Editorial

Aclaración necesaria

Una de las principales preocupaciones de cualquier Estado es la debida tutela de sus intereses limítrofes por dentro del marco del Derecho Internacional.

Frecuentemente se trata de temas complejos donde convergen intereses contrapuestos y que están sujetos a un marco jurídico muy especial. Por ese motivo es imprescindible tratarlos con la máxima mesura y precisión técnica, especialmente cuando se trata de informes, declaraciones u otros tipos de instrumentos emitidos por los Estados.

La Convención sobre el Derecho del Mar divide al océano adyacente a la costa marítima de los Estados en varias franjas. Las más importantes incluyen, a partir de la costa: las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva de 200 millas y la plataforma continental.

Cada una de ellas tiene su propio régimen jurídico. Los derechos del Estado ribereño tienen su máxima intensidad en las franjas más próximas a su costa (aguas interiores y mar territorial) y se atenúan a medida que se alejan de la costa (zona económica exclusiva y extensión de la plataforma continental).

La Convención establece en favor de los Estados ribereños la posibilidad de extender el límite exterior de su plataforma continental desde el límite de 200 millas hasta una distancia máxima de 350 millas medidas desde las líneas de base (o sea, a grandes rasgos, desde su costa marítima).

Para ello, el Estado ribereño debe presentar una propuesta respaldada por información científica a la Comisión de Límites de la Plataforma continental que analizará la propuesta y formulará recomendaciones. El Uruguay inició ese procedimiento el 7 de abril del año 2009. Brasil ya había iniciado el proceso en mayo del 2004. Argentina presentó su propuesta el 21 de abril del 2009.

En agosto del año pasado, el ministro de Relaciones Exteriores informó acerca de un acuerdo con la subcomisión de las Naciones Unidas que consideraba la propuesta uruguaya. El ministro de la época dijo a la prensa que el acuerdo con la subcomisión de Límites "será ratificado por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas en el mes de febrero del próximo año". Es decir en febrero del 2015.

Esa información fue reiterada en la Memoria "200 resultados de política exterior 2010 2014" del Ministerio de Relaciones Exteriores. El libro menciona que "En el mes de agosto de 2014, la subcomisión emitió su recomendación favorable de extender la plataforma continental uruguaya, decisión que se hará pública en febrero 2015". Se agrega después que ese "logro es una enorme conquista en términos de soberanía y extensión del territorio nacional".

La Comisión de Límites de la Plataforma Continental parecería pensar otra cosa.

Su informe correspondiente a octubre-noviembre de 2014 dice que la subcomisión, habiendo examinado la presentación uruguaya, transmitió a la delegación una serie de observaciones y solicitudes de aclaración, que deberán responderse en el intervalo entre los períodos de sesiones.

Más recientemente, su informe para el período febrero marzo de 2015, establece que nuestro país había efectuado nuevos estudios que presentaría antes del 10 de julio de 2015. Recién entonces, explica el informe, la subcomisión podría estar en condiciones para presentar sus conclusiones técnicas.

¿Cómo conciliar lo dicho por el gobierno a fines de agosto o en la memoria citada, con lo informado en los documentos emitidos, desde entonces, por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental?

Por un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que hubo un acuerdo con la subcomisión (declaraciones de agosto) o que esta había emitido una recomendación favorable a la propuesta uruguaya (Memoria); por el otro (informes de la Comisión de Límites) la subcomisión transmitió a la delegación uruguaya "una serie de observaciones y solicitudes de aclaración" y el Uruguay ofreció información adicional.

En cualquier caso, pasó febrero y no parece haberse hecho pública la anunciada decisión favorable a la propuesta uruguaya.

A lo anterior se suma el contenido de algunas de las afirmaciones ministeriales. Por ejemplo, la extensión del límite exterior de la plataforma no supone extender la soberanía del Estado costero ni ampliar su territorio.

En ese sector, el Estado solamente ejerce determinados derechos de soberanía (exploración y explotación de los recursos).

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