EDITORIAL

Pese a los propósitos de enmienda e intentos de reglamentación, funcionarios y legisladores siguen viajando y cobrando viáticos en expediciones que le aportan poco o nada a nuestro país.

El exceso en el rubro viajes y viáticos, motivo de recientes denuncias contra el Intendente de Montevideo y sus directores, vuelve a agitar las aguas. La fiebre viajera cunde en toda la administración y en el Parlamento, a pesar de los reglamentos y propósitos de enmienda.

Se recuerda que al asumir su segundo mandato, Tabaré Vázquez emitió un decreto para regular los viajes al exterior de los integrantes del Poder Ejecutivo. Todo indica que no tuvo mucho éxito. Lo mismo le ocurrió a José Mujica cuando en su primer año de gobierno, sorprendido al comprobar en una sesión del Consejo de Ministros que contaba con apenas la mitad de los titulares de las carteras, creó una comisión para frenar los viajes que tampoco dio resultado.

Nadie pide que gobernantes y legisladores renuncien a viajar para cumplir con sus obligaciones internacionales. Al contrario, Uruguay debe abrirse al mundo y una forma de hacerlo es a través de sus funcionarios a los que, por otra parte, no les viene mal conocer otras realidades y codearse con sus colegas de otros países. Además debe tomarse en cuenta la proliferación de organismos y foros multilaterales en los cuales el país debe estar representado so pena de quedar aislado.

El problema sobreviene cuando la propensión a subirse a los aviones se torna exagerada. Eso es lo que ocurre entre nosotros según un nuevo relevamiento realizado por el semanario Búsqueda.

Allí se recuerda que entre el 2010 y el 2016 el Poder Legislativo entregó partidas para viáticos en el exterior por unos 2 millones de dólares. Los parlamentarios viajeros apenas devolvieron el 10%. Al conocerse esas cifras, en respuesta a la ola de críticas que levantó tal información se anunciaron rigurosas medidas de contención. Sin embargo, en 2017 las cifras fueron parecidas demostrando que legisladores y funcionarios del Parlamento siguen recibiendo generosas partidas de dólares sin hacer después los correspondientes reintegros y rendiciones de cuentas. Todo sigue igual.

Se menciona incluso el caso de un funcionario del Legislativo, encargado de las Relaciones Internacionales, que ostenta el record absoluto sobrepasando incluso a los senadores y diputados más viajeros. Ese funcionario recibió en los últimos siete años el equivalente a 120 mil dólares por concepto de viáticos para sus gastos en 44 periplos por el exterior. Sus giras abarcaron destinos tan lejanos como Australia, China, Rusia y Bangladesh, además de varias capitales latinoamericanas y europeas. Sería bueno evaluar la utilidad del servicio que presta al país ese funcionario con semejante vocación viajera.

El Poder Ejecutivo, la administración central e incluso los entes autónomos tampoco se salvan de esta tendencia. En 2017, el rubro viáticos en el exterior superó los cuatro millones de dólares. De manera sorpresiva, la Universidad de la República encabeza la lista, seguida por los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. Sería bueno conocer en detalle en qué consistieron esas misiones y hasta donde se justificó la asistencia de representantes uruguayos.

Como canta Carlos Gardel "el alma criolla es errante y viajera, querer detenerla es una quimera". Esa observación puede resultar simpática siempre que no se trate de funcionarios públicos que se exceden en gastos que podrían evitarse. Un somero repaso de algunos de los viajes, entre ellos los más costosos, demuestra que las actividades desarrolladas por los viajeros bien pudieron cumplirse por nuestros diplomáticos en el exterior con el consiguiente ahorro para el erario público.

El Parlamento, una institución cuya imagen no es de las más populares a nivel de opinión pública, debería tomarse este tema más en serio. Todavía está fresco el recuerdo de las andanzas por Tailandia a un costo de 100.000 dólares de un nutrido grupo de legisladores, oficialistas y opositores incluidos, para asistir a un congreso de la Unión Interparlamentaria. O el caso de un parlamentario que llegó a pernoctar 150 días fuera del país con cargo al presupuesto nacional. El Poder Ejecutivo tiene también algunas gemas en la materia como fue el caso de una subsecretaria frenteamplista que permaneció diez días en la turística isla de Bali en una conferencia sobre el "patrimonio cultural intangible" con un costo superior a los 13.000 dólares.

Ejemplos de esta naturaleza resultan irritantes al tiempo que desnaturalizan la función de representar al país en el exterior. Tres gobiernos del Frente Amplio han intentado, hasta ahora sin éxito, ponerle coto a estos abusos que con toda razón indignan a los ciudadanos.