@|Siendo la nueva planta de celulosa, sin dudas, la inversión privada más importante de la historia del país, es también y por mucho, la mayor inversión del Estado en pos de un negocio privado, jamás imaginada. Se supone que por eso mismo, tan secretas han sido las negociaciones los últimos años, y también cómo no se han dado a conocer todos los detalles de los compromisos asumidos.

La obra se puede cuestionar al menos desde dos puntos de vista.
Desde el punto de vista ambiental, una obra gigantesca sobre un río que no tiene caudal y que aparece casi seco varios meses por año. Con una aprobación a medias del tema ambiental por el MVOTMA y más a instancia y directivas del Poder Ejecutivo que de los técnicos responsables, no da garantías.

No es un tema menor y es preocupante.

Por otra parte, están los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, algunos explícitos y otros escondidos o disimulados, que sumarán la friolera de más de 4.000 millones de dólares; al día de hoy no se sabe con exactitud cuánto.

Todo para una empresa que prevé ganar unos 700 millones de dólares anuales en esa planta, sin pagar impuestos y con un canon a pagar ridículo.
En estos días, un empresario responsable de la construcción del tren, de apellido Ruibal, tratando de minimizar el impacto, sale a los medios a afirmar: “La carga del tren no es tanta, es menos de lo que transportaba AFE en épocas normales”.

Según cifras oficiales de AFE, al comienzo de la década del 50, con todos los ramales ferroviarios del país funcionando a la perfección, el récord de transporte de cargas de AFE fueron 1,8 millones de toneladas/año. Hoy transporta menos de 500 mil. Y el transporte de UPM II serán unos 3 millones de toneladas anuales, o sea más de 6 veces todo lo que transporta AFE en todo el país hoy y casi el doble del récord histórico, pero en un solo ramal. O sea, se sale a afirmar cualquier cosa. Se desinforma todo el tiempo y mientras la población sigue anestesiada entre la playa y el Carnaval, sin saber muy bien cuánto va a costar, sigue a paso firme este gran emprendimiento de dudosa conveniencia tanto económica como ambiental.
También se declara que si las firmas respecto al cambiado del trazado detienen o modifican lo planificado por las empresas adjudicatarias, otra vez el Estado se deberá hacer cargo de los costos (demoras y nuevas expropiaciones) que no se sabe cuánto sumarán.

En un país con las dificultades del nuestro, no es posible evitar hablar de “costo de oportunidad”. ¿Qué pasaría si el Estado destinara 4.000 millones de dólares a impulsar otros sectores, como puede ser el de TI, o destinarlos a desarrollar sectores de PYMES competitivos o mejorar la capacitación de trabajadores y empresas?

A través de la contaminación que indudablemente se generará, ¿cuál será el impacto en la calidad de vida de la población y en términos por ejemplo en los ingresos por Turismo?