EDITORIAL

¿Hacia dónde vamos?

Hace 9 años que fue presentado un proyecto de registro de los violadores y desde entonces continúa sepultado. Como fue una propuesta del líder nacionalista Lacalle Pou, quedó cajoneada. Hay que dejar de lado la mezquindad y las orejeras partidarias.

En muchos países occidentales, los legisladores parecen haber perdido el norte hace ya un tiempo. Su brújula torció su rumbo en los loables pero vanos deseos de mejorar a los que hacen daño a los demás, olvidando su primordial objetivo: crear un marco legal que trate de proteger a la gente a la cual los criminales atacan.

¡Tan simple es el mandato y tan equivocada la interpretación! Se han ido por las ramas y no solo aquí. Olvidan o no quieren aceptar que la maldad existe. Que hay seres humanos a los que no les importa el sufrimiento de otros y además gozan con él. No pueden ni desean ser reeducados o mejorados. Execran al resto. No están dispuestos a formar parte de la sociedad, excepto para vejarla o robarle sus bienes. Llama la atención cuantos jueces interpretan con liviandad los códigos, para luego absolver o reducir las penas, reincorporando a peligrosos asesinos, violadores, rapiñeros y pedófilos demasiado pronto al seno de la sociedad, sin considerar que eso implica la repetición de sus crímenes. La gran mayoría de las veces sin que ni siquiera hayan cumplido con su castigo, usualmente benigno en comparación con el crimen. Da para preguntarse si no les importa. No se dan cuenta de que serán partícipes necesarios del próximo homicidio que tendrá lugar. Inclusive cuando los familiares del reo imploran para que no lo larguen. ¿Carecen de responsabilidad estos jueces? ¿ Y los legisladores? Los que votaron la ley de Humanización Carcelaria que para lo único que sirvió es que para que la mayor parte de los condenados nunca purgue su sentencia debidamente.

Los romanos, padres de nuestros códigos, fueron más realistas pero con el progreso también se afirmó la idea de que hay que reeducar a los criminales y que, en el fondo, es la sociedad en su conjunto la culpable de su existencia, con un curioso desdén hacia la profundización psicológica que permita entender la mentalidad de un asesino o violador serial. El recuerdo de sus víctimas clama para que los políticos recapaciten y cambien de actitud para evitar que más personas sean inmoladas en el altar de un sueño mentiroso y cruel.

Pensar que un psicópata inteligente y violento va a ser rehabilitado es un absurdo científico. Ni en la mejor clínica mental del mundo y menos en nuestro sistema carcelario. Es necesario que los líderes políticos tomen consciencia de que se debe actuar ya y dejar de lado la mezquindad partidaria y las orejeras partidarias. Hace 9 años que fue presentado un proyecto de registro de los violadores y desde entonces continúa sepultado. Como fue una propuesta del líder nacionalista Lacalle Pou, quedó cajoneada. Para eso le sirven las mayorías al oficialismo. ¡Por favor! ¿Estamos esperando que violen o muera otra niña o niño inocente, protegiendo a criminales psicópatas? Señores del Frente Amplio, con simpatías comunistas, ¿por qué no miran hacia China? ¿Creen que allí soltarían a un asesino proclive a volver a matar o violar? No, porque le habrían metido un balazo en la nuca y además cobrado a la familia el precio de la bala. Expeditivo pero eficaz. Y de ese país, hoy convertido en potencia, por más que a muchos no nos gusten muchas de sus prácticas, sus compañeros ideológicos harían bien en tomar cuenta.

En EE.UU., país donde rige un sistema federal, se han promulgado en 23 Estados de la Unión a través de los años leyes donde se considera la repetición de actos delictivos como elemento fundamental al condenar a un infractor. Estas leyes se denominan en forma genérica como habitual ofender laws o leyes sobre delitos habituales o repetitivos. El vulgo las llama three time looser laws. Significa que a la tercera vez que el reo es condenado por un delito grave (fellony) no sale más. Pierde. Los jueces, al dictar sentencia, deben aplicar la cadena perpetua. En algunos estados, solo a los 25 años y en otros a los 50, las autoridades competentes recién pueden considerar la posibilidad de conmutar la pena, si el preso ha tenido un comportamiento ejemplar en la prisión y se lo cree rehabilitado. El caso de California es más riguroso porque allí, tras la seguidilla de crímenes perpetrados, no necesariamente los tres delitos deben revestir el carácter de graves. Esa legislación ha resultado en un aumento de la población carcelaria y por ende, en el costo de mantener a tantos forajidos detrás de rejas.

Pero la contracara es que mientras están recluidos no andan haciendo fechorías, no secuestran, no matan, violan, hieren, roban, extorsionan, o provocan incendios. Disminuir la delincuencia es un notorio beneficio que los vecinos de California y sus legisladores valoran y no piensan cambiar.

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