Editorial

Cuál agenda de derechos

Hemos tenido varios años de crecimiento basados en consumo, retraso cambiario y endeudamiento y todo eso con un aumento de más de 70 mil empleados públicos -esa ha sido la política social- y 35% de presión fiscal.

Un nuevo atentado a derechos fundamentales ocurre cuando el Codicen, violando la libertad de conciencia e imponiendo su excluyente y peculiar posición sobre educación sexual, rechaza escuchar a los padres. Incurre así en un acto de corte soviético que desconoce que el estado no es el titular del derecho a educar, sino que lo recibe por delegación de los padres, a quienes les corresponde. No considerar la opinión de ellos e imponer su peculiar visión sobre este tema —o cualquier otro— como si fuera la única posible, es un acto que debe generar el más fuerte rechazo. Este agravio es idéntico, por ejemplo, al que luce en el proyecto de ley integral para personas trans, en cuyo texto se establece el "derecho" a recibir hormonas por menores aun contra la voluntad de los padres: es el agravio a la familia quitando a los padres derechos en favor del estado. Es también la misma ideología que propone estatizar el voluntariado, como si correspondiera al estado registrar o establecer condiciones a los que libremente quieren ayudar por razones que el estado no tiene por qué juzgar. Idéntico es también a la triste estatización de la adopción de niños, que instituciones de bien público gestionaban antes.

Por otra parte, imponer un principio como el de la ideología de género, que en todo caso es una entre otras diferentes —por ejemplo de la propia Iglesia católica— agravia no solo el derecho de los padres a educar a su prole para inculcarles otra afín de cierta corrientes, es análogo a estafar, como lo han hecho los programas de historia con los Pitufos, inculcando la idea de que los tupas se levantaron contra la dictadura: todo falso, totalitario, soviético. Como lo fue también la persecución a Mercedes Vigil por no ser frentista, o a Franklin Rodríguez por criticar al Frente Amplio. Procede de los mismos que condenan los atentados a distintas libertades y derechos siempre que no ocurran en Venezuela, Cuba o Nicaragua, donde no quieren ver lo que pasa. Son consistentes asimismo, con los que consideran al estado de derecho como una construcción burguesa, o a la Constitución como un simple papel que se puede dejar de lado, como lo han hecho con todas las reformas electorales que requieren 2/3 de votos en el parlamento y las aprobaron con su sola mayoría. O los que agravian la libertad de trabajo y el derecho de propiedad estableciendo registros y permisos para todo: para importar, exportar, construir, sembrar, etc.

Son también los mismos que junto con la legalización de la marihuana introdujeron en la sociedad el concepto de que en realidad drogarse no está tan mal. O los que "asalariaron" la pobreza fabricando una generación de beneficiarios del estado que difícilmente trabajarán algún día. Ya Mujica decía que los uruguayos trabajan poco. Pero lo peor es que se ha establecido —después del Mides y de 70 mil empleados públicos más—, la ética del trabajar poco y del derecho a recibir recursos generados por otro que está obligado a darlos. En cambio el emprendedurismo, el trabajar como nuestros antepasados inmigrantes, el apostar a la excelencia en todo, al esfuerzo, se deja de lado. Y en cierto modo es lógico, con una presión fiscal del 35% que hace que los emprendedores se sientan expoliados. Esta ética de la vagancia la pone en práctica el Pit-Cnt cuando apuesta a trabajar cada vez menos —seis horas con el sueldo de 8; días pagos para capacitación, gimnasia, etc. siempre en horas de trabajo— como si el empresario tuviera recursos ilimitados, y hasta para festejar el natalicio de un secretario general. Este gobierno ha fogoneado y lo sigue haciendo, una suerte de odio de clase del que no cabe esperar más que males serios. Es así que los gremios pocas veces miran como socios que son, el interés de la empresa cuyo éxito deberían cuidar —por ejemplo Conaprole— para "patotear" antidemocráticamente a quienes no piensan igual, como en Santa Clara o la industria frigorífica, y lo que logran es que aun con crecimiento económico los empresarios no quieran emplear a nadie, salvo en un caso de extrema necesidad: la sociedad partida sin colaboración posible de clases.

Todo esto es mucho más importante que lo que ocurre en la economía, aunque de paso cabe citar que hemos tenido algunos años de crecimiento basados en consumo, retraso cambiario y endeudamiento, hoy agotado, y todo eso para tener 70 mil empleados públicos más —esa ha sido la política social—, 35% de presión fiscal, sin infraestructura, una salud como la conocemos, sin mejoras en la inserción internacional y sin premios a la excelencia sino a la popularidad. Una sociedad menos educada, más dividida, con menos aprecio a valores tradicionales, corporativista, eso nos van a dejar. Vaya legado.

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