Cuando la calidad del agua sigue en cuestión, las autoridades anuncian con enorme retraso que recién ahora se están cumpliendo las obligaciones emanadas del plebiscito del agua votado en 2004.

Hace algunas semanas la página oficial de Presidencia de la República informó a la población, que 19 de las 23 industrias instaladas en la cuenca del Santa Lucía habían reconvertido sus plan-tas para evitar la contaminación de ese río, fuente de agua potable para casi 2 millones de uruguayos. Más vale tarde que nunca. Porque esa obligación —de las industrias y del gobierno que debía controlarlas— existía desde 2004 al aprobarse el plebiscito del agua impulsado por la izquierda en la campaña que llevó a Tabaré Vázquez por primera vez al gobierno.

El Frente Amplio fue el principal propulsor de aquella campaña "en defensa del agua y de la vida" que se coló en la mayoría de los discursos de los candidatos con una nota de urgencia. Como la izquierda quería evitar a toda costa que los servicios del agua estuvieran en manos de privados, se reformó el artículo 41 de la Constitución para darle a Ose y al Estado potestades exclusivas en la materia. Un artículo al que se le agregó una larga lista de deberes para cuidar la calidad del agua potable con "una gestión sustentable de los recursos hídricos" con particular atención a las "cuencas hidrográficas".

Tal vez haya quien aún recuerde el dramatismo que tiñó los discursos de esa campaña. Al grito de "el agua es nuestra", se denunciaba el intento de multinacionales extranjeras para apoderarse del vital elemento con particular inquietud por la suerte del acuífero Guaraní que piratas de parche y garfio planeaban robarnos. Un enjambre de exaltadas ONG apoyaban aquel plebiscito para reformar la Constitución en "solidaridad con la conservación de los recursos hídricos para las nuevas generaciones".

Aunque enancado en esas promesas el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005, debieron pasar ocho años para que diversas instituciones públicas, entre ellas el ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente resolvieran tomar cartas en el asunto. Para ese entonces había protestas por el mal sabor y el peor olor del agua que el ente estatal, declarado monopólico, brindaba a la gente, una degradación en la calidad del producto como nunca se vio en nuestro país. Así fue que en 2013 se elaboró un plan integral para proteger la cuenca del Santa Lucía aquejada por los vertidos contaminantes de las industrias ribereñas, el uso de agroquímicos en campos linderos y la depredación del monte natural en sus orillas.

Estaba claro que se había incumpl-do lo que el nuevo artículo 41 de la Constitución quiso prevenir al darle a Ose y al Estado todas las prerrogativas. Desde ese momento comenzó un lento proceso para recuperar la principal cuenca hidrográfica del país, cuyo estado calamitoso denunciaban los expertos. Se acentuó el control sobre el uso de agroquímicos en los campos y las industrias allí instaladas fueron intimadas a poner en marcha nuevos sistemas de tratamiento de vertidos. A todos se les pidió un mayor cuidado con el monte natural, una barrera capaz de disminuir las vertientes de elementos indeseables para el Santa Lucía.

Con el agua al cuello por las protestas de los usuarios y las denuncias periodísticas, las autoridades, en especial el ministerio respectivo, empezaron a moverse. De ahí que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) anuncie con bombos y platillos que la mayor parte de las industrias tienen plantas de tratamiento para la reducción de nutrientes con una inversión superior a los 32 millones de dólares. En la página presidencial, esa Dirección informa ahora que "la protección de la zona ha sido abordada de manera integral" y que el "proceso de recuperación" está en marcha.

Para un observador distraído esta noticia daría para alegrarse. Pero no es así. La demora con que se acató el plebiscito constitucional del agua del 2004 es imperdonable. Tanto lo es que hay quienes dudan que esa recuperación de la calidad del agua potable pueda lograrse con relativa rapidez. Ese es el precio de la desidia de quienes utilizaron al vital elemento como tema político y una vez alcanzado el éxito electoral evitaron cumplir con los deberes que ellos mismos habían enumerado en su reforma constitucional.

Queda claro que durante casi una década en el poder, el Frente Amplio se desentendió de realizar la "gestión sustentable" del agua y la "preservación del ciclo hidrológico", sin darle primacía "a las razones de orden social sobre las de orden económico". Tuvo que llegar la crisis del servicio para que el gobierno, con imperdonable atraso, cumpliera las obligaciones impuestas por aquel plebiscito del 2004. Así nos gobiernan.

EDITORIAL