La discusión sobre el proyecto de Tratado sobre Comercio de los Servicios (TISA) tiene varias facetas importantes. Incluyendo el acuerdo mismo, la formulación de la política exterior de nuestro país, y la ubicación del TISA dentro del proceso más amplio de integración económica en una escala global.

El propósito de las negociaciones por el TISA es facilitar el comercio de servicios entre las partes. Los Estados que intervienen incluyen a Islandia, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza. De nuestra región intervienen Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú. Ahora China desea incorporarse al proceso.

La Unión Europea ha puesto énfasis en que el acuerdo "confirmará el derecho de la UE y sus Estados miembros de regular e introducir nuevas normas sobre el suministro de servicios dentro de sus territorios para responder a los objetivos de sus políticas públicas". Una reserva muy amplia que debería tranquilizar a quienes tanto critican una propuesta que aún no se ha cristalizado.

La segunda faceta es el proceso de formulación de la política exterior en nuestro país.

La política exterior es de largo plazo, afecta a toda la sociedad, tanto a las generaciones presentes como a las futuras. El Uruguay tiene un ordenamiento constitucional que, sensatamente, entrega la gestión de las relaciones con el resto del mundo al Poder Ejecutivo sujeto al contralor del Poder Legislativo y, en determinadas circunstancias, del Poder Judicial. Los tratados, para entrar en vigor, deben ser ratificados por el Parlamento donde están representados prácticamente todos los partidos políticos.

Sin embargo, en este caso (y no es la primera vez que esto sucede) parecería que el curso de nuestras vinculaciones con el resto del mundo podría no ser determinado por los representantes de la soberanía, democráticamente elegidos, sino por pequeños grupos atrincherados en sus torres de marfil ideológicas. Las contradicciones fundamentales de las opiniones que han emitido ya han sido señaladas en esta página y no vale la pena rebatirlas nuevamente. Pero es importante que el Poder Ejecutivo y el Parlamento defiendan su esencial función de fijar y aplicar la política exterior de nuestro país.

La tercera faceta del problema tiene que ver con la apertura de nuestro país al mundo.

El punto de partida es un hecho demográfico: nuestro país tiene una población de algo más de 3,4 millones de habitantes, en un planeta que alcanza los siete mil millones. El mercado uruguayo es minúsculo en comparación con las escalas mínimas de producción de bienes y servicios actuales a nivel mundial.

Los esfuerzos para conseguir acuerdos multilaterales para la liberalización del comercio en una escala global se han empantanado. En cambio, los países han optado por negociar un tejido de acuerdos bilaterales ya sea entre Estados o con acuerdos regionales.

Así, Chile —donde en el periodo pos- dictadura han predominado ampliamente los gobiernos de izquierda— tiene tratados de libre comercio con Australia, Canadá, Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala), China, Colombia, Corea, Estados Unidos, EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein), Hong Kong, Japón, Malasia, México, Turquía, Panamá, Perú y Vietnam.

Otro caso especialmente interesante es Nueva Zelanda que tiene acuerdos de libre comercio con Chile, China, el acuerdo de cooperación con los países del Golfo, Corea, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur y Tailandia. El 35% de las exportaciones de Nueva Zelanda a China quedaron liberadas a partir de octubre del 2008 y el 96% quedará liberado en el 2019. El tratado con China benefició especialmente a los exportadores de carne, productos lácteos y productos de la pesca. Los exportadores uruguayos, además de tener que superar el mayor costo país y la mayor fricción de la distancia para llegar al mercado chino, tienen que superar las desventajas de no tener un acuerdo de libre comercio similar.

Hoy se está negociando un fundamental acuerdo de comercio e inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos y, en una escala quizás aún más formidable, el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico que incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Para el mundo, como dijo el expresidente Mujica, "no existimos". El único medio para asegurar nuestro desarrollo social y económico es exportar. Y para ello debemos integrarnos en aquel mundo ancho y ajeno.

Editorial