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Sin transporte público

Omisión municipal


@|¿Por qué no se protege a los más necesitados? Los servicios públicos son brindados por el Estado, quien tiene la obligación de asegurar su prestación continua e ininterrumpida. Normalmente así lo hace, pero cuando ello no sucede incurre en responsabilidad por los perjuicios que causa a los usuarios de los mismos. 

Lo normal es el funcionamiento continuo de la policía, de los bomberos, de las ambulancias, de los hospitales, de los sanatorios, del agua potable, de la electricidad, de los teléfonos, del gas, de Internet, etc. 

Sin embargo, hay un servicio público a cargo de la Intendencia de Montevideo – parte del Estado - que ella presta a través de concesionarios, en que eso no ocurre: el transporte colectivo urbano de pasajeros. 

Desde hace muchos años, aún con Intendentes de otros partidos políticos, hay días ya clásicos en que el transporte urbano no funciona: Navidad, Año Nuevo, 1º de Mayo por ejemplo y la Intendencia lo tolera, fijando incluso la hora de salida de las últimas unidades. 

Los habitantes de Montevideo – los más humildes, sobre todo – que no tienen vehículo propio o dinero para pagar Uber o alguno de los raros taxis o remises que a veces funcionan en esos días, son privados de pasar esas fechas con sus familiares queridos o si lo hacen, se ven imposibilitados de regresar a sus hogares, o incluso de concurrir a sus lugares de trabajo, si les corresponde trabajar o de ir a centros de salud, si lo necesitan. 

¿Alguien imaginaría una Navidad, un Año Nuevo, un 1° de Mayo sin agua, sin luz, sin médicos, sin hospitales, sin bomberos, sin policías, sin teléfonos, sin gas, sin combustibles? 

¿Por qué los habitantes más pobres de Montevideo tienen que sufrir quedarse sin transporte? 

La Intendencia de Montevideo parece no haber tenido tiempo de tomar las medidas necesarias para eliminar su omisión, no obstante estar desde hace más de veinte años en manos de un mismo partido político -el Frente Amplio - que dice defender a los más necesitados y que constitucionalmente cuenta con mayoría absoluta en la Junta Departamental. 

La Intendencia tiene la obligación legal, constitucional y ética de corregir lo que no hicieron las administraciones municipales anteriores y asegurar el funcionamiento continuo y permanente del transporte colectivo urbano de pasajeros, haciendo que las empresas concesionarias y sus trabajadores cumplan con su obligación.

Ellos no tienen porqué ser los únicos prestadores de servicios públicos privilegiados y los humildes, los que exclusivamente paguen las consecuencias. 

De hacerlo, la Intendencia no seguirá en esa larga omisión, no incurrirá en responsabilidad y defenderá los derechos de los más desprotegidos, que no tienen porqué ser los únicos en sufrir los incumplimientos del servicio público concesionado de transporte a su cargo. 

Aún presumiendo de que existiera algún derecho a favor de las empresas o funcionarios que paralizan el transporte colectivo de pasajeros, debe tenerse presente que el derecho de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás, lo que implica que el servicio debe prestarse, debiéndose regular su prestación de modo que no se perjudique a los usuarios ni a los trabajadores. 

Si hay que reformar el Estado, por favor, empecemos por ahí; sería un buen ejemplo. 

Si se está tratando de modernizar el servicio de transporte, para modernizarlo, debe existir, por lo que la primera reforma es hacer que se preste el servicio.

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