Editorial

Amenazas de ocupación

La amenaza sindical de ocupar supermercados en Navidad es otra muestra del abuso de un instrumento ilegal amparado por el gobierno y que juega en contra del interés genuino de los trabajadores.

Es la parábola de la caja de Pandora en su máxima expresión. El gobierno ha pasado los últimos días intentando estimular un acuerdo entre Fuecys y los principales supermercados, con el fin de evitar que se cumpla la amenaza gremial de ocupar las tiendas de grandes superficies durante las fiestas de Navidad y año nuevo. Y, tal como viene pasando mucho últimamente, parece ir rumbo al fracaso.

Los reclamos laborales son lo menos significativo en esta ocasión. Nadie puede dudar que los salarios en ese rubro son muy bajos, aunque viendo los resultados de los supermercados parece difícil achacar eso a una codicia desmedida de los empresarios. Pero vuelven a ponerse sobre la mesa aspectos como un pago por antigüedad, al igual que en el conflicto reciente de Conaprole, que hacen casi imposible el arreglo.

Más allá de los motivos en sí del conflicto, lo que hay que criticar es la amenaza de ocupación. Como ya se ha dicho muchas veces desde aquí, y como ha ratificado la Justicia en cada ocasión que se le ha planteado, estamos ante una medida que choca de frente con el ordenamiento legal uruguayo, y con todos los convenios laborales internacionales.

Parece insólito que el gobierno ahora busque negociar contra reloj un acuerdo que evite el escándalo de ocupaciones en fechas claves como las mencionadas, cuando él mismo ha sido el que dio luz verde a esta medida ilegítima cuando derogó el decreto que permitía desalojarlas. Una de las primeras medidas que deberá tomar la próxima administración es promover una ley que dé garantías de que las ocupaciones no tienen espacio en el sistema democrático nacional.

¿Por qué las ocupaciones son ilegales y negativas para los intereses de los trabajadores? Es bien simple.

Para empezar, el derecho de huelga se basa en que nadie puede obligar a una persona a hacer lo que no quiere. Dicho de otra forma, el ciudadano siempre es libre de ir a trabajar o no, asumiendo la pérdida del jornal en cuestión, claro. Así nació el derecho de huelga, ya que el empresario se ve en la necesidad de sentarse a negociar cuando un número significativo de sus empleados entiende que las condiciones que ofrece no son suficientes como para trabajar.

La ocupación implica algo totalmente diferente. Es, por un lado, la vulneración del derecho de propiedad de otro ciudadano con iguales derechos y obligaciones, al que se le impide el uso de un bien propio. El usufructo de una inversión productiva. Por otro lado, tiene implícita una cuota de violencia ilegal, desde el momento en que la forma en que los sindicalistas impiden que el empresario o los clientes puedan usar las instalaciones con libertad solo puede ser la violencia. Una violencia ilegítima, ya que no cuenta con el apoyo del aparato coercitivo del estado.

Es todavía más simple. Así como nadie puede obligar a una persona a trabajar cuando no quiere, nadie puede obligar a un empresario a cerrar su comercio cuando no quiere, ni nadie tiene el derecho de decirle a un cliente que no puede entrar a una tienda cuando así lo busca.

La ley uruguaya es extremadamente clara al respecto, pero como el sistema judicial lleva cierto tiempo para procesar un reclamo de liberación de un bien cuando este es ocupado, los gremios usan ese plazo para infligir pérdidas al empresario que lo fuercen a negociar. De nuevo, es una presión ilegal.

Y eso es negativo para los propios trabajadores agremiados en dos sentidos.

Por un lado porque el trabajador, reconocido por la ley como el sector más débil en el vínculo laboral, es el que más necesita que el sistema legal funcione con eficiencia. La ley en un estado de derecho es la garantía máxima para los débiles. Los fuertes, siempre se las pueden arreglar por su lado en un esquema donde la norma sea justamente la fuerza.

Por otro, porque en un país con un déficit de inversión tan grande como el nuestro, el instrumento de la ocupación es el principal "espantador" de inversiones productivas. ¿Quién querría invertir su capital en un país donde un grupo de personas un día se levantan y deciden ocuparle la empresa en las fechas de mayor facturación del año? ¿Con todas las opciones de inversiones financieras casi sin riesgo que hay en el mercado? Parece mentira que esos dirigentes sindicales no se den cuenta que se están pegando un tiro en el pie. A ellos y a todo el país. Los números actuales de empleo en Uruguay deberían ser suficientemente claros al respecto.

Ya pasó hace unos días con la distribución de combustibles. Pasó con la industria láctea, ahora los supermercados. Así no funciona un país moderno que quiera realmente progresar.

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