@|Se ha dado una amplia difusión al pronunciamiento de un Tribunal de Apelaciones en lo Penal, que revocó la absolución de quien fuera titular del Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país y confirmó la condena impuesta en primera instancia a quien se desempeñara como Presidente del Banco República. Luego del aval bancario otorgado a la empresa COSMO por la nada despreciable cifra de US$ 13.600.000 que le posibilitara a dicha empresa participar en el remate de los aviones de PLUNA en el 2012 y “al Señor de la derecha” ofertar por ella en dicha instancia.

Los Ministros de ese Tribunal de Apelaciones consideraron que los ex jerarcas actuaron en forma “ilícita” perjudicando los intereses del Estado al forzar al Banco de la República Oriental del Uruguay el otorgamiento del mencionado documento. Pero además, el fallo indica que ese libramiento obedeció a una “trama teñida de opacidad”, que buscó favorecer a una empresa que oficiaba de “fachada” del empresario propietario de Buquebus.

Cada vez encuentro más vigente la frase de Francis Bacon aplicable a este asunto: “la verdad es hija del tiempo y no de la autoridad”. Y el claro abuso de funciones, en que incurrieron los ex jerarcas condenados en esta segunda instancia procesal, los ha hecho acreedores de ser encontrados culpables de incurrir en delito penalmente reprobable.

Ciertamente, el manejo arbitrario en que ambos incurrieron, al favorecer con su influencia la “ilegal e irregular operativa en la tramitación” de ese aval o garantía, los muestra a ambos, muy lejos de la “buena fe” y de la “honorabilidad” con que, desde filas del oficialismo pretende mitigarse -frente a la opinión pública- su proceder.

Resulta lamentable a la luz de los principios republicanos y democráticos, que se insista con esa pueril “defensa”, cuando la Justicia se ha pronunciado.

Es innecesario señalar los trámites, certificaciones y vericuetos burocráticos, que debe sortear cualquier cliente del “Banco País” para obtener una simple tarjeta de crédito o un aval bancario, por sumas mucho menores de las que ligeramente dispusieron -como si de su patrimonio propio se tratare- ambos inescrupulosos funcionarios públicos.

La aprobación “express” o en tiempo récord de esta enorme garantía, a una ignota empresa que ni operaba regularmente con el BROU, obedeció a nuestro leal entender al desprecio por las normas jurídicas. Normas que se saltearon, tal vez convencidos de su impunidad en el manejo de la cosa pública, que en el área bancaria o económica, exige moverse con la mayor cautela, para proteger el patrimonio del Banco que, a la postre pertenece al Estado, esto es en definitiva “a todos los uruguayos”.

Por cierto que, hicieron predominar “lo político sobre lo jurídico” en claro perjuicio de la hacienda pública, que debieran haber defendido. Porque si se los colocó en esas responsabilidades funcionales, era entre otras cosas, para cumplir con sus cometidos legalmente establecidos y actuar ilícitamente como ha quedado probado que lo hicieron, supone todo lo contrario. No se trata de “hacer leña con el árbol caído” se trata -ni más ni menos- de llamar a las cosas por su nombre.