La decisión del Fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, de iniciar un sumario con separación del cargo al fiscal Raúl Iglesias representa un gravísimo síntoma de crisis institucional en un órgano central del Estado Uruguayo.

La decisión del Fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, de iniciar un sumario con separación del cargo al fiscal Raúl Iglesias representa un gravísimo síntoma de crisis institucional en un órgano central del Estado Uruguayo. Además de volver a dejar en evidencia, la necesidad de una solución de fondo para ese organismo.

Los datos son por todos conocidos. El fiscal Iglesias fue designado por Gómez para ocuparse de una de las fiscalías de Delitos Sexuales, casualmente en la cual estaba en trámite un caso que cobró alta notoriedad pública. Hablamos de la supuesta violación grupal en el barrio Cordón de Montevideo, el cual terminó desatando una gran polémica tanto por la forma en que se procesó el mismo, como por la cobertura mediática y las presiones políticas que lo rodearon.

Vale recordar que el fiscal predecesor de Iglesias, y el juez del caso, ordenaron una drástica medida de prisión efectiva para los jóvenes implicados, pese a que había evidencias que ponían en duda la versión de la denunciante. A la vez que, violando la Constitución y la ley de manera flagrante, juez y fiscal ordenaron un allanamiento a una radio, en busca de determinar la fuente que suministró información a un periodista.

Apenas asumió su cargo, Iglesias denunció la situación de desborde absoluto de la fiscalía en la que asumía, donde se tramitaban más de 900 denuncias. Ante la imposibilidad de dar un trámite razonable a semejante número de casos, Iglesias ordenó archivar unos 200, en los que no había actuaciones o estaban congelados hacía tiempo. Esto no obsta que esos casos se puedan reabrir en cuanto ocurra algo que lo amerite. También, y aquí tal vez está la “madre del borrego”, aceptó modificar las condiciones de formalización de los imputados en el caso de la violación grupal, y acceder a una prisión domiciliaria, ya que entendió que ni había riesgo de fuga, ni de destrucción de evidencia.

Hay que recordar que el nuevo proceso penal estipula que la mayoría de los formalizados no se vean privados de libertad hasta que haya una sentencia, ya que como contrapartida, reduce los requisitos para esa formalización que ya no requiere semiplena prueba de culpabilidad, como el proceso anterior.

Ahí explotó el escándalo. Los grupos feministas radicales, iniciaron una campaña feroz contra Iglesias, con el apoyo explícito del ex fiscal Jorge Díaz, varios dirigentes relevantes del Frente Amplio, y algunas figuras en los medios. Varios de estos últimos, los mismos que después acusaban al gobierno por un supuesto declive de la libertad de prensa en el país.

Iglesias resistió el embate, aunque denunciando no solo la falta de apoyo de su superior Gómez, sino su tendencia a ceder ante las presiones políticas. De hecho, Gómez accedió en 24 horas a reunirse con una de estas organizaciones feministas radicales que defenestraban a Iglesias, pero nunca se reunió con su propio subalterno.

Con este contexto aparece ahora esta sanción durísima contra Iglesias, que no solo perjudica su carrera profesional, sino que logra un efecto inmediato: lo saca del caso de la supuesta violación, dando así el gusto a los grupos de presión radicales. A tal punto que éstos grupos salieron públicamente a festejar el hecho como una victoria personal.

El tema es de una gravedad institucional tremenda. No solo porque muestra a un Fiscal de Corte débil y permeable ante las presiones políticas. Sino porque viola flagrantemente la independencia técnica de un subalterno, y representa una advertencia explícita a todos los demás fiscales del país. ¡No se vayan a meter con ciertos grupos de presión!

Pero, además, se trata de una sanción desproporcionada para lo que ha sido el rol de Gómez. En los últimos años han habido errores gravísimos de fiscales bajo su comando, que no motivaron sanción alguna. ¿Es más grave archivar un par de cientos de casos sin actividad, que violar la reserva de fuente de un periodista?

Este grave episodio vuelve a dejar en evidencia que la Fiscalía de Corte requiere un nuevo titular, alguien que cuente con amplio apoyo político, solvencia técnica, y personalidad a prueba de presiones. El rol que atribuye el nuevo proceso penal a los fiscales, exige que los mismos tengan un perfil público que requiere cualidades particulares. Urge que los partidos políticos con presencia parlamentaria acuerden mayorías especiales para designar a alguien apto para tal responsabilidad.

Cuando en un país la sociedad pierde la confianza en la imparcialidad del Poder Judicial, sobre todo en materia penal, la salud del propio sistema democrático y la convivencia social, se ve seriamente dañada.