EDITORIAL

Abuso de propaganda del gobierno

Hoy en día padecemos una situación abusiva del gobierno gracias a la Ley de Medios votada por el frentismo, aunque el presidente Mujica mintiera descaradamente diciendo que si le llevaban una ley semejante la tiraría a la basura, lo que le valió elogios internacionales.

El abuso del poder del Estado para hacer campaña electoral en beneficio propio, o sea, para que al Frente Amplio le vaya bien en las próximas elecciones, carece del menor disimulo. Se ha llegado a tales extremos, que ha colmado la paciencia de sus adversarios y de buena parte de la población que observa como el dinero proveniente de los impuestos que paga, se utiliza sin pudor alguno para hacer proselitismo a favor del gobierno.

Al punto que el senador Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente, decidió presentar un recurso de amparo ante la Justicia por considerar ilícito el uso del sitio web de la Presidencia. Reclamo que fue aceptado por el juez de lo Contencioso Administrativo, Carlos Aguirre, enviándose un cedulón a las partes, para convocarlas a una audiencia pasado mañana lunes. El escrito del P.I. está bien fundamentado a lo largo de las 26 páginas que lo componen, al tiempo que presenta pruebas y solicita que la Presidencia de la República sea citada a declarar.

Además, y esto es bien concreto, demanda que sea retirado de la web, lo publicado el 5 de octubre donde figuran las críticas del Sr. Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a la economista Azucena Arbeleche. Asesora del Luis Lacalle Pou y futura Ministra de Economía en caso de triunfo del Partido Nacional, según ya fuera anunciado por el mismo candidato.

Hace mucho que el Frente Amplio ha estado dando pruebas de un total desparpajo en lo que se refiere a aprovecharse de su lugar de poder en la utilización de los medios del Estado con un fin claramente electoralista. Así se ha visto como varios miembros del Gabinete continúan cobrando su sueldo de Ministro, el coche oficial con el consiguiente combustible, sus secretarias y secretarios, sus teléfonos fijos o celulares, para actividades políticas que no corresponden, y todo ello financiado por los sufridos contribuyentes.

¿Si esto no es corrupción, cómo se la tipifica? ¿O acaso esta tiene una sola cara, la de los bolsos de dinero ? Ese flagelo tiene más de una arista y todas ellas son parte de lo mismo.

Por esa incontinencia gubernamental, también el Partido Nacional se hizo escuchar a través de una carta firmada por Beatriz Argimón, Presidenta del mismo e integrante de la fórmula presidencial, enviada al Presidente de la República. En ella se le hizo notar que estaban violando el artículo 7, inciso 5 de la Constitución, donde en blanco y negro se estipula que “ni el Presidente ni los miembros de la Corte Electoral pueden formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”. Más claro, echarle agua.

Sin embargo, con el cinismo al que nos tienen acostumbrados, la respuesta del primer mandatario que se pudo conocer en forma textual por medio de ese instrumento, inexistente en las viejas contiendas electorales, de las redes sociales, fue enarbolar una frase tan rimbombante, como aquella de su primer período: “podremos meter la pata pero jamás la mano en la lata”. Esas palabras que se las llevó el tiempo, así como los negocios con Venezuela sobre los cuales se negaron a que actuase una comisión investigadora del Parlamento, la dudosa operación de la venta de Pluna, las pérdidas en los casinos, el curioso vaciamiento de una empresa monopólica como Ancap y demás. Contestó ampulosamente Vázquez, “dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución, nada” y semejante será lo que dirá el prosecretario Roballo o quien sea que responda.

Pero también con las leyes se arman trampas y algunos gobiernos tienen una larga foja de servicios en este tema. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) trabaja justamente en ello, con el fin de elaborar un indicador respecto de los marcos jurídicos y regulatorios en los distintos países y contar así con una herramienta con la cual medir la evolución o los retrocesos en el campo de la libertad de expresión.

Hoy en día padecemos una situación claramente abusiva por parte del gobierno, gracias a la Ley de Medios votada por la mayoría frentista, aunque en su momento el Presidente Mujica mintiera descaradamente al decir que si le llevaban una ley semejante la tiraría a la basura, lo que le valió elogios internacionales. Por medio de uno de sus artículos, el gobierno utiliza 15 minutos gratuitos de cadena diarios, generalmente en horarios pico, con indudable tufo propagandístico, inclusive cuando los partidos estaban impedidos por la veda.

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