Las comisiones investigadoras son un buen instrumento de la actividad parlamentaria cuando se utilizan con buen criterio, lo mismo que las interpelaciones.

Sin embargo, buen ejemplo de lo contrario fue el perdedero de tiempo de la reciente interpelación a Azucena Arbeleche, promovida por el diputado Civila del Frente Amplio, para pedirle explicaciones sobre algo perfectamente legal; la exención impositiva requerida en el marco de la ley de inversiones por Isaac Alfie. En el año 2019, debidamente autorizada por los servicios y previamente a las elecciones que llevaron a Luis Lacalle Pou a la presidencia y a él mismo al equipo de gobierno. Horas perdidas del valioso tiempo de la Ministra de Economía, responsable de la cartera económica en estos tiempos tan complejos y desafiantes dentro de una pandemia global, tan inesperada como difícil de combatir sin que el país literalmente, dé quiebra.

Pero hay circunstancias que sí ameritan el uso de estas herramientas del Poder Legislativo, como es el caso de la investigación que el diputado colorado Felipe Schipani habrá de solicitar el lunes en el Parlamento, referida al uso indebido de licencias gremiales en el ámbito de la educación. Respecto del chocante abuso de ciertos docentes, a la vez que dirigentes gremiales, que poco interés demuestran en cumplir con su obligación de profesor y ya no decir, con su supuesta vocación pedagógica. Además de la complicidad de sus superiores para proteger a los infractores y barrer bajo la alfombra las evidencias del relajo administrativo ocurrido durante el anterior gobierno.

Con el agravante de que estas personas de deshonesta actuación siguen dentro del sistema como si nada y sin ningún atisbo de arrepentimiento por la estafa a los estudiantes que quedaron sin clases, a los padres que los mandan a estudiar y al Estado, del que cobran un salario que no les corresponde. Entre otros -porque se ha destapado que no son solo uno o dos los que abusaron con las horas no trabajadas pero cobradas- figura Marcel Slamovitz, a quien de manera irregular se le reconocieron 250 horas de licencia sindical, 110 en 2016 y 140 en 2017. Y en lugar de reconocer lo que ha hecho mal, no solo amenaza con denuncias sino que el gremio de profesores de secundaria (Fenapes) sale a defenderlo, en este mundo al revés en el que se desenvuelven. Mientras por su lado, la entonces Directora de Secundaria Celsa Puente, ante lo que ha quedado al descubierto le contesta a la periodista de esta casa, que no puede responder porque hoy ejerce el cargo de inspectora.

Las actas obtenidas por el diputado tras un pedido de informes revelan claramente la desviación en la manera de pensar y la forma defectuosa en la que han actuado quienes eran justamente, los encargados de velar por el orden y el combate a los abusos (cuánto más habrá que no se conoce) y la falta de cumplimiento en la labor. Al punto que el consejero Javier Landoni opinó que la resolución de Secundaria que se estaba por sacar era en realidad un “acto político”, por lo cual se debía ser discreto. Y como si esto fuera poco, para mostrar con qué parámetros ejercía la función, recomendó que al fijarse el “presentismo” (discutible norma, si la hay) no se fuera a “perjudicar a los individuos”. O sea, a los avivados.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” decía Benjamin Franklin. Pero está visto que estos conceptos a Slamovitz no lo desvelan. Así fue que en vez de desempeñar su función como debía se las arregló para que le aprobaran 140 horas en base a un convenio inexistente, además de las numerosas licencias gremiales establecidas. Sus superiores lo justificaron por asistir a la asamblea general de delegados de Fenapes, a cursos de formación sindical, convocatorias del Pit-Cnt, reuniones bipartitas con el Consejo de Enseñanza Secundaria (CES) y a comisiones parlamentarias.

Decisión que no se correspondía con el informe jurídico que especificaba no era posible amparar las ausencias del profesor, bajo el Art. 70 inciso 10. A pesar de ello, con un agregado a lápiz (solo se pueden hacer registros impresos o con bolígrafo), se resolvió la justificación y acto seguido se archivó el expediente. Originado en marzo del 2017 por la directora de un liceo de San José a raíz de las múltiples ausencias en el aula de esta persona, quien aducía estar amparado legalmente. Vendrá muy bien profundizar en lo ocurrido para saber cómo funcionaba la anterior Administración y para que sirva de mensaje hacia el propio sector y la ciudadanía toda. Es hora de poner la casa en orden, priorizar a los estudiantes y elevar el nivel educativo.