Editorial

El agua y la década perdida

El Frente Amplio enarboló la bandera de la defensa del agua para ganar su primera elección en 2004 pero en la década siguiente poco y nada hizo para preservar su pureza.

Ahora todos estamos pagando el pato por esa omisión de la izquierda que incumplió con los deberes fijados en el nuevo artículo 47 de la Constitución plebiscitada en aquel año. Lo dicen los consumidores, lo denuncian los técnicos y hasta la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República confirma actualmente que "hay signos claros de pérdida de calidad del agua".

Recurriendo a su vieja táctica los dirigentes del Frente Amplio ponen cara de "yo no fui", empezando por Tabaré Vázquez, que a poco de iniciar su mandato encendió las alarmas sobre el tema, lo que equivalió a confesar que en su primer gobierno ignoró el mandato popular de ocuparse del agua. Lo mismo hizo la administración de José Mujica hasta que surgieron los gritos de protesta de gente disgustada por el mal sabor y el peor olor del vital elemento. Allí, de golpe, el país despertó ante la dura realidad de sus cuencas contaminadas por los vertidos industriales y el uso de agentes químicos para fertilización de los campos, entre otros factores.

Ese deterioro ocurrió en la última década, justo cuando empezó a regir el mandato constitucional que determinó que en Uruguay solo el Estado puede ocuparse de brindar los servicios de "abastecimiento de agua para consumo humano" y le encargó la gestión exclusiva de "los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico". Lo que entonces empezó como un movimiento contra empresas privadas que proporcionaban el servicio terminó convirtiéndose en una ola de entusiasmo ecologista con eslóganes tales como el "Agua es vida" y denuncias de presuntos intentos foráneos para arrebatarnos nuestros valiosos acuíferos.

Aquella fiebre se calmó muy rápido apenas llegada la izquierda al gobierno. Las obligaciones añadidas al artículo 47 fueron archivadas y muy pocos se acordaron de controlar la situación de cuencas esenciales como la del Santa Lucía, que abastece a casi dos millones de personas y suministra el 95% del agua de OSE según datos de la OPP. Un informe de esa misma oficina presidencial advierte en estos días que los niveles de concentración de fósforo en los ríos de dicha cuenca están a más del doble del valor considerado como aceptable por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. En el mismo informe se indica que "existen signos claros de pérdida de calidad del agua en los principales cursos para abastecimiento a la población, en buena medida debido a la presión generada por la actividad ganadera y agrícola".

A estas alturas cabe preguntar en dónde está aquella Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida que, acompañada por decenas de ONG, atronó los aires clamando por una reforma constitucional que le diera al Estado poderes absolutos en la materia. Su prédica fue exitosa y la gente votó el nuevo ar- tículo 47 de la Constitución que le impuso al Estado y en particular a OSE una carilla de deberes a cumplir, entre ellos realizar "una gestión sustentable" y velar por "la protección del medio ambiente y restauración de la naturaleza".

También cabe preguntar por qué la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, insiste en que el agua de OSE es de óptima calidad para el consumo humano mientras discute públicamente sobre el tema con el catedrático grado 5 de la Facultad de Ciencias, Daniel Panario. Este catedrático, que es además director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de esa Facultad, declara desafiante que "yo no tomo agua de la canilla" y critica a los gobernantes porque a pesar de las alertas dadas "no se ha hecho nada" en los dos últimos años.

En medio de ese debate, a mediados del mes pasado el ministerio anunció la creación de un programa de evaluación y protección de la calidad del agua. En el comunicado emitido al respecto se afirma que dada la relevancia de la "temática ambiental en la agenda pública" es necesario que el Estado asuma nuevos desafíos en su rol de regulador de las actividades productivas y proteja el medio ambiente". Además la ministra declaró que el respaldo a ese programa era un "compromiso al más alto nivel dentro del Poder Ejecutivo". Está todo bien, pero recuerden la ministra y el gobierno que ese compromiso con todas sus obligaciones lo tenían asumido desde el triunfo del plebiscito impulsado por la izquierda en 2004. Un compromiso, uno más, incumplido por el Frente Amplio en la última década.

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