El ministerio de Economía no sabe cuánto costará realmente, cómo se financiará el monto total de la inversión, qué estudios existen sobre su viabilidad y cuáles son los ingresos que podrá generar.

Bien se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. El Antel Arena confirma esta sentencia ya que volvemos a tener a una empresa del Estado que acomete una obra de grandes proporciones y costos sin que el gobierno, representado en este caso por el ministerio de Economía, cuente con la información básica sobre el emprendimiento.

Así ocurrió, por ejemplo, con Ancap y su consiguiente bancarrota, cuya magnitud sorprendió incluso a la izquierda gobernante.

Como pasó en la administración anterior, el ministerio de Economía encabezado por Danilo Astori alega ignorancia sobre los aspectos clave del proyecto del Antel Arena, según lo expresó en respuesta a un pedido de informes del senador Pedro Bordaberry. El ministerio no sabe cuánto costará realmente, cómo se financiará el monto total de la inversión, qué estudios existen sobre su viabilidad y cuáles son los ingresos que podrá generar. Es decir, no sabe nada. Más o menos lo mismo que ocurrió con algunas iniciativas de Ancap y su maraña de empresas subsidiarias, casi todas ellas deficitarias, incluida la extravagante productora de perfumes.

Poco aclaran los dichos de la madre de esa obra, Carolina Cosse, expresidenta de Antel y hoy ministra de Industria, que empezó diciendo que costaría 40 millones de dólares cuando las evaluaciones más piadosas estimaban el doble desde el comienzo. O cuando afirmó que amortizaría la inversión en apenas cuatro años dado que los ingresos previstos eran de ¡10 millones de dólares anuales!, que nadie sabe de dónde saldrán. O cuando explicó en una serie de justificaciones consecutivas las funciones del Antel Arena diciendo que sería ante todo "una acción de marketing para impulsar la demanda de banda ancha", "una obra para cubrir las necesidades del turismo, el deporte y la cultura", "un polideportivo para usarlo 24 horas al día", "un predio ferial", "la creación del primer barrio tecnológico del país", un instrumento para "mejorar la integración social de una zona", "un centro de eventos multipropósito", "una plataforma de comunicación online", y un largo etcétera.

Son tantas las funciones enumeradas por la autora del proyecto que cuesta imaginar cómo será este polémico "estadio multimodal" que construirá y explotará Antel en expresa violación del artículo 190 de la Constitución que establece que los entes autónomos no podrán realizar negocios extraños a su giro. Como advirtió en su momento el Tribunal de Cuentas no hay un solo artículo en su ley orgánica que habilite al ente a meterse en semejante lío. Pero aun así, Cosse, apoyada por su sector político (el Mpp), los comunistas y el Pit-Cnt siguió adelante contra la inicial oposición planteada por Tabaré Vázquez —secundado por Astori— no bien llegado al gobierno.

A la vez ella insiste en brindar ejemplos de estadios deportivos asociados a empresas telefónicas en países desarrollados. Es verdad, existen, pero con una diferencia. Que esas empresas, casi todas privadas, intervienen en el manejo y explotación de tales estadios aunque ninguna se pone a construirlos como está haciendo Antel. Y por supuesto ninguna habla de convertirlos en predios feriales , centros turísticos o polos de integración social.

Con tanta ambigüedad en sus objetivos y tan poca claridad en las modalidades de financiación elegidas (un fideicomiso cubre parte de la construcción) no extraña que la respuesta del ministerio de Economía revele las perplejidades que suscita el Antel Arena, que en su momento, junto al Fondes, fue la manzana de la discordia entre Vázquez y Mujica, y motivo de una pulseada que ganó parcialmente este último. El problema es que más allá de las tensiones políticas suscitadas por el proyecto, quienes pagarán el pato otra vez serán los usuarios de Antel a través de las tarifas por servicios del ente que aumentaron a principios de año (en el caso de internet las subas superaron el 25%).

Así, una construcción que debió ser municipal —recuérdese que allí estaba el Cilindro destruido por descuido e impericia de la intendencia— termina en manos de un ente telefónico, hoy convertido —como todos sus similares— en una oficina recaudadora más del Estado uruguayo.

En momentos en que se avizoran dificultades económicas y que el gobierno procura enjugar un creciente déficit en las cuentas públicas, Cosse y sus amigos políticos promueven este gasto faraónico cuyas características ni siquiera conoce el ministerio de Economía, el mismo que algún día deberá echar mano al tesoro para cubrir las cuentas impagas del Antel Arena.

Editorial