@|El País informó que según los responsables de las empresas de “Uber Financiero”, una regulación propuesta por el Banco Central del Uruguay amenaza la viabilidad del negocio. 

Un contrato tan antiguo como el de préstamo, ahora es facilitado por la tecnología que logra unir oferta y demanda entre particulares. Las aplicaciones funcionan como Uber, pero en lugar de unir conductor y pasajero, conecta a alguien que necesita un crédito con otro que está dispuesto a ofrecerlo. 

Dicha forma de contratación supone una oportunidad tanto para quien contrae crédito, que puede acceder a tasas de interés inferiores a las de casas financieras o entidades bancarias, y a su vez quien tiene dinero ahorrado puede obtener una rentabilidad mayor a la que obtendría en modalidad de depósito a plazo fijo. 

Indudablemente, en una economía de mercado este tipo de innovaciones fomentarían la competencia en el sector financiero, en beneficio de los consumidores. Pero el Estado y sus burócratas tienen alergia a la libertad. Ni bien perciben que alguna actividad entre privados funciona libremente, reaccionan rápidamente para entrometerse, regular y hacer inviable cualquier negocio. 

Justifican la intensificación de la tiranía regulatoria por la existencia de regulaciones previas que otorgan prebendas a ciertos oferentes, para asegurarles un mercado cerrado. Tal fue el caso del mercado de transporte, donde lamentablemente se reguló Uber y demás aplicaciones, a fin de limitar la competencia y proteger el sistema prebendario de los taxímetros.
Algo similar ocurre ahora en el mercado financiero, sector también hiper regulado. En lugar de propender a la desregulación y liberalización de los mercados para que los individuos puedan realizar intercambios voluntarios libremente, se insiste con la premisa “regulación, regulación y más regulación”. 

Existe una tremenda confusión respecto de lo que es legal, regulado o prohibido. Parecería ser que los estatistas han logrado convencer a la población de que “no regulado” es sinónimo de prohibido o ilegal, cuando en realidad la ausencia de regulación significa libertad de contratación. Temen que los individuos piensen que pueden desarrollar alguna actividad sin someterse a la maquinaria estatal. 

El principio de libertad que otrora regía a los privados, ahora es la excepción. Ya casi no queda ámbito de la vida de los privados que no haya caído en las garras de la tiranía regulatoria. Los legisladores deberían abstenerse de legislar, a menos que se trate de proyectos de ley para derogar regulaciones y devolverle a los individuos la libertad arrancada por el estatismo.