote” (¿de quién?) las ganó.

¿Y las partidas “en negro” que se pagaban a los trabajadores de ALUR desde el 2007, cuando la primera presidencia de Vázquez, Ancap presidida por Martínez y Sendic a cargo de ALUR?

Junto con Ancap, el otro desastre mayúsculo de las “inversiones públicas” fue la Regasificadora, que se supone que anda por los U$ 200 millones y que acaba de ser condenada a pagar US$ 13 millones a la constructora brasileña OAS que figura en el equipo del Lava-Jato. El ideólogo de esa iniciativa de hacer una obra faraónica en el país con el objetivo de venderle nada menos que el 90% del gas almacenado a los “tontos” argentinos ¡kirchneristas!, fue Ramón Méndez, el actual Coordinador de Programas y Contenidos de la campaña de Daniel Martínez.

Méndez y Martínez tienen una larga relación: cuando designan a Martínez ministro de Industria en el 2008, nombra a Méndez como Director de Energía del ministerio. Cesado por Carolina Cosse en 2015, fue designado Director de Cambio Climático en el Mvotma y cuando Martínez asume la Intendencia lo lleva como Director de Planificación. Toda una garantía de resurrección de la regasificadora si gana Martínez, aunque Argentina exporta el abundante gas que le sobra.

La idea de Lacalle Pou que tanto molestó al candidato del gobierno es que Uruguay adquiera el combustible ya refinado y no en bruto como lo hace ahora. Ese simple cambio hubiera evitado que entre enero y junio los uruguayos pagaran un sobreprecio en los combustibles equivalente a US$ 105,4 millones. Esa es la diferencia -según la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) dependiente del Poder Ejecutivo entre el precio abonado en el surtidor versus el precio que se hubiera pagado con libre importación de combustibles.

Lo que debería entender Martínez y su equipo es que hay gente que aspira a no pagar sobreprecios absurdos, ni a regalar su dinero. Que bastante se paga por impuestos en este país, muchos de ellos creados o aumentados a instancias de gobiernos torpes e ineficientes y por momentos corruptos. Que los ciudadanos se resisten a ser los “nabos de siempre” y seguir aportando por los horrores de otros. Que se terminó la hora de los iluminados de Ancap, de Pluna, del Fondes y la Regasificadora. Que llegó el tiempo de los ciudadanos, sus hijos y su nietos.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados