Un diputado oficialista del departamento de Maldonado, al referirse críticamente al ajuste fiscal, aprovechó para destacar que de todas maneras se trataba de uno totalmente diferente a los que en su momento habían implementado los partidos tradicionales.

Y tiene toda la razón: este ha sido muchísimo peor, más duro, más injusto, más irresponsable. Si a eso le agregamos que también es más ineficaz y probablemente insuficiente, el tema es mucho más grave. Quizás ese diputado se refiriera a una muy, supuestamente, más justa distribución de los aumentos entre los diferentes sectores de la sociedad. Pero esto es todavía menos sostenible, dentro de una discusión absurda en un país que se queda sin combustible para el crecimiento, y que apenas vegeta en una economía gris y con poca esperanza.

Lo que hace a este ajuste verdaderamente malo no es su magnitud absoluta, 500 millones de dólares, o relativa al PBI del orden de los 53 mil millones. Lo que lo vuelve un problema no ya económico sino institucional, es el contexto en el que se genera esta necesidad de cobrar más impuestos. Esta situación se caracteriza por una década perdida, luego de la cual, en lugar de dotar a la economía de salud derivada de cambios trascendentes, llegamos a esta etapa de anemia por estrangulamiento, corolario de desperdiciar años buenos, aprovechando aquel legendario "espacio fiscal". En efecto, aunque tenemos un producto mayor en dólares al del año 2000 por ejemplo (30 mil millones), el nivel de presión fiscal es de tal magnitud —cercana al 38%— que no hay una posibilidad cierta con estos guarismos de lanzar la inversión. Nadie en su sano juicio va a arriesgar capital en un país que no solo no premia al innovador, sino que está esperando para sacarle su trabajo, un promedio de cuatro meses al año. Con este nivel de presión, las únicas inversiones posibles serán las que pacten algunas empresas gigantes, pico a pico con el gobierno, dentro de un estatuto privilegiado para ellas, como no lo tienen los empresarios de a pie. Esas son las pasteras, las zonas francas, y pudo ser Aratirí.

También es peor moralmente, porque se niega a discutir en lo que se ha gastado, lo que es más serio. Ajustar solo los impuestos supone hacernos creer que todo lo que se gastó ha estado bien, o son "conquistas", como si repartir plata ajena pueda ser objeto de gloria. Claro está que proponer esa discusión supondría plantear qué cosas debe hacer el Estado y cuáles no, aunque sepamos la respuesta para un gobierno socialista: cualquier cosa, todo.

Lo capital no es ajustar "solo" 500 millones de dólares. Es peor hacerlo con un nivel de PBI como el de hoy y con un gasto público en valores absolutos de cerca de 20 mil millones. Si a esos números le agregamos una consideración sobre la calidad de ese gasto, no cabe duda que este ajuste de ingresos —y no de gastos— es institucionalmente tremendo. Recordemos otro ajuste de los más arduos, de casi 7 puntos del PBI del año 1990. Duro, durísimo, pero realista. En realidad los ajustes no son más buenos o más malos; son la consecuencia de la mejor o peor administración de los años anteriores, nada más. Y si no vienen con un compromiso de corrección de conductas presupuestales previas, al poco tiempo se vuelven insuficientes, y no hay ningún cambio favorable en la economía. Precisamente, luego del ajuste del 90, pero con correcciones en otras áreas del gobierno, el país recuperó crecimiento y logró aquel esquivo equilibrio presupuestal.

Por eso ahora, si en este contexto de más impuestos se sigue con el mismo políticamente correcto gasto social, si no hay discusión posible sobre ajustes en las empresas públicas que solo suponen peso para la economías; si no se pueden tocar privilegios, salarios y empleos públicos, la inflación hará ese trabajo de ajuste y de la peor manera.

Por otra parte, como la calidad de los servicios públicos se percibe como totalmente deteriorada —salud pública, seguridad, educación, infraestructura— en tanto esto se perciba así, la legitimidad moral de cobrar impuestos va a chocar con una creciente desobediencia civil para pagarlos. Y esto supone también un fuerte deterioro institucional: la sensación de expolio que crecientemente se expande en la sociedad, no solo por la cuantía de los impuestos, sino por la percepción de una cada vez peor eficacia en arreglar con ellos algunos problemas básicos. Aquel diputado se equivocaba porque le faltó entender que sin arreglos en el gasto, tanto en su cuantía como en su administración, generándose más y más anemia económica, el peor aspecto es su pronóstico de la necesidad de repetirlo pronto. Ojalá que no.

EDITORIAL