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Voracidad municipal

Es un atropello


@|Los ciudadanos de Montevideo estamos sufriendo un atropello por parte de las autoridades municipales, con su afán recaudador, a través de las cámaras utilizadas para sancionar por exceso de velocidad o cruces indebidos en semáforos. 

No hubo nunca campañas de prevención o de educación. Los inspectores de tránsito siempre estuvieron afectados a multar y no a indicar errores o similares (cuando no a pedir “contribuciones personales”). Los carteles indicadores de velocidad permitida son escasos y relativamente recientes, cuando los hay. 

Mis comentarios principales en función de la experiencia personal:
La velocidad permitida para las avenidas, bulevares y ramblas es absolutamente inadecuada para los tiempos modernos y los vehículos que se comercializan en el país, incidiendo en el deterioro de su desempeño y de su mantenimiento.  

El sistema de cámaras no da ninguna garantía a los conductores, más allá de que la IMM diga que fue habilitado por una revisión independiente (pero nunca periódica). 

Existen algunas opiniones de juristas que interpretan que el sistema no es legal en la forma de aplicación. 

La comunicación de la infracción para poder realizar descargos es tardía e incompleta. (En mi caso, ni siquiera llegó a la dirección correcta que había sido modificada por decisión de la propia Intendencia. ¡Y me vienen a hablar de la confiabilidad de sus sistemas tecnológicos!). 

Realizados los descargos, pasaron cuatro meses antes de tener alguna retroalimentación, que fue la decisión de confirmar la sanción. (Hice seguimiento en la “web” durante todo el período y lo único que se podía conocer era como pasaba de sección en sección, “con gran eficiencia”). 

No obstante lo establecido en la propia normativa que figuraba en la página web respectiva, la multa estuvo “subida” a la página de “Sucive” desde la primera semana. O sea, formalizada. 

No se contempló ninguno de los descargos hechos (que eran unos cuantos y creo que procedentes). Simplemente se señaló que se había constatado que la foto indicativa de la velocidad en exceso había sido revisada y confirmada. 

La multa por exceso de velocidad alcanza a las dos terceras partes del salario mínimo nacional. Curiosamente, hasta ahora los radares han estado ubicados mayoritariamente en zonas de clase media o alta, con mayor poder adquisitivo. Se podría interpretar como la implementación de una nueva forma de “justicia social” (o de “expropiación” indebida). 

Se anuncia un régimen más benigno que contemplaría a futuro alguna flexibilidad en cuanto a los límites autorizados de velocidad. Debería aplicarse con retroactividad, como cualquier legislación más favorable para el infractor. 

Es peor cometer una infracción municipal que un delito sujeto al Código del Proceso Penal. En ese caso, el juez muchas veces exonera la pena y acuerda alguna modalidad de compensación alternativa con los delincuentes (incluyendo dejarlos en libertad...). 

Decidí no perder más tiempo (que debía ser ya presencial) con la propia entidad municipal y estoy evaluando recurrir al “Defensor del Vecino”. Veré que suerte correré en esa instancia. 

Veo en las “redes sociales” que las impresiones que he tratado de resumir son compartidas por muchos conductores de la ciudad. 

¡Algo hay que hacer! ¿Sirve juntar firmas? ¿Recurrir a una petición a través de “change.org”?

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