La obsesión del FA por eliminar el delito de abuso de funciones no pasa por Calloia, Lorenzo o Raúl Sendic. Es algo más fuerte, que solo puede explicarse por su manifiesta desesperación por mantener el poder y blindar a sus principales dirigentes.

El Frente Amplio se salió con la suya en el Senado de la República y al amparo de su mayoría automática votó la derogación del delito de abuso innominado de funciones. No parece que tenga la misma suerte en la Cámara de Diputados e incluso tampoco en una eventual reunión definitoria en la Asamblea General, porque varios legisladores son contrarios y no tienen el menor interés en que sus nombres queden asociados a una medida de silenciamiento de eventuales actos de corrupción.

El panorama ya era muy complejo: el expediente de Pluna aún no se cerró, pero además están en la Justicia las denuncias presentadas por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente sobre los manejos en Ancap y los 800 millones de dólares que se esfumaron; otras presentadas por los diputados Gonzalo Mujica, Jaime Trobo y Rodrigo Goñi por los recursos distribuidos por el Fondes y los negocios con Venezuela. También parece inminente que el tema de la Regasificadora— donde se encuentra funcionando una comisión investigadora de la Cámara de Diputados— llegue a la Justicia y hay varias denuncias que presentó oportunamente el abogado Gustavo Salle.

Si ahora agregamos la repercusión por la información publicada en Búsqueda sobre el uso de tarjetas de crédito corporativas de Ancap que implica otra vez al vicepresidente de la República, andar toqueteando el Código Penal no parece lo recomendable. Raúl Sendic no es una figura decorativa del Frente Amplio. Ese partido le confió la vicepresidencia de Ancap, la presidencia de Ancap, el Ministerio de Industria, otra vez la presidencia de Ancap y luego lo impulsó al altísimo cargo que hoy le confió la ciudadanía.

Todas las críticas que puedan hacerse al delito de abuso de funciones (y vaya si las hay) sucumben en una República ante la mera posibilidad de que la ciudadanía pueda imputar a su Parlamento que legisla con nombre y apellido, que se beneficia y se blinda a los amigos y correligionarios, que hay hijos y entenados, que los delitos son solo para los adversarios políticos, que las mismas conductas se castigan de distinta manera según la ideología de su autor y que la igualdad ante la ley es una farsa.

En momentos en que el mundo y, sobre todo, la región es escenario de una ola de corrupción como pocas veces se ha dado en la historia, borrar de un plumazo uno de los delitos que castiga la inconducta de los políticos es una pésima señal. Si el FA piensa legislar de esta manera, es totalmente de recibo —y de aplauso— el anuncio del senador Pedro Bordaberry de iniciar una campaña de recolección de firmas para llamar a un referéndum en el que la población deberá decidir "si quiere combatir la corrupción o derogar el delito". De entrada nomás, tuvo el explícito apoyo de Lacalle Pou.

Si se llega a ese extremo se planteará una cuestión muy curiosa, porque el Frente Amplio deberá levantar la bandera de la derogación del abuso de funciones por todas las ciudades del país y todos los barrios, y explicar por qué defendió siempre la existencia de ese delito y ahora cambió su posición; deberá transmitirles a los ciudadanos cuáles son los beneficios (si los tienen) o ventajas (si las hay) con su desaparición. Y rematar su discurso exponiendo que esa es su forma de luchar contra la corrupción y acusar a la oposición —la que quiere mantener el delito— de que es una "arbitrariedad" y está en contra de un "acto de justicia", que fueron los principales argumentos que se plantearon en el Senado. Todo mientras la militancia indignada, que ya está bastante calentita por las consolidaciones fiscales de Astori, entona el emblemático "¡aquí están, estos son, los que funden la nación!"

Un par de reflexiones deja este episodio del Senado:

1) Al Frente no le interesa el pasado. El tema Lorenzo-Calloia ya está laudado y ningún cambio altera la ocurrido; lo mismo que lo que pasó con el Cr. Enrique Braga, Benito Stern o Justo Amaro. Al FA le preocupa el futuro, mantener el Poder a toda costa. Ese es el motivo de sus desvelos;

2) Las investigaciones judiciales en curso pueden involucrar a muchos dirigentes políticos, incluso más notorios e importantes que Sendic, que además tengan votos. No se saben nombres, pero por las dudas consideran que es necesario redoblar los mecanismos de protección, blindar a cal y canto y que no quede ninguna rendija por pequeña que sea. Es el Poder lo que está en peligro y corre riesgo de perderse.

Nada más y nada menos.

EDITORIAL