Editorial

El desinterés de los gobiernos del FA en aplicar la reforma constitucional que impulsaron sobre el agua, quedó en evidencia por el público tirón de orejas que recibieron el Ministerio de Medio Ambiente y OSE.

Desde hace varios años el agua que consumimos se viene convirtiendo en un problema que no debería existir si se cumpliera con el artículo 41 de la Constitución, reformado 14 años atrás a instancias del Frente Amplio y el Pit-Cnt. Esa reforma, plebiscitada con éxito en las elecciones que llevaron a Tabaré Vázquez a la presidencia, puso a cargo del Estado —y solo del Estado— un cúmulo de obligaciones ignoradas después por los propios promotores de la reforma.

Apagados los ecos de aquel frenesí reformista y antiprivatista, tuvieron que pasar ocho años para que se elaborara un plan para preservar la cuenca del Santa Lucía, aquejada por los vertidos contaminantes de las industrias ribereñas, la depredación del monte natural en las orillas y el uso de agroquímicos en propiedades rurales linderas.

A esas alturas la gente se quejaba abiertamente del mal olor y peor sabor del líquido elemento. Del 2013 en adelante los gobiernos frentistas empezaron a ocuparse del tema que tanto los inquietó una década antes.

Aunque esa inquietud se plasmó en mayores controles y obligaciones para las industrias y los productores, las acciones ejecutadas fueron insuficientes. Prueba de ello es que recientemente se presentó una denuncia sobre el tema ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entre los firmantes de la denuncia se incluye al alcalde de Aguas Corrientes, concejales municipales y vecinos de la zona. Alegan que sobre las aguas del Santa Lucia la planta de OSE en Aguas Corrientes descarga lodos producidos durante la potabilización del agua que resultan contaminantes.

La referida Institución, cuyas competencias legales son de gran amplitud, resolvió amparar a los denunciantes convencida de que el proceso de potabilización de Aguas Corrientes afecta la salubridad del agua y por tanto los derechos humanos de la población. La irrupción de ese organismo oficial irritó a la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, quien afirmó que se detuvo el nivel de contaminación del Santa Lucía, razón por la cual, según ella, la situación está "en una meseta". Vale decir, en una situación sin retrocesos pero sin progresos, lo que pone una nota de alarma entre los usuarios de OSE.

De acuerdo al pedido formal de la Institución, OSE deberá presentar antes de fin de mes un plan de gestión de los lodos residuales resultantes de la acción potabilizadora en Aguas Corrientes, así como una propuesta para solucionar el problema en corto plazo. También dispuso que el ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente "fortalezca su rol de monitoreo y coordinación a la brevedad".

Este tirón de orejas desde un organismo oficial al ente y al ministerio demuestra hasta qué punto se ignoraron las obligaciones contraídas en aquel plebiscito constitucional votado afirmativamente 14 años atrás. En aquella consulta popular promovida por el gremio de OSE (más preocupado por la competencia de empresas privadas que por otra cosa), se resolvió que el manejo del agua pasaba a la órbita del Estado. Así se excluyó toda participación privada, algo que hoy está generando problemas con la aplicación de la ley de riego que incluye la participación de particulares.

Mediante la reforma se añadieron nuevas cláusulas al artículo 41 de la Constitución. Entre otras cosas el Estado se obligó a ejecutar "una gestión sustentable" para la "preservación del ciclo hidrológico" con especial atención en el cuidado de "las cuencas hidrográficas". También se determinó que "los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos". Como se aprecia, la reacción de los vecinos de Aguas Corrientes está prevista en la propia Constitución.

Aunque la ministra de León se enoje, los autores de la queja no solo tienen razón sino que los ampara ese artículo 41 cuya reforma propició el Frente Amplio al grito de "el agua es vida". Es que en la campaña electoral de 2004 este asunto se tornó gravitante impulsado no solo por los frentistas sino por un enjambre de oenegés que pusieron el grito en el cielo por las privatizaciones en los servicios del agua. Adicta como siempre a la teoría del complot, la izquierda llegó a denunciar la existencia de un plan secreto para entregar a manos extranjeras el acceso al acuífero Guaraní. Y así fue que el Estado asumió todas las competencias en la materia.

Es de esperar que con este acicate procedente de una institución estatal el Ministerio de Medio Ambiente y la OSE hagan más por mejorar la calidad del agua y por salir de la "meseta" en la que está sumido todo el asunto.