@|Nuestro sistema jurídico normativo reconoce no solo el derecho de huelga, sino también el de sindicalización, estableciendo en nuestra Constitución en su artículo 57 que la Ley promoverá esa “sindicalización”, esto es la unión de trabajadores para la defensa de sus derechos. 

Si atendemos a la etimología de la palabra “sindicato”, advertimos que la misma proviene de “síndico”, que es quien representa o defiende derechos. 

Los sindicatos en nuestro país desde fines del Siglo XIX, se han conformado para promover y defender los derechos de los trabajadores o de los gremios que se agrupan de acuerdo a sus oficios, ramas de actividad laboral o actividades profesionales, comerciales o industriales. Se trata desde su antigüedad, de lograr en esas “uniones”, fortalecer los reclamos de sus miembros en la defensa de sus derechos, de acuerdo a las actividades que desarrollen.

La cuestión que se ha planteado desde siempre es conocer la legitimidad de quienes se proclaman ser los “representantes” de esos grupos de trabajadores, obreros y empleados, tanto del sector público como del privado, quienes en nuestro país se vinculan en el Pit Cnt (Plenario Intersindical de Trabajadores-Confederación Nacional de Trabajadores).

También los grupos de empresarios, industriales y comerciantes tienen sus Cámaras donde se unen para hacer valer sus derechos. 

¿Quiénes son los que toman las decisiones de esos sindicatos o gremios?

Normalmente, los dirigentes gremiales, protegidos por el “fuero sindical” se atribuyen la representatividad de cada uno de esos gremios, que conforman esa asociación mayor, que los aglutina. 

Ha quedado comprobado el aumento de afiliaciones a los gremios en estos últimos tres lustros, pese a que no existe en nuestro país una sindicalización obligatoria y sin embargo, se ha podido constatar tanto el desinterés, como la muy escasa participación no sólo en las asambleas, sino en ocasión de las elecciones de quienes pugnan por obtener la conducción de esos grupos de interés. Ejemplo de ello, lo ha constituido la reciente elección de autoridades de ADES (Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria) donde no alcanzó a votar ni el 25% de sus afiliados, esto es unos quinientos votantes en dos mil sindicalizados, en un universo de docentes que solo en Montevideo ascienden a más de quince mil. 

El problema estriba no sólo en la escasa representatividad de quienes se presentan esgrimiendo sus fueros, sino en desdibujar los fines de su propia naturaleza jurídica, asociándose al gobierno de turno, casi como un “brazo sindical”, cuando debieran velar por la razón que los originó, esto es la defensa de los derechos de los trabajadores y de paso, poder trasmitirles que, cada uno de esos “derechos” debe ir de la mano de una obligación, muy que les pese. 

Si analizamos alguna de sus decisiones, como el marchar a una huelga u ocupar una empresa privada, (ya que desde Mujica solo se prevé la desocupación forzada de las empresas o instituciones públicas) o manifestarse en contra del juramento de fidelidad a la bandera nacional, quienes participaron efectivamente fueron muy pocos. 

La contraposición a ultranza de los trabajadores con los empresarios, deja al descubierto una visión hemipléjica, que en nada colabora con la inclusión social tan mentada, pues no advierte que ambos son necesarios para lograr inversiones y alcanzar el “país de primera” que prometieron.
Mientras se siga anteponiendo lo político por sobre lo jurídico, y sigan mimetizándose las Asociaciones gremiales con el gobierno de turno, nada bueno podrá ocurrir. 

Integrantes de la directiva del Pit Cnt han llegado a irrogarse la representación del “pueblo uruguayo” en viajes al exterior para brindar apoyos a gobernantes extranjeros, lo que a todas luces es inaceptable.